Rechazan acusación contra Piñera por violación de DDHH

Diputados votaron en contra de la acusación constitucional de la oposición.
viernes, 13 de diciembre de 2019 · 00:04

EFE / Santiago de Chile

La Cámara de Diputados de Chile rechazó  la acusación constitucional contra el presidente del país, Sebastián Piñera, que pretendía establecer su responsabilidad política en las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante las protestas.

Con 79 votos a favor y 73 en contra, y tras seis horas de debate, la Cámara acogió la llamada “cuestión previa” de acusación constitucional, que establecía que el caso no cumplía con los requisitos que señala la Constitución Política. Por lo tanto, la causa presentada el pasado 19 de noviembre por diez diputados de la oposición, se entiende como no interpuesta.

Se trataba de la segunda iniciativa de este tipo en la historia de Chile en contra de un presidente en el ejercicio de su cargo, después de la presentada en 1956 contra Carlos Ibáñez del Campo. La acusación constitucional es un procedimiento contemplado en la ley que faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra una autoridad y puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado.

 

El caso presentado contra Piñera establecía la responsabilidad por los actos de la Administración que “comprometieron gravemente el honor de la Nación” y por haber “infringido abiertamente la Constitución y las leyes, al consentir en que las Fuerzas Armadas y de orden cometieran violaciones a los derechos humanos de manera sistemática y generalizada”.

El Senado de Chile aprobó el  miércoles una acusación constitucional contra el exministro del Interior Andrés Chadwick por su gestión durante el inicio de las protestas sociales en el país, que lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante cinco años.

Al exministro se le acusaba de haber infringido la Constitución y las leyes omitiendo medidas eficaces para evitar la violación de derechos humanos, así como de no haber mantenido el orden público. La exautoridad habría infringido la Constitución al declarar el estado de emergencia que dejó en manos de los militares la seguridad durante los primeros nueve días de crisis, de acuerdo con la acusación.


 

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