Franco sobre violencia a la mujer: "Quiero garantizar que haya persecución penal"

La alianza Bolivia Dice No, es la que más calles está recorriendo y más intensidad le está inyectando a la campaña, estoy muy entusiasmada porque estoy recibiendo un enorme apoyo de la ciudadanía.
lunes, 07 de octubre de 2019 · 09:02

ANF/La Paz

La diputada Shirley Franco (UN), candidata a la vicepresidencia por la Alianza Bolivia dice No, se ha constituido en las últimas semanas en una figura política muy requerida, tras un debate televisado en el que se enfrentó al vicepresidente y candidato a la reelección, Álvaro García Linera. Plantea garantizar la persecución penal a los casos de violencia en contra de la mujer, endurecer las leyes en contra la corrupción que pasan por otorgar protección a testigos, además del rediseño del sistema de pre-selección de candidatos al Órgano Judicial para garantizar independencia en la justicia. 

De formación profesional politóloga, Franco se muestra segura, amplia y versátil al momento de conversar con ANF; la joven candidata vicepresidencial (32), no duda en expresar su orgullo por haber llevado a un debate nacional su propuesta de ley en contra del acoso callejero. De ser gobierno, propone un nuevo pacto fiscal que garantice la autonomía de los niveles subnacionales y la distribución equitativa de los recursos, desmantelar los mecanismos que dan pie a los hechos de corrupción en torno a las contrataciones estatales y una lucha frontal contra de todo tipo de violencia en contra de niñas y mujeres.   

ANF: Diputada, sabemos que su agenda está bastante apretada, faltan ya pocas semanas para las elecciones ¿cómo se siente?

S.F: Mira, la alianza Bolivia Dice No, es la que más calles está recorriendo y más intensidad le está inyectando a la campaña, estoy muy entusiasmada porque estoy recibiendo un enorme apoyo de la ciudadanía. No me cabe ninguna duda de que en este proceso electoral hay varios hitos, uno fue el debate vicepresidencial y si probablemente inicié esta carrera electoral con una desventaja de que no era muy conocida, pero en ese escenario se me permitió visibilizar diferentes propuestas de la alianza. Ahora estoy recibiendo gran aceptación y me siento llena de energía.

ANF: ¿Le ha dado un nuevo impulso?

S.F: Más que un impulso ese debate marcó un hito en la historia democrática, durante más de una década no hemos tenido debates vicepresidenciales y presidenciales y eso ha generado mucha expectativa, y los que han ganado son los bolivianos y las bolivianas porque tienen derecho de ir a votar informados. Son esos escenarios que no deberían sujetarse a la voluntad de los candidatos, sino que deberían ser escenarios de obligación porque los candidatos están postulando a cargos de servicios públicos y los bolivianos deberíamos conocer cualidades y propuestas y qué criterios tienen estos candidatos.

ANF: ¿Considera que ser mujer y ser joven le da un plus a la candidatura vicepresidencial?  

S.F: En realidad más bien el hecho de ser mujer y joven me ha generado dificultades en el escenario político, porque cuando se lanzó mi candidatura no se fue a indagar mis cualidades, méritos y trayectoria, sino a una mentira respecto a una relación sentimental del pasado y asociarme a un caso de corrupción; pero a ninguno de los otros candidatos a la vicepresidencia o a la presidencia se les ha preguntado su vida privada.  Entiendo los riesgos y a lo que me expongo desde que asumí ingresar a política, pero hay cosas que nuestras familias tienen que soportar. Lo que pude percibir es que son los mecanismos que utilizan algunas personas inescrupulosas para excluir a las mujeres del escenario de toma de decisiones.

ANF:  Hablemos del acoso político en contra de las mujeres a través de la descalificación de tipo personal. ¿Cómo candidata a la vicepresidencia qué propone en contra de este tipo de violencia psicológica, en contra del acoso político y la violencia física que termina en muchos casos en feminicidio?

S.F: Voy a dividir en dos áreas: que es la violencia que vivimos a diario y la violencia que viven las mujeres en escenarios políticos. En el primer caso, es un problema y flagelo en toda la sociedad y sucede porque tenemos un Estado indolente que no sanciona la violencia contra la mujer y que los casos quedan en la impunidad.

