Renuncia el Fiscal General de Perú asediado por Odebrecht

El Congreso debate un proyecto de ley presentado por el Presidente para declarar en emergencia al Ministerio Público a raíz de la crisis generada por Chávarry.
miércoles, 09 de enero de 2019 · 00:04

EFE y AFP   / Lima

La renuncia de Pedro Chávarry al cargo de fiscal general de Perú, aceptada ayer por la Junta de Fiscales Supremos, busca poner fin a una grave crisis en el Ministerio Público que llevó al Ejecutivo a plantear su declaración de emergencia para evitar que se frustren las investigaciones por el escándalo Odebrecht en el país.

La situación de Chávarry al frente de la Fiscalía de la Nación quedó en entredicho desde el momento mismo de su designación, a mediados del año pasado, por las sospechas de que estuvo avalado por los votos de allegados a los partidos de  Keiko Fujimori y del expresidente Alan García.

Tanto Fujimori como García están investigados por el escándalo de sobornos repartidos por la empresa brasileña Odebrecht en el país, así como los exmandatarios Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

El Ministerio Público de Perú designó  a Zoraida Ávalos en su reemplazo por 60 días.

Chávarry tampoco pudo aclarar su cercanía con el suspendido juez supremo César Hinostroza, detenido en España a la espera de su extradición, y con el empresario Antonio Camayo, implicados en una gran red de corrupción en la judicatura peruana que negociaba sentencias y puestos a cambio de dinero y favores políticos.

Mientras que el Equipo Especial del caso Lava Jato en la Fiscalía avanzaba en sus pesquisas contra las principales figuras políticas en el país, Chávarry activó una serie de investigaciones internas para obstaculizar el trabajo de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez.

El fiscal Pérez no tuvo reparos en exigir su salida del cargo desde que argumentó que la líder opositora Fujimori dirigía una organización criminal destinada a recaudar fondos ilícitamente y que Chávarry actuaba a su favor, como supuesto integrante de una mafia en la judicatura denominada Los Cuellos Blancos del Puerto.

El asunto que marcó el quiebre definitivo de Chávarry fue la intención de apartar a los fiscales Vela y Pérez de las investigaciones cuando se preparaban para firmar un acuerdo de colaboración con Odebrecht, lo que motivó al mandatario peruano, Martín Vizcarra, a presentar un proyecto de ley para declarar al Ministerio Público en emergencia e impedir que los casos queden paralizados.

En su carta de renuncia ante la Junta de Fiscales Supremos, Chávarry dijo que decidió dar “un paso al costado” por respeto a su institución.

Y para no ser el pretexto para que “continúen estos ilegales actos contra la institución que represento como fiscal de la nación”, en referencia a las investigaciones iniciadas en su contra.

Chávarry criticó que el fiscal Pérez, a cargo de las pesquisas por los sobornos de Odebrecht en Perú, haya “irrumpido” en las oficinas de sus asesores “amparado en una arbitraria orden judicial” y que el Colegio de Abogados de Lima haya suspendido su inscripción para impedirle ejercer su cargo en la Fiscalía.

Precisamente, Pérez había informado que encontró material relevante para sus investigaciones sobre los vínculos de Chávarry con el caso abierto contra Fujimori en las oficinas de los asesores del exfiscal general, y que había procedido al sellado de esos ambientes.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció que Rosa María Venegas, excongresista y asesora del polémico fiscal, había  sacado   tres cajas con documentos de la oficina del asesor de Chávarry. 

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