Las siguen matando, feminicidios imparables en Perú

En pleno confinamiento por la pandemia, 127 mujeres murieron por “ problemas de pareja”; pero se tienen cifras de miles de desaparecidas, entre ellas niñas.
miércoles, 6 de enero de 2021 · 00:04

Mabel Cáceres e Ibon Machaca / Connectas (https://www.connectas.org/especiales/las-siguen-matando/)


Pese a nuevas leyes y una considerable asignación presupuestal, la violencia contra la mujer no ha disminuido en Perú. El presupuesto del Programa de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer se ha multiplicado por cinco veces, entre 2016 a 2019, desde que comenzó a regir en el país la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.  En paralelo, la cantidad de actos de violencia denunciados por mujeres, también crece de manera inexplicable.


En el mismo periodo mencionado, 560 mujeres expiraron a manos de sus parejas o exparejas, entre ellas, 177 que habían denunciado amenazas o agresiones previas y 12  que, pese a haber atravesado exitosamente el complicado proceso judicial que implica, habían conseguido medidas de protección del Estado, que no evitaron su muerte.

Esta investigación revela que la política para combatir el feminicidio en el Perú no ha considerado factores culturales que afectan a toda la cadena del sistema de justicia. Además, que el presupuesto creciente ha sido mal asignado y gran parte de las medidas dictadas por los jueces son extremadamente vagas o casi imposibles de cumplir en los hechos. Así, durante el año 2020, pese al aislamiento por cuarentena, las cifras de la violencia siguieron agravándose, mientras el presupuesto volvió a incrementarse en más del 30% respecto al año anterior.

Maribel Barrera había ido  cinco veces a la comisaría, para advertir que su vida corría peligro. Incluso se mudó a espaldas de la comisaría de Huacho (Lima), pero eso no impidió que fuera asesinada por su expareja. Cinco horas después del crimen, llegó un policía con un papel en la mano para notificar a las partes que el juez había dictado una medida de protección para ella.
Y así, como una tendencia irreductible, el número de feminicidios registrados por año no ha dejado de crecer en Perú. En 2019 fueron 168 crímenes de este tipo, en algunos casos, planificados con imperdonable crueldad. No es raro la presencia de niños en la escena del crimen y el saldo de huérfanos –de padre y madre- como secuela de la repentina muerte materna y la consiguiente ausencia paterna.

En el año 2020, en medio del confinamiento por Covid-19, 127 mujeres ya han muerto con consecuencia de un problema de pareja; pero una cifra mucho mayor de mujeres ha sido reportada como desaparecida. Aunque el último informe de la Defensoría del Pueblo cifraba en 4 052 las niñas y mujeres desaparecidas en Perú en que lo va del año; organizaciones especializadas aseguraron que son más de 8 mil. Según esa cifra, cada hora que trascurre, desaparece una mujer en Perú. Y la mayor parte de estos casos implican feminicidios, violaciones sexuales o trata de personas, de acuerdo a la experiencia pasada.

 

La paradoja de una mayor intervención estatal para detener esta violencia, con un resultado opuesto al esperado, tiene su explicación en una diversidad de factores, según se deduce de un análisis de la estadística oficial, la encuestas de hogares y una revisión del presupuesto para esta investigación.

Este trabajo demuestra que las medidas de protección innovadoras que la ley dispone desde 2016, han tenido una aplicación tardía, concentrándose en 2018 y 2019. Antes del confinamiento, el sistema Judicial en el país tenía vigentes 686 mil 257 medidas de protección dictadas por un juez en casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Esto representa el 70% de un total de 986.972 denuncias por violencia que llegaron a instancia judicial. Pero deben ser atendidas por solo 1319 comisarías existentes a nivel nacional.

Además, esta investigación señala que la Policía Nacional no ha recibido presupuesto adicional para atender esta nueva tarea y, aunque ha implementado módulos especiales para la atención de denuncias, sigue siendo el blanco principal de críticas a la hora de evaluar los resultados. De acuerdo al número de medidas de protección que les ha remitido el Poder Judicial para ejecutarlas, cada policía especializado debería monitorear a unas 900 mujeres con una medida de protección. Esto es, mantener el contacto con ellas, efectuar rondas cerca del domicilio en los casos críticos, visitar el domicilio y elaborar informes sobre la situación para los juzgados penales donde su ventila el caso. Pero de acuerdo con los testimonios obtenidos de policías, estas tareas son imposibles de realizar si el dinero se va a cualquier otro lado, menos a las tareas policiales. La Defensoría del Pueblo verificó que, de 146 comisarías observadas, sólo 105 cuentan con los vehículos y un 10% no tienen personal destinado a realizar las visitas a las víctimas.

