Odebrecht no dejó detalles al azar para asegurarse negocios

La constructora brasileña pagó millonarios sobornos a candidatos, presidentes, alcaldes, gobernadores y coimas a árbitros que dirimían disputas.
sábado, 27 de abril de 2019 · 00:04

AFP / Lima

Millonarios sobornos a presidentes, aportes ilegales a candidatos, coimas a árbitros que dirimían disputas contractuales: la empresa brasileña Odebrecht no dejó detalles al azar para asegurarse negocios en Perú.

 Fruto de un acuerdo de colaboración, exjefes de la constructora testificaron esta semana en Brasil ante fiscales peruanos, a quienes entregaron “las rutas del dinero” que Odebrecht repartió durante años en Perú entre figuras de poder, desde presidentes hasta alcaldes, para amarrar contratos de infraestructura.

 “Aunque ya lo intuíamos los peruanos, ahora tenemos una seguridad, sabemos bien, incluso los montos, las cifras, y estamos todos asqueados, espantados de lo que ha estado sucediendo”, declaró a la AFP Fiorela Ramírez Granda, graduada en filosofía.

 Los sondeos respaldan sus palabras, pues el 87% de los peruanos rechaza a todos los partidos políticos y más del 90% cree que la corrupción es alta o muy alta en el país.

 Las revelaciones del ex hombre fuerte de Odebrecht en Perú, el brasileño Jorge Barata, salpican a cuatro expresidentes, entre ellos Alan García, quien se pegó un tiro en la cabeza cuando iba a ser detenido la semana pasada. “El señor Barata ha dado una explicación de las rutas del dinero”, dijo el fiscal peruano Rafael Vela, jefe del equipo que interrogó a los exjefes de Odebrecht en la ciudad brasileña de Curitiba (sur). 

Barata declaró que la constructora aportó dinero a la campaña que llevó por segunda vez a García al poder en 2006 y después le pagó más de cuatro millones de dólares a su secretario, Luis Nava. La Fiscalía sospecha que el destinatario final de este dinero no era Nava, sino Alan García (1985-1990 y 2006-2011), versión que el expresidente siempre negó. 

Los testimonios de Barata involucran también a los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), a quien afirma haberle pagado 31 millones de dólares en sobornos; a Ollanta Humala (2011-2016) y a Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). “Eso demuestra, digamos, cómo se había enquistado en el poder toda esta empresa y había manejado prácticamente la política en el Perú”, dijo a la AFP el ingeniero Elvis Malpartida, de 45 años.

 Kuczynski, en prisión preventiva desde la semana pasada, renunció a la presidencia en marzo de 2018 acorralado por denuncias de corrupción cuando el Congreso se aprestaba a destituirlo. Toledo escapó en enero de 2017 a Estados Unidos y ahora enfrenta un pedido de extradición, mientras Humala y su esposa Nadine estuvieron nueve meses en prisión preventiva por este caso, que también salpica a gobernadores y alcaldes.

Barata  reveló que el entonces presidente Toledo una vez lo increpó por la demora en entregarle sus coimas: “Oiga, Barata, paga, carajo”.  

Por los testimonios de Barata también están bajo la lupa de la Fiscalía dos exalcaldes de Lima, Susana Villarán (2011-2015) y Luis Castañeda (2003-2010) y los gobernadores de las regiones del Cusco Callao y Ancash. 

También está bajo investigación la excandidata presidencial socialcristiana Lourdes Flores, mientras que la líder opositora Keiko Fujimori permanece en prisión  desde  octubre. 

Las revelaciones también involucran al abogado Horacio Cánepa, acusado de ser sobornado por Odebrecht cuando oficiaba de árbitro que dirimía sus disputas contractuales con el Estado.

  Hasta que estalló el escándalo a fines de 2016, la constructora tenía mucho prestigio en Perú, donde hacía donaciones para reforzar su imagen de empresa socialmente responsable. Financiaba premios de periodismo y conjuntamente con el entonces presidente García regaló el Cristo del Pacífico, un monumento de casi 40 metros de altura inaugurado en junio de 2011.

 

Firma aportó para campaña de exalcaldesa

El exsuperintendente de la constructora brasileña Odebrecht en Perú Jorge Barata confirmó  a fiscales peruanos en Brasil que la empresa realizó aportes a la campaña contra el pedido de revocación de la exalcaldesa izquierdista de Lima Susana Villarán (2011-2014).

En 2013, Villarán fue cuestionada por un grupo ciudadano que criticaba su gestión al frente de la municipalidad en la capital peruana e inició el proceso de revocatoria, pero logró mantenerse en el poder tras la realización de una millonaria campaña a la que fue sometida y que se creó por la iniciativa ciudadana.

Las informaciones suministradas por Barata indican que dos millones de dólares fueron entregados por concepto de publicidad para la campaña y un millón de dólares más a través de José Miguel Castro, exgerente municipal de Lima.

No obstante, el exejecutivo brasileño, quien firmó un acuerdo de colaboración con la justicia de Perú, negó que Odebrecht hubiese participado en la posterior campaña para la reelección de la exalcaldesa, en 2015, como se llegó a sospechar en el país.

“(Barata) se ha manifestado respecto al apoyo a las campañas de la no revocatoria y también ha sido tajante en decir que para el caso de la campaña de la reelección no ha aportado nada”, afirmó el fiscal Germán Juárez.

 

Justicia define si   Kuczynski va a arresto domiciliario

La justicia peruana decidirá en 48 horas si otorga arresto domiciliario al octogenario expresidente Pedro Pablo Kuczynski, hospitalizado por dolencias cardiacas, en lugar de la prisión preventiva por 36 meses que ordenó en un caso de corrupción ligado a la constructora brasileña Odebrecht.

 Durante una audiencia de apelación celebrada ayer, la fiscalía y la defensa de Kuczynski coincidieron en que la medida adecuada para él sería el arresto domiciliario, debido a sus problemas de salud. “Si es cierto lo que informan los médicos (...), el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard debería ser pasible de una detención domiciliaria”, dijo el fiscal Hernán Mendoza.

  La Fiscalía pidió al juez Ramiro Salinas 36 meses de arresto domiciliario para el exmandatario, bajo custodia policial, y el pago de una fianza de 100 mil  dólares.  El juez dispone de un plazo máximo de hasta 48 horas para dar a conocer su decisión.

  Un tribunal había dictado el sábado pasado 36 meses de prisión preventiva a pedido de la fiscalía del caso Lava Jato/Odebrecht, descartando que los problemas de salud fueran entonces un impedimento.   

El exgobernante (2016-2018) está investigado por presunto lavado de activos en un caso vinculado al escándalo de corrupción de  Odebrecht.    Kuczynski, quien cumplirá 81 años en octubre, está internado en la unidad de cuidados intensivos de una clínica por una crisis de hipertensión.

El cambio de posición de la fiscalía fue bien recibido por la familia, que quiere ver al expresidente libre de toda sospecha.   “Todo eso (la prisión) se tiene que resolver, y esto es el primer paso, solamente el primer paso”, dijo al dejar la audiencia Michael Kuczynski, su hermano.

 

 

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