ONU alerta sobre rol de las FFAA y la crisis de DDHH en Nicaragua

Alta comisionada de DDHH dice que Fuerzas Armadas se están involucrando en tareas de Policía. En Nicaragua se intimida a periodistas, dirigentes y otros.
martes, 15 de septiembre de 2020 · 00:04

EFE/ Ginebra

 La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo que las Fuerzas Armadas de algunos países latinoamericanos se están involucrando en asuntos públicos o en tareas de seguridad que corresponden a la policía, mientras ue en Nicaragua persiste la violación a los DDHH. 


Esta tendencia parece ser clara en países como Brasil, México y El Salvador, que Bachelet mencionó en la presentación de su informe sobre la situación global de los derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos que reanudó  sus sesiones ayer.

No obstante, en otros países también se está llamando a los militares  a intervenir en cuestiones que salen de sus competencias, lo que Bachelet pidió que, si ocurre, se haga de forma “excepcional” y con  control efectivo. 

Según el análisis de la alta comisionada, la pandemia ha expuesto las profundas desigualdades de desarrollo en Latinoamérica, lo que sumado a sistemas democráticos frágiles puede provocar levantamientos sociales. En medio de esta crisis social, sostiene que los activistas y periodistas, particularmente aquellos dedicados a la defensa del medio ambiente y del derecho a la tierra, están sufriendo persecución como nunca antes.

“Pido a los gobiernos que se abstengan de desacreditar a los defensores de los derechos humanos y periodistas porque esto los pone en más riesgo de sufrir ataques. También aliento que se investigue y procese a los autores”, remarcó Bachelet.

Para sostener su afirmación, la oficina de la alta comisionada ha documentado en Colombia el asesinato de 47 activistas en lo que va de 2020, con otros 44 casos en curso de verificación; mientras que en México los periodistas muertos en circunstancias violentas han sido 4 y siete los activistas.

En Honduras el colectivo LGBTI es el grupo más perseguido y siete mujeres trans han sido asesinadas desde que se impuso el estado de emergencia a mediados de marzo, coincidiendo con la llegada de la pandemia a Latinoamérica. La violencia rural y los desalojos de comunidades sin tierra en Brasil se suman a los ataques contra activistas y periodistas, con un total de 10 asesinados este año.

“La continúa erosión de los órganos independientes para la consulta (en Brasil) y participación de las comunidades es preocupante”, criticó Bachelet.

También reveló que la crisis de derechos humanos continúa en Nicaragua y que ahora afecta también a la respuesta del Gobierno a la pandemia del virus.

Bachelet sostuvo que el  Gobierno ha respondido con violaciones de la libertad de expresión y despidiendo a personal médico. Según informaciones transmitidas por organizaciones de la sociedad civil a la ONU, 94 personas percibidas como opositoras están detenidas, acusadas en su mayoría de delitos comunes y dos de ellas tuvieron que ser hospitalizadas recientemente al presentar serios problemas de salud. Pidió liberar a los detenidos arbitrariamente.

Además, denunció que  se han registrado treinta casos de amenazas e intimidaciones en contra de activistas, periodistas, dirigentes sociales y representantes de la Iglesia.

 Piden liberar a detenidos de forma arbitraria en Venezuela

La  alta comisionada Michelle Bachelet pidió al Gobierno de Venezuela continuar con la liberación “de todos quienes han sido detenidos arbitrariamente”, tras expresar satisfacción por el fin de la detención de 110 personas. 

Esta medida -opinó- contribuye a la distensión política y a la apertura del espacio democrático en el país bolivariano.

El Gobierno de Venezuela ha renovado su acuerdo de cooperación con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y aceptado que sus funcionarios en el país tengan una mayor autonomía jurídica.

Así lo reveló Bachelet al presentar una actualización oral de la situación en Venezuela en la sesión inaugural del Consejo de Derechos Humanos.

El nuevo acuerdo permitirá desplegar un equipo de seis funcionarios en el país, frente a los dos que tiene actualmente, aunque la voluntad de Bachelet es establecer una verdadera oficina en Caracas.

Según la alta comisionada, el primer año del acuerdo permitió avanzar en la cooperación técnica, como la revisión de protocolos policiales sobre el uso de la fuerza o el compromiso asumido por el fiscal general de avanzar en la investigación de 58 presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas.

Ese ofrecimiento abarca también 35 casos de muertes durante protestas que la Oficina de Bachelet tiene debidamente documentados.

 

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