Ofensiva judicial contra Vale por tragedia minera en Brasil

Hay cinco ingenieros detenidos, tres de ellos funcionarios de Vale, responsables por la autorización; la Policía detuvo también a dos ingenieros alemanes.
miércoles, 30 de enero de 2019 · 00:04

AFP  / Brumadinho, Brasil

 El Gobierno, la justicia y la opinión pública acentuaron   la presión sobre Vale, la minera propietaria del dique que el viernes se rompió en el sudeste de Brasil dejando al menos 65 muertos y casi 300 desaparecidos, que siguen siendo buscados bajo el lodo. 

La Policía detuvo a cinco ingenieros, tres de ellos funcionarios de Vale, responsables por la autorización de la mina Córrego do Feijao en el municipio de Brumadinho (Minas Gerais), donde se produjo la catástrofe. Fueron detenidos también dos ingenieros de la alemana TÜV SÜD, que en septiembre de 2018 garantizó la estabilidad del dique. 

 En Brumadinho, al duelo y la angustia por los desaparecidos se suman los temores de impacto ambiental y la rabia por un desastre que muchos atribuyen a la desidia de los responsables de la seguridad de las instalaciones.  

El río Paraopeba, de un color marrón rojizo, pasa por el centro de la localidad y sigue su curso arrastrando los sedimentos de la marea de lodo.  

“Los muchachos que trabajan allá (en la minera) tenían miedo de ser despedidos si hablaban, pero sabían que el dique iba a reventar”, afirma Vanderlei Alves, un transportista de 52 años que trabaja del otro lado del puente, donde hay otra mina. 

El vicepresidente Hamilton Mourao -presidente interino mientras Jair Bolsonaro se recupera de una cirugía abdominal- y la fiscal general Raquel Dodge se expresaron el lunes a favor de que los responsables por la tragedia enfrentan querellas penales. 

Mourao inició ayer  su agenda con una reunión ministerial para discutir la seguridad de los diques mineros de Brasil, después de esta segunda catástrofe en poco más de tres años.  

En noviembre de 2015, 19 personas murieron cuando un dique minero cedió en el municipio de Mariana, a 125 km de Brumadinho, vertiendo millones de metros cúbicos de agua y residuos que llegaron al mar, a 660 km de distancia, por el cauce del río Doce. 
  
El siniestro levantó críticas de instancias ambientales, de derechos humanos y de líderes políticos. También dirigió los dardos a las premisas del gobierno del ultraderechista Bolsonaro, que asumió el poder el 1 de enero con un discurso liberal y crítico de lo que ve como excesiva meticulosidad en los controles ambientales. 

Expectativas lúgubres 

Junto a la humilde iglesia de colores claros de Brumadinho, punto alto de la localidad, aterrizan los helicópteros que van depositando los cadáveres con redes, en un impresionante relevo. 

Los bomberos trabajan sobre barro y arenas movedizas de hasta 15 metros de profundidad, realizando excavaciones. A medida que el lodo se seca, la visualización y retirada de los cuerpos se ve facilitada.  

La penosa labor aumenta progresivamente el balance de víctimas fatales -que pasaron de 58 a 65 el lunes-, en tanto que el de desaparecidos oscila siempre algo por debajo de los 300. En el último eran 288. 

En el Cementerio das Rosas, una veintena de tumbas recién cavadas aguardan la llegada de los cuerpos. Ya hubo entierros estos días y se esperan más para hoy, pero el estado de los cadáveres, destrozados por la violencia del tsunami de barro, y las dificultades de los rescates mantienen todavía un ritmo lento. 

El derrame de lodo y de residuos mineros que siguió a la rotura del dique avanzó hasta el río Paraopeba, afectando el suministro de agua potable de la aldea indígena Nao Xoha. 

“El domingo notamos que el río llegaba sucio y en la tarde comenzamos a ver peces muertos”, dijo por teléfono a la AFP el cacique Háyó Pataxó Hã-hã-hãe.

 

“Es muy preocupante, estamos viendo el avance de ese lodo tóxico, y la perspectiva es que avance 220 km hasta otro dique, donde se dice que esos residuos mineros pueden ser represados (...) pero son proyecciones”, dijo a la AFP Marcelo Laterman, geógrafo y portavoz de la campaña Clima y Energía de Greenpeace, que exige castigo para Vale por “este crimen ambiental”.

 

 

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