¿Qué quiero hacer cuando asuma la vicepresidencia e incluso sin asumirla?, porque es una causa de vida, quiero garantizar que haya persecución penal en los casos que se denuncian de violencia contra la mujer.

Se necesita policías, fiscales y jueces que no solo conozcan la Ley 348, sino que también entiendan la problemática, porque la violencia no solo es física, hay otras violencias por desigualdades, una de ellas es la brecha salarial, otra, en las áreas rurales es el acceso y permanencia en la educación. En promedio, las mujeres abandonan a los 14 años la escolaridad, esos son los tipos de violencia que se deben discutir. La peor violencia es el feminicidio, pero debajo de esa punta del iceberg hay una ruta de violencia que se ha tenido que recorrer.

En el caso de la violencia y acoso político, si bien hay avances normativos y legislativos no están acompañados de mecanismos que efectivicen el ejercicio de los derechos. En el caso del acoso político no todas las organizaciones tienen códigos de ética y sanciones, tampoco han contemplado la paridad en los cargos directivos internos o no tienen un régimen de género, ni practican la democracia interna.

Una de las principales peleas en el debate sobre la ley de Organizaciones Políticas en la Asamblea Legislativa fue la presencia y participación de las mujeres en la estructura partidaria, sobre todo que se contemplen mecanismos que sancionen el acoso y violencia política; en este régimen de género, por ejemplo, la violencia hacia las mujeres en los pueblos indígenas.

El año pasado se ha presentado 117 denuncias en el TSE por acoso y violencia política, 33 han llegado a procesos penales, de esas 33, 10 mujeres han renunciado, y de esos casos, nueve responden al Movimiento al Socialismo, hay partidos que instrumentalizan el tema de género, pero no lo practican en sus filas.

ANF: ¿Qué está fallando?, porque vemos más normas, pero las cifras de feminicidio están en aumento, al igual que los infanticidios.

S.F: Una de las fallas de la Ley 348 es habilitar una salida alternativa a un proceso penal que es la conciliación, porque la víctima de violencia puede terminar conciliando con su agresor y volviendo a un círculo de violencia. Hay que hacer modificaciones a la Ley 348 pero sobre todo ponerle dinero. Si queremos que la norma funcione se debe habilitar la red de casas de acogida, pero no se ejecuta porque ni los municipios, gobernaciones y menos el nivel central ha invertido recursos para erradicar la violencia contra la mujer.

Uno que otro departamento y municipio ha declarado alerta por la ola de feminicidios, Cochabamba es uno de ellos, se han hecho una serie de actuaciones, pero no es suficiente, porque se necesitan cambios en el comportamiento de las personas; invertir en la educación para que dejemos de petrificar cierto tipos estereotipos y roles de género.

Me asombra que en pleno siglo XXI a las niñas se les enseña repostería o labores y a los niños talleres o carpintería. Por tanto, planteamos que los niños y niñas reciban la misma educación, tengan las mismas habilidades, para que el día de mañana puedan acceder a las mismas oportunidades para tener una sociedad más justa y equitativa.

Cuando propuse la ley contra el acoso callejero se generó un debate nacional y se intentó minimizar y ridiculizar el tema. No obstante, la problemática muestra que a título de cultura las mujeres tienen que agachar la mirada y redoblar el paso ante una serie de insinuaciones de índole sexual. Y no solo mujeres (adultas), sino también niñas, porque las principales víctimas son niñas de 12 años. En esa ley no hice diferencias sobre que el acoso callejero, porque la víctima también puede ser un hombre, pero en estos casos la sociedad acepta que es un comportamiento que expresa un deseo sexual indeseado de una persona desconocida.

ANF: Para que haya más recursos para la Ley 348 se debería afectar a otro ítem. ¿Cómo se debería estructurarse el presupuesto general del Estado?

S.F: Planteamos un eje transversal en nuestro programa de gobierno que es justamente la descentralización, que es profundizar autonomías, hoy por hoy los recursos del Estado están concentrados en un 85% en el nivel central y 15% se dividen entre nueve gobernaciones, entre más de 335 municipios y entre las 14 universidades del sistema público.