Por otro lado, en los primeros años de aplicación, la medida más frecuente ordenada por el juez fue “el cese de la violencia de parte del acusado”, u otras declaraciones vagas o extremadamente difíciles de cumplir. Así, debido a su total ineficacia, en 2020, durante la pandemia, fue prohibida expresamente.

Desde la Defensoría del Pueblo acusan una falta de empatía del juez y de la cadena de operadores de justicia, a la hora de garantizar protección efectiva a las potenciales víctimas de feminicidio. Y desde la policía, explican sus carencias con una sola cifra: este año el Ministerio de la Mujer recibió más de 400 millones de soles para el Programa de Lucha Contra la Violencia; mientras que la Policía Nacional, a través de la división de Policía de Familia que tiene a su cargo la ejecución de medidas de protección, sólo recibió tres millones y medio de soles adicionales.
Todos estos números, son apenas una parte de las múltiples causas que explican el imparable número de feminicidios en el Perú y que se presentan en los cuatro capítulos que integran esta investigación realizada por El Búho, en colaboración con Connectas  y el International Center for Journalists (ICFJ). 

Violencia imparable
Pese al protagonismo que la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer ha tomado en el país, desde la promulgación de la Ley 30364 a fines de 2015, la pelea parece, por el momento, perdida. La “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”, estableció novedades como la medidas de protección y la participación multisectorial de las entidades de prevención, como de los operadores de justicia, con el objetivo único de reducir la cantidad de actos de violencia.

Pese a incrementos constantes en el presupuesto al programa denominado Lucha contra la Violencia Familiar, los resultados son desalentadores. El caso extremo de la violencia contra la mujer, el feminicidio, incluso si es en grado de tentativa, muestran cifras crecientes.

Según los académicos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Ingrid Díaz Castillo, Julio Rodríguez Vásquez y Cristina Valega Chipoco, el feminicidio es “aquella acción por la que se mata a una mujer en una situación en la que se considera que ésta incumple con los estereotipos de género que se esperan de ella”. 

Si hablamos de actos de violencia contra mujeres, en general, la cifra se dispara. Entre el 2016 y 2019, los juzgados especializados y los juzgados comunes han atendido casi un millón (979 mil 977) de denuncias por violencia familiar. En estos cuatro años el número de denuncias creció hasta casi doblar su número.

Al mismo tiempo, las medidas de protección que otorgaron los magistrados fueron creciendo, hasta alcanzar a más del 85% de las denunciantes. A fines del año pasado, por tanto, casi nueve de cada 10 mujeres que presentaba una denuncia, logró una medida de protección.

Pero esto tampoco logró revertir la tendencia creciente de la violencia. De las 560 muertes que este tipo de crimen produjo en los años analizados, 72 de las víctimas había presentado previamente una denuncia y apenas 12 de ellas obtuvieron medidas de protección; mientras que 386 mujeres no habían adoptado ninguna medida frente a la amenaza que acabó matándolas.
Lima es la región que alberga el más alto número de mujeres asesinadas a causa de la violencia de género. En los cuatro años tiene acumulados 168 casos de feminicidio, le sigue La Libertad, Arequipa, Cusco, Puno, Huánuco, Junín, Ayacucho, Piura y Cajamarca.

Asimismo, el 70% de los feminicidios se produjeron en el área urbana y 11% en el área rural.

En el año 2020, marcado por más de seis meses en cuarentena, la violencia se ha seguido manifestando de diversas maneras. La expresión más notoria en este periodo ha sido el incremento de desapariciones sospechosas de mujeres, en todo el país. Según un conjunto de organizaciones y familiares de víctimas que organizaron una protesta en octubre, cada hora que pasa desaparece una mujer en Perú. La directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) en Perú, Marina Navarro, sostiene que la mayor parte de estos casos implican feminicidios, violaciones sexuales o trata de personas.

