Uribe aguarda su libertad y la continuidad del proceso judicial

El sábado, una jueza levantó la medida preventiva que pesaba en su contra, pero una vez liberado, deberá enfrentar el caso de presunto fraude procesal y soborno.
lunes, 12 de octubre de 2020 · 00:04

EFE / Bogotá, Colombia

 El expresidente colombiano Álvaro Uribe permanece a la espera de que se concrete su puesta en libertad, ordenada el sábado por una jueza de Bogotá, pero seguirá vinculado al proceso por presunto fraude procesal y soborno.

Uribe, quien fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010, permanece desde el 4 de agosto en detención domiciliaria en su hacienda de El Ubérrimo, en el norte del país, y ayer tenía previsto dar una declaración sobre el levantamiento de esa medida pero a última hora la canceló.

El sábado, en una audiencia virtual, la jueza 30 penal con función de garantías de Bogotá, Clara Ximena Salcedo Duarte, otorgó la libertad a Uribe, fundador del partido Centro Democrático y mentor del actual presidente colombiano, Iván Duque.

Sin embargo el expresidente no recibió todavía la boleta de libertad que le permitirá retomar sus actividades más allá de la finca en la que permaneció encerrado los anteriores 68 días.

El caso por supuesta manipulación de testigos que lo privó de la libertad estos meses es el más avanzado y también el menos grave entre las numerosas investigaciones que Uribe enfrenta.

Durante el periodo en que permaneció en detención domiciliaria por orden de la Corte Suprema de Justicia, Uribe siguió opinando en las redes sociales sobre política nacional, pero renunció a su escaño al Senado, con lo cual el caso que lo enfrenta al senador Iván Cepeda, del partido de izquierdas Polo Democrático Alternativo (PDA), dio un vuelco en los tribunales.

La primera consecuencia de esa decisión fue la pérdida del fuero con lo cual su caso pasó de la Corte Suprema -donde según el uribismo su líder es objeto de persecución política- a la Fiscalía, lo que a su vez conllevó un cambio de la ley por la cual se regirá el proceso pertinente.

El cambio de la Ley 600 de 2000 a la Ley 906 de 2004 fue el argumento de la defensa para pedir la libertad del expresidente, y rechazado a su vez por Cepeda, contraparte del proceso.

 

 

 

 


   

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