Vemos que no hay una desconcentración de los recursos económicos, que la autonomía es solo retórica, aunque está consagrada en la Constitución Política del Estado y faculta a los municipios y gobernaciones legislarse. Si queremos que la Ley 348 funcione pasa por dotarles recursos a las entidades autónomas territoriales, porque son las primeras en atender a las víctimas de violencia en los servicios legales integrales, en las defensorías de la niñez y adolescencia; sin embargo, los municipios no tienen suficientes recursos para invertir en desarrollo humano y en erradicar la violencia contra la mujer y la niñez. Proponemos estabilidad al personal encargado de la atención inmediata a las víctimas, contratación de trabajadores sociales, abogados y psicólogos por seis u ocho meses lo que no permiten una persecución penal adecuada. 

Queremos institucionalizar la carrera judicial para que en la justicia no tengamos malos servidores públicos que sucumban a una serie de presiones de orden político y económico.

ANF: ¿Será necesario un nuevo pacto fiscal? porque el que llevó adelante el gobierno de Evo Morales no logró reconfigurar estructuralmente la distribución de los recursos del Estado, ni superar las desigualdades

S.F. Exacto. Estamos apostando que en los primeros 100 días de nuestro Gobierno vamos a discutir el nuevo pacto fiscal. El pacto fiscal bajo la mirada diseñada por el MAS, que concentra el poder ha dejado postergada a las regiones del país, y las más golpeadas son las áreas rurales. Si bien los ejes metropolitanos de los nueve departamentos, entre áreas urbanas y ciudades intermedias se encuentran en un escenario de meridiana estabilidad, las áreas rurales no están percibiendo y no han percibido esa gran bonanza económica que se ha concentrado en el nivel central del Estado.

El pacto fiscal ha sido postergado por el Gobierno y es uno de los debates fundamentales para dotar de poder a las instituciones estatales más cercanas a los ciudadanos, porque son los ciudadanos quienes deben priorizar los proyectos que se realizan. ¿Por qué no han querido discutir el pacto fiscal al interior del MAS?, porque tenemos un Presidente que ejerce las funciones de alcalde y compite con los más de 300 alcaldes, porque se dedica a entregar canchitas de césped, escuelas, cuando es muy probable que muchos municipios no necesiten estas obras, sino requieran hospitales, centros de salud, postas policiales.

ANF: Se ha observado desde la oposición, que la gran bonanza económica también ha llevado a hechos de megacorrupción

S.F: La bonanza económica no ha sido mérito interno, sino responden a la fluctuación de los precios internacionales de nuestras materias primas. Este Gobierno ha tenido en diez años el mismo presupuesto que correspondería a 70 años de anteriores gobiernos, y no creo que sea solo la bonanza económica la que ha generado la corrupción, sino la escasez de valores que existe en el Movimiento al Socialismo.

¿Qué queremos hacer nosotros para eliminar la corrupción?, primero no vamos hacer una serie de promesas electorales, vamos a tomar medidas porque es nuestro trabajo el que habla por nosotros mismos. Nuestro candidato a la presidencia, Óscar Ortiz, es el que más actos de corrupción ha denunciado, y así como hemos fiscalizado la gestión gubernamental y hemos demostrado la corrupción, paralelamente hemos presentado propuestas legislativas para minimizar y evitar que la corrupción se instale en el gobierno. Estas propuestas de ley no han sido aprobadas, una vez que seamos gobierno de inmediato las vamos a promover en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La primera normativa será de transparencia institucional y de información pública que busca generar un gobierno abierto a nivel central, departamental y municipal; es decir, que se pueda colgar en línea a través del Internet toda la información respecto al manejo presupuestario, financiero de las instituciones estatales. Hoy, para los medios de comunicación es difícil acceder a la información pública, y a los que tenemos la posibilidad de fiscalizar, de acuerdo a la Constitución, se nos priva la información. Cuando no hay acceso a la información se generan círculos herméticos de corrupción. La segunda será la ley de contrataciones estatales, hoy, los contratos estatales se realizan a través del decreto (supremo) 181, que creemos está desactualizado y queremos subir a rango de ley esta norma, para regular los procedimientos, la modalidad de contratación, el proceso de las adjudicaciones.