Para la Defensoría del Pueblo, la cifra de desaparecidas hasta el 30 de noviembre supera las 5.000, lo  equivale a un promedio de 15 en un solo día; o lo que es lo mismo, una desaparecida cada dos horas. Entre ellas 1158 son adultas, pero 2894 son niñas.
En tanto, los feminicidios llegaron a 100 hasta el 22 de octubre, lo que se suma a 186 tentativas de feminicidio, en pleno estado de emergencia por la pandemia de la Covid-19. Según los datos del Ministerio de la Mujer, hay 119 menores de edad que han quedado huérfanos por esta causa.

La mayoría de las víctimas de feminicidio, en este 2020, tenían entre 18 y 29 años. De las mujeres asesinadas, cinco estaban embarazadas.

Josefina Mendoza es la víctima número 100 de feminicidio en el año 2020. Su asesino y expareja, Carlos Hernández Rodríguez, venía hostigándola meses atrás. El día en que la iba a matar, 22 de octubre, fue a buscarla a su trabajo, en una de las calles más concurridas del distrito comercial de La Victoria, en Lima. Ella tenía tres meses de embarazo, pero él decidió acabar con la vida de los tres. Al verlo con un arma, Josefina corrió por casi una cuadra pidiendo auxilio a decenas de transeúntes, que se limitaron a observar la escena. Carlos la alcanzó, y le disparó tres veces y luego, antes que alguien pudiera detenerlo, se disparó en la sien.

Medidas de protección que no protegen
Llama la atención el alto número de medidas de protección dictadas por el Poder Judicial, en contraste con las capacidades de la Policía Nacional, entidad encargada de la protección de potenciales víctimas de feminicidio. Como puede observarse en los datos, además, el otorgamiento de medidas se ha concentrado en los últimos dos años en los que alcanzan al 75 y 85% respectivamente, en comparación al 42 y 64 por ciento de los dos primeros años. La tendencia es creciente y tiene que ver con la demanda por resultados de los programas gubernamentales de lucha contra este tipo de violencia, antes que con la factibilidad para ejecutarlas.

Así, según la norma, las medidas de protección son variadas y cubren un amplio espectro de posibilidades que van, desde la prohibición del contacto entre la víctima con su agresor, hasta el patrullaje constante al domicilio de la víctima; además del retiro de la persona denunciada del hogar o el traslado de la víctima a la casa de un familiar, amigos, un Hogar de Refugio Temporal u otro centro.

Inexplicablemente, en varios casos se dispuso “el cese, abstención y/o prohibición de ejercer violencia”, lo que constituye una exhortación, más que una disposición. Su carácter insulso fue reconocido por el Estado cuando, durante el Estado de Emergencia por el Covid-19, debió emitir una norma especial (DL 1470) prohibiendo expresamente el otorgamiento de estas medidas imprecisas.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha expresado en uno de sus informes su preocupación por el incumplimiento de las medidas de protección. Incluso pidió, en casos de feminicidios consumados, “investigar a los efectivos encargados de ejecutar las medidas porque el incumplimiento, en estos casos, evidencia que hubo una ejecución inadecuada de lo ordenado por el juez o jueza.

En relación al patrullaje para la ejecución de las medidas de protección, observó que, de 146 comisarías, solo 105 cuentan con los vehículos para realizarlo. Aunque el 90% de estas comisarías tienen personal destinado a realizar visitas periódicas a las víctimas
Pese al numeroso acumulado de medidas de protección, la sanción para los perpetradores de la violencia va más lento, en los últimos dos años. Entre el 2016 y 2019 el Poder Judicial emitió un total de 466 sentencias condenatorias por el delito de feminicidio. Unos 100 casos ocurridos en ese lapso, permanecen sin sentencia.

Realidades diversas 
Perú es uno de los países más diversos cultural, social y biológicamente. Algo que no ha sido tomado en cuenta, en general, ni en la política pública, ni a la hora de ejecutarla.

Así, las medidas de protección dictadas por el Poder Judicial se han concentrado principalmente en estas 10 regiones, lo que podría sugerir que en estas regiones se registran los más altos índices de violencia. A la cabeza se encuentra Lima, con 365 mil 11 denuncias acumuladas y con 238 mil 977 medidas de protección dictadas. Le sigue Arequipa, Piura, La Libertad, etc.
Sin embargo, si comparamos la tasa de violencia de cada región, veremos un cambio significativo. Para 2019, los casos de violencia colocaban a Arequipa como la región con la tasa más alta tasa, con 1642. 81 denuncias por cada 100 mil habitantes, desplazando a Lima. Asimismo, las regiones Madre de Dios, Tumbes, Moquegua, Tacna, Cusco, Ica, Callao y Junín, presentan una tasa mayor de violencia que la capital, Lima.

