Interrupción legal del embarazo: un tema de Derechos Humanos que incomoda pero que urge

miércoles, 9 de diciembre de 2020 · 20:17

El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre con el fin de reivindicar la construcción del verdadero mundo que queremos, la necesidad de solidaridad mundial y la justicia social, y cuando se habla de derechos no es posible dejar de pensar en las noticias con las que nos tropezamos todos los días: “Niña de 11 años quedó embarazada como consecuencia de un abuso sexual”, “Niña de 10 años fue violada por su padrastro”, “Violan y embarazan a niña…”. La realidad es que muchas niñas son víctimas del delito de violación que muchas veces tienen como consecuencia embarazos se enfrentan a embarazos que no solo no buscaron, sino que ponen en riesgo su salud y sus propias vidas. Según cifras del Ministerio de Salud, hasta julio de este año se dieron 953 embarazos en menores de 15 años, a razón de 4 por día, y 19233 embarazos en mujeres menores o con 19 años, es decir 90 por día.

¿Qué sucede con la salud física y psicológica de estas niñas?, ¿qué sucede con sus vidas? De acuerdo a la OMS, las niñas y adolescentes menores de 16 años embarazadas corren un riesgo de defunción materna cuatro veces más alto que las mujeres de 20 a 30 años, y la tasa de mortalidad de sus neonatos es aproximadamente un 50% superior, sumado a ello, el drama de encarar un embarazo de su victimario, que muchas veces es un familiar cercano (estupro) con seguridad es un trauma que se agudiza con la cantidad de cambios en su entorno social, cultural y educativo que debe enfrentar.   

Frente a estos casos, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0206 / 2014 establece que es  posible acceder a un aborto legal y seguro en los casos en los que el embarazo sea producto de violación, incesto, estupro, y cuando como resultado del embarazo, la vida o salud de la mujer corra peligro (en estos casos no es necesaria una querella o acusación formal, únicamente es necesaria la presentación de la copia de la denuncia de la violación, incesto o estupro y el consentimiento de la víctima).

El incumplimiento de esta norma se genera por un escaso conocimiento de ella en las áreas de justicia y salud, servicios inadecuados, prejuicios o decisiones arbitrarias que provocan angustia, dolor, sufrimiento y revictimización en las mujeres, y de manera particular en las niñas y adolescentes obligadas a ser madres.

Frente a ello, la Defensoría del Pueblo e Ipas Bolivia realizaron un Informe Defensorial sobre la SITUACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO (ILE) COMO DERECHO HUMANO DE LAS MUJERES en el marco del cumplimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014, elaborado el 2019 a nivel nacional en 44 hospitales públicos de segundo y tercer nivel del país. 

Más allá de la importancia de las conclusiones y resultados del informe, este emite una serie de “Recomendaciones Defensoriales”[1] dirigidas a las instancias públicas para el  cumplimiento de las normas, en este caso a favor de las niñas y las mujeres.

Así, la Defensoría del Pueblo, en uso de las atribuciones conferidas en la Constitución Política del Estado, recomienda, entre otras cosas, que la Asamblea Legislativa Plurinacional elabore y promulgue una ley que garantice el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y el acceso a servicios de salud de calidad, calidez y de forma oportuna para las mujeres, conforme a lo establecido en el Art. 66 de la CPE y en la SCP 206/2014. En esta misma línea recomienda modificar la Ley N° 1152, incorporando la interrupción legal del embarazo en los tres niveles de atención en salud.

En cuanto a las instancias ministeriales, desde la Defensoría del Pueblo se recomienda: 

MINISTERIO DE SALUD

  • Elaborar e implementar el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva con recursos técnicos y económicos suficientes 
  • Generar información estadística periódica respecto a interrupciones legales del embarazo.
  • Reglamentar la objeción de conciencia en los establecimientos de salud.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

  • Elaborar políticas de prevención en violencia sexual en el que se incluya lo referente a la SCP 206/2014, su alcance y sus efectos. 
  • Priorizar y ejecutar políticas públicas para la salud destinadas a la difusión, protección, atención, de los derechos sexuales y derechos reproductivos de la mujer conforme a los principios del Estado laico.

En cuanto a los gobiernos departamentales se pide capacitar y actualizar permanentemente a su personal en tecnología basada en evidencia científica para la ILE, así como en las normas, protocolos y procedimientos específicos para esta práctica. Respecto a los gobiernos municipales destaca la importancia de incluir en los POAS anuales infraestructura, equipamiento, medicamentos e insumos suficientes y adecuados para la atención integral de la interrupción legal y segura del embarazo, y la anticoncepción posaborto.

Por otra parte, las recomendaciones defensoriales solicitan a los establecimientos de salud que se atiendan las solicitudes de ILE de acuerdo a lo que establece la SC 0206/2014, garantizando que no se revictimice a mujeres y niñas, no se solicite la autorización judicial pues no corresponde, se utilicen los formularios de consentimiento informado, y se garantice la disponibilidad de una sala especializada para la realización de la ILE conforme lo recomienda el Modelo de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual, aprobado a través de la Resolución Ministerial N° 1508.

En la medida en que estas y todas las recomendaciones defensoriales comiencen a ponerse en marcha se podrá contrarrestar la maternidad forzada, el drama de las niñas y adolescentes embarazadas producto de violación, así como la naturalización y justificación de las violencias. Estas historias no deben repetirse.

 

[1] Acá se presenta un resumen de las principales Recomendaciones Defensoriales, la totalidad se encuentra en detalle en: https://www.ipasbolivia.org/materiales/situacion-de-la-interrupcion-legal-del-embarazo-como-derecho-humano-de-las-mujeres

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