México carece de "voluntad política" para erradicar torturas a detenidos

Violencia sexual, descargas eléctricas y asfixia son algunas de las vejaciones que han llegado a sufrir los inmigrantes detenidos indocumentados en México.
jueves, 4 de septiembre de 2014 · 13:20

Violencia sexual, descargas eléctricas y asfixia son algunas de las vejaciones que han llegado a sufrir los detenidos -muchos inmigrantes indocumentados- en México, país que carece de "voluntad política" para erradicar la tortura, denunció el jueves Amnistía Internacional (AI) en un informe.

El número de denuncias sobre este delito registradas en 2013 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos -CNDH- (1.505) fue "600% superior" a la registrada antes de 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón lanzó una ofensiva militarizada contra el crimen organizado que desató una ola de violencia, asegura la ONG con sede en Londres.

Los dolorosos relatos de sobrevivientes a la tortura que recopilan las ONG locales "indican que la mayoría de las denuncias" podrían relacionarse con abusos de las policías y el ejército, pero "esto no se refleja en los datos nacionales publicados", añade en el informe "Fuera de control: Tortura y otros malos tratos en México".

Así, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), que mantiene el despliegue militar, "no ha demostrado hasta ahora tener la voluntad política de convertir la erradicación de la tortura en una prioridad clara", considera la ONG que lleva más de 50 años documentando el uso de la tortura en el país.

Consultado por la AFP, el gobierno -que esgrime una disminución de 30% del número de denuncias sobre tortura entre 2012 y 2013 basándose en cifras de la CNDH- no comentó el informe. - Perpetradores y cómplices -El relator especial de la ONU para la tortura, Juan E. Méndez, coincidió recientemente en que la tortura en México es "generalizada" sobre todo en el periodo inmediatamente posterior a la detención de las personas, y es aplicada por militares y policías en un ambiente de "impunidad".

"Con frecuencia las autoridades han ignorado, o incluso han permitido tácitamente, el uso de la tortura u otros malos tratos, al considerarlo 'necesario' para (...) atrapar a presuntos delincuentes y tranquilizar a la opinión pública", asegura AI. Además, "el hecho de que el ministerio público y los jueces no examinen con rigor la legalidad de las detenciones ni investiguen las denuncias de detención arbitraria" fomenta los abusos, añade la ONG, que asegura que "ninguna (denuncia por tortura) desembocó en condena penal", de las 7.164 recibidas entre 2010 y 2013.

- Emigrantes y mujeres en la mira -La mayoría de los casos documentados por AI "son hombres de comunidades marginadas y grupos vulnerables, como los migrantes en situación irregular", pero la ONG también subraya que las mujeres "son especialmente vulnerables a la tortura sexual cuando están bajo custodia".

La mexicana Claudia Medina y el inmigrante y activista hondureño Amílcar Colón destacan entre estos casos. En 2012, Medina fue sacada con los ojos vendados y las manos atadas de su casa en Veracruz (este) por elementos de la Marina Armada, quienes en un cuartel le propinaron golpes, descargas eléctricas y abusos sexuales, hasta que finalmente firmó una hoja que no le permitieron leer completamente.

Poco después, fue presentada ante los medios como parte de una banda delictiva capturada en posesión de drogas y armas. Aunque salió libre bajo fianza, la fiscalía no ha investigado su denuncia de tortura, pero sí "ha continuado la investigación criminal contra ella basada en las pruebas falsificadas", apunta AI.

Por su parte, Colón, se vio obligado por el cáncer de uno de sus hijos a emigrar como indocumentado a Estados Unidos en 2009. Encontrándose en una casa de seguridad de traficantes de emigrantes en Tijuana (fronteriza con EEUU), presenció una balacera con policías y corrió por su vida. Pero fue detenido por los uniformados, que le impidieron contactar a su consulado, le torturaron de forma sangrienta y le acusaron de criminal, por lo que continúa preso en Nayarit (noroeste).

AFP

 

 

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