Te doy un dato, los 10 años anteriores al gobierno de Evo Morales, el 75% de las contrataciones se realizaban por licitación pública, desde que Evo Morales accede al poder, el 65% de las contrataciones son por invitación directa. La invitación directa debería ser una modalidad de contratación excepcional, pero hoy por hoy se ha constituido en la conducta eso es algo que hay que cambiar, por eso estamos proponiendo una ley de contrataciones estatales.

La última norma que proponemos para investigar y combatir la corrupción busca proteger a aquellos ciudadanos que denuncien redes de corrupción. Hoy, las personas que denuncian corrupción terminan siendo enjuiciadas, perseguidas y hostigadas. Nosotros más bien vamos hacer una ley de delación premiada. Por ejemplo, en la investigación que se ha realizado en Brasil sobre el tema de Lava Jato se ha podido constatar una red de contrataciones estatales millonarias, una especie de contubernio a través de la protección que se ha dado a una serie de testigos, esa es la ley que queremos promover e incentivar a las personas a denunciar la corrupción. Creo que el Movimiento al Socialismo le tiene más miedo a esta ley, porque a través de esta norma tendremos la oportunidad de recuperar hasta el último centavo.

ANF: Para combatir la corrupción se necesita una justicia independiente. ¿Qué hacer para que los Órganos del Estado no se sometan a los gobiernos de turno?      

S.F: Hoy tenemos una institucionalidad totalmente devastada y la corrupción está campeando sin castigo en nuestro país porque no tenemos una justicia que actúe de manera independiente. Lamentablemente no existe independencia en los Órganos del Estado. Para devolverle a la justicia su carácter de imparcialidad e independencia, hay que rediseñar la forma en la que se han elegido a las máximas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional. Si queremos cambiar la forma de elección popular de estas autoridades judiciales ameritaría un referéndum, pero la ciudadanía ha adoptado que las autoridades judiciales sean seleccionadas a través del voto popular, aunque creemos que hay que cambiar la forma de pre-selección de los postulantes a los cargos judiciales.

¿Cómo podemos cambiar?, la Asamblea Legislativa a través de sus dos tercios elige a los candidatos a las elecciones judiciales, pero esta instancia es altamente politizada con muchos intereses políticos y partidarios, por lo tanto, los parlamentarios no son las personas más idóneas para elegir a quienes van a administrar la justicia.

Proponemos delegar la responsabilidad del proceso de preselección; es decir, la calificación de experiencia, trayectoria, evaluación curricular de todos los postulantes a una comisión altamente técnica integrada por el sistema universitario y el Colegio de Abogados, que el proceso de calificación sea vinculante y (los resultados) se lleven al pleno de la Asamblea Legislativa, para que homologue el trabajo de la comisión independiente, así estaríamos garantizando que los postulantes a estos cargos judiciales sean personas que han pasado un filtro no político, ni ideológico ni partidario, sino de evaluación técnica, académica, curricular, de experiencia y trayectoria. Ese es un planteamiento para devolver la independencia a la justicia en el país.

Otro de los casos es institucionalizar la carrera judicial, porque queremos que los mejores hombres y mujeres profesionales ocupen los cargos, sean quienes administren la justicia. Hoy, existe un gran desprestigio profesional, lamentablemente la justicia está secuestrada en términos políticos y esto hay que cambiar, porque tenemos todos los cargos interinos en el Órgano Judicial, y el MAS quiere mantener esos cargos interinos, porque el momento en que estos interinatos no cumplan su voluntad política van a ser retirados, por eso es importante institucionalizar este Órgano del Estado.

En el caso, del Fiscal General también se elige en el Parlamento y el proceso de pre-selección debería cumplir los mismos criterios que se aplican para la selección del Órgano Judicial. Los fiscales departamentales son elegidos por el Fiscal General, ahí de una discrecionalidad. Queremos que los fiscales departamentales también sean elegidos de un proceso de evaluación y que en esta mirada de descentralización se realice a través de las asambleas departamentales, así las Fiscalías Departamentales no estarán supeditadas al Fiscal General, y así se establecen balances, pesos y contrapesos.

Confidencial

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