Bachelet, preocupada por los juicios a ex altos cargos de Evo

Recomendó a Chile y Ecuador la rendición de cuentas por la vulneración de derechos en las protestas. A Colombia, acusó de reprimir en las manifestaciones.
viernes, 28 de febrero de 2020 · 00:28

EFE y agencias / Ginebra

La alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó ayer su preocupación “por la imputación de decenas de antiguos altos cargos gubernamentales y personas relacionadas” con el gobierno del expresidente Evo Morales. En un informe en el que analizó ante el Consejo las distintas amenazas a los derechos humanos en el mundo, Bachelet también denunció amenazas a las libertades fundamentales en Venezuela, Chile, Colombia, Nicaragua, Guatemala y Honduras.

Sobre Bolivia, Bachelet recordó que la crisis política  iniciada en octubre del pasado año, se saldó con al menos 35 muertos y 800 heridos, "la mayoría de ellos en operaciones del Ejército y la Policía".

Actualmente, dos exministros de Morales están detenidos: Carlos Romero y César Cocarico, y están en calidad de asilados en la residencia de la Embajada de México los exministros Juan Ramón Quintana, Javier Zavaleta, Héctor Arce, Wilma Alanoca y Hugo Moldiz. Quintana, Zavaleta y Alanoca tienen órdenes de aprehensión.

Están también como asilados el exgobernador de Oruro Víctor Hugo Vásquez y el exdirector de la Agetic Nicolás Laguna.

Otras exautoridades están fuera del país, como el exministro César Navarro y el exviceministro Pedro Dorado, que lograron salvoconductos. 

Todas estas exautoridades tienen encima una serie de acusaciones como sedición, terrorismo y corrupción. El MAS considera que son víctimas de “persecución política”.

Otros países

Michelle Bachelet, en una intervención ante la primera sesión anual del Consejo en la que detalló la situación de los derechos en 10 países, la mitad de ellos latinoamericanos, exhortó a los gobiernos a seguir las recomendaciones de su oficina en favor de las libertades fundamentales.

Señaló  que en Chile y Ecuador, como en otros lugares, es necesario garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones y abordar las causas profundas de las protestas que tienen origen en  las desigualdades.

 En ambos países, la Oficina ha proporcionado recomendaciones a los gobiernos y a la sociedad civil para una hoja de ruta sostenible guiada por las normas de derechos humanos.

Sobre Brasil, su informe critica los ataques contra los defensores de los derechos humanos, incluidos los asesinatos, muchos de ellos dirigidos a líderes indígenas. También lamentó el  retroceso de las políticas para proteger el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. 

Sobre Venezuela, Bachelet destacó un aumento de la colaboración entre el Gobierno de Nicolás Maduro y su oficina, pero recordó que el comité de coordinación entre ambas partes he recogido más de 130 casos de presuntas violaciones de los derechos humanos contra personas detenidas. “Tomo nota de la excarcelación de 14 personas en enero y reitero mi llamado a liberar incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos”, subrayó.

La delegación venezolana respondió que en el país “no hay detenidos por motivos políticos” y  cuestionó la objetividad de los informes de la oficina de Bachelet y aseguró que los 130 casos documentados “ya han sido oportunamente atendidos”.

Sobre Colombia, Bachelet expresó su preocupación por el uso del Ejército para contestar las protestas sociales, o la persistencia de altos niveles de violencia que generaron graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo 36 masacres.

Respecto a Nicaragua, la alta comisionada aseguró que desde la presentación de su último informe sobre ese país en septiembre de 2019 “las violaciones de derechos humanos no han cesado, en el marco de un contexto político y social extremadamente complejo”. “Organizaciones de víctimas que reclaman justicia, verdad y reparación, sus dirigentes y sus abogados siguen siendo objeto de amenazas e intimidaciones”, mientras “el derecho a la protesta pacífica es sistemáticamente negado”, dijo.

Respecto a Nicaragua,  aseguró que desde la presentación de su último informe sobre ese país en septiembre de 2019 “las violaciones de derechos humanos no han cesado, en el marco de un contexto político y social extremadamente complejo”.

Duque califica de intromisión las sugerencias

El presidente de Colombia, Iván Duque, calificó  como “intromisión en la soberanía de un país” las sugerencias que hizo la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) en su informe anual sobre cambios en la Policía y en la implementación del acuerdo de paz firmado con las FARC.

La Oficina de la Acnudh en Colombia recomendó que la Policía pasara a ser supervisada por el Ministerio del Interior y no por el de Defensa, como ocurre hoy. “La Oficina de la Alta Comisionada (Michelle Bachelet ocupa actualmente este cargo) no hace otra cosa que lo que hace siempre en todos los países: recomienda algunas medidas que pueden ayudar a evitar violaciones a derechos humanos. Una es que la Policía no vaya bajo el Ministerio de Defensa sino bajo el Ministerio del Interior”, dijo el representante de la Acnudh en Colombia, Alberto Brunori.

 

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