¿Son necesarias tantas medidas de protección?

Vistas las denuncias por actos de violencia contra la mujer, la primera respuesta sería que sí, aunque hay que analizar los detalles.
En el Poder Judicial, involucrado en el Plan Nacional contra la Violencia, se creó en julio de 2016 la Comisión de Justicia de Género por acuerdo de la Corte Suprema. Aquí se establece la política judicial, con enfoque de género, en todos los niveles y estructuras de la administración de justicia a nivel nacional. Entre sus funciones está la de adoptar medidas y acciones orientadas a garantizar la protección de los derechos fundamentales, en este campo; lo que debería optimizar la calidad de los servicios y el acceso a la justicia con enfoque de género.

Preguntada la Presidenta de esta Comisión, la magistrada suprema Elva Barrios, por la efectividad de las medidas de protección que dicta el Poder Judicial, reconoce que su elevado número hace difícil el cumplimiento de este objetivo, porque “no hay el número suficiente de efectivos que pueda dar cumplimiento a estas medidas, porque a la fecha hemos dictado desde noviembre del 2016 medio millón de medidas de protección”. Por eso –dice- de manera alternativa han creado determinados aplicativos para la ejecución de las medidas de protección, Por ejemplo, el botón de pánico, que permite a la víctima pedir ayuda inmediata, para que la policía acuda en su ayuda.

En época de pandemia, se dispuso que la medida de protección debe dictarse dentro de las 24 horas siguientes al momento de efectuarse la denuncia, sin necesidad de que se realice una audiencia judicial; pero la implementación de estas disposiciones, fue muy relativa, así como sus efectos, atendiendo a las estadísticas que ya hemos mencionado.

También se suspendió la obligatoriedad de notificar de manera física la existencia de la medida de protección al agresor. Por el momento, esas excepciones están en vigor, pero no se ha determinado su continuidad en el futuro.

La propia magistrada Barrios reconoció que, con un número tan elevado de denuncias y la política de otorgar protección a la gran mayoría, “en la práctica lo que se hacía era juntar un conjunto de denuncias, esperar que hubiera un número significativo, para que un personal vaya a entregar esas denuncias a la policía”.

¿Ha sido útil la promulgación de la Ley de Prevención de la Violencia a fines de 2015, en la lucha contra el feminicidio?

La fiscal provincial especializada en violencia sexual y feminicidio, Yajaida Huamán Escobar, considera que la Ley 30364 sí contiene medidas destinadas a innovar esta política y le da especial protagonismo a las medidas de protección que dicta el juez de Familia; sin embargo, cree que la falla está en establecer taxativamente que la ejecución de las medidas de protección es competencia exclusiva de la Policía que es, además, la entidad que tiene que dar cuenta de la ejecución de esas medidas. La modernidad de algunas medidas como la geolocalización de las víctimas, en mapas virtuales, así como las rondas y comunicaciones con dispositivos celulares, contrasta con los recursos de los que dispone la institución policial.

Asimismo enfatiza en un aspecto, no considerado en la concepción de la ley en el sentido que, “aun cuando admitimos que la víctima de violencia está inmiscuida dentro de un círculo de violencia, donde ella sola muchas veces no discierne, no se reconoce como víctima; le estamos cargando un peso más a esa mochila, ya pesada (al pedirle que denuncie para iniciar acciones)… es como si le dijéramos: oye, mira, ni te quejes porque yo como Estado, te he dado todas las posibilidades: he puesto la línea 100, canales de comunicación y tú no has denunciado, qué es más o menos lo que muchos operadores interpretan. A veces ella no quiere separarse, y no es porque le gusta el golpe, así vive, ya está acostumbrada a eso. Y no se trabaja en la participación colectiva, la denuncia de terceros, lo que daría sostenibilidad a esta lucha”.

¿Qué pasó en la cuarentena?

En los primeros meses del confinamiento, por la pandemia de la Covid-19, las medidas de protección dejaron de ejecutarse. El monitoreo que realizó la Defensoría del Pueblo reveló: “durante la cuarentena, se nota un descenso de las medidas de protección registradas por la PNP. Como vemos, entre los primeros 15 días de marzo, en los que aún no se había decretado el aislamiento, y los siguientes 15 días existe una disminución de hasta 72·% en el registro de estas medidas. 

Si las comparamos con las denuncias vemos que la violencia no había cesado, sino que no se le estaba dando el trámite adecuado; por lo que, muchas mujeres no tuvieron el resguardo dispuesto por ley para la protección de sus derechos. Tras la emisión del Decreto Legislativo 1470, a finales de abril, el registro de medidas de protección se vuelve a incrementar”.

Luego de aprobarse medidas extraordinarias con el Decreto Legislativo 1470, la situación mejoró. La modificación más relevante fue la prohibición de emisión de la medida de protección “cese de la violencia” y la preferencia del uso del “retiro del agresor”. Esta medida garantiza de mejor manera que se respete la integridad y la salud de la víctima, opinaron los opradoroes de justicia preguntados. Antes de este decreto, señalan, se dictaban medidas de protección declarativas que no surtían el efecto deseado: proteger a la víctima.

No obstante, la Defensoría halló que en la primera etapa de la cuarentena (sin norma específica), la medida más frecuente que se otorgó fue ordenar el tratamiento psicológico de la víctima y el impedimento de acercamiento. En quinto lugar, estuvo el retiro del agresor y, por último, el traslado de mujeres a albergues en tres ocasiones.

En la segunda etapa el panorama es similar. Si bien se comprueba que la cantidad de personas beneficiadas es mayor, resulta contradictorio que aún sean muy pocas las ocasiones en las que se ha dictaminado el retiro del agresor o el albergue de la víctima, cuando en este período ya hay una norma que lo ordena.

El 27% de feminicidas utilizó la estrangulación como vía para tratar de borrar la existencia de mujeres. José Falcón, de 30 años, es uno de ellos. Así acabó con la vida de Stephanie Flórez, quien solo tenía 20 años cuando él la esperó agazapado en su propia casa y la atacó a golpes primero, para estrangularla después. El motivo es que él no aceptó la separación después de tres años de relación en la que emprendieron un negocio juntos, en un taller de confecciones en Gamarra. Tras un primer ataque, ella pidió protección, pero el 13 de marzo de este año, nadie pudo ayudarla. Su madre, Carmen Mendoza, en su dolor, culpa al Estado. “El Poder Judicial, la fiscal, la policía,su indiferencia, es lo que ha matado a mi hija. Ella no tenía por qué morir, es una muerte absurda”, declaró.

La bolsa equivocada
Dada la ola de violencia creciente contra la mujer, en los últimos años, el gobierno se ha esforzado por implementar programas y planes con el fin de promover la igualdad de género y erradicar la violencia. Desde el año 2016, por ejemplo, rige el Plan Nacional contra la Violencia de Género (2016-2021) con una partida presupuestal que se ha ido incrementando año a año. Asimismo, se han promulgado leyes para promover la igualdad de oportunidades , prevenir y sancionar la violencia contra la mujer y para modificar el Código Penal en contra del feminicidio .

Entre el 2016 y 2019 el presupuesto del Programa de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer se cuadruplicó, en el Perú. En el último año llegó a 435 millones de soles, comparado con los 84 millones asignados a principios de 2016. Asimismo, para este 2020, la asignación presupuestal aumentó 138 millones más (31.78% de crecimiento), esto es equivalente a 573 millones, la cifra más alta que ha invertido hasta el momento el Estado en cualquier programa de seguridad.

De otro lado, este esfuerzo por erradicar la violencia de género ha concentrado la mayor parte de sus recursos en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, manejado de manera centralizada desde Lima. La distribución del gasto, en promedio, llega al 99.4% para proyectos que maneja el Ministerio de la Mujer y menos del 1% se transfiere a los otros niveles como el Gobierno Local y Regional; gasto que, además, ha ido decayendo en los últimos años en estas instituciones.

En 2018, con la aprobación del Plan de Acción Conjunta (PAC), como instrumento de articulación entre entidades vinculadas a este programa, se establecen políticas públicas más concretas con el fin de prevenir la violencia contra las mujeres, así como brindar protección y atención a las víctimas de violencia, sobre todo aquellos considerados casos de alto riesgo.

Sin embargo, el Plan Nacional contra la Violencia de Género establece que “las acciones necesarias para la implementación y desarrollo del Plan Nacional (...), a cargo de las entidades competentes, así como lo establecido en el presente Decreto Supremo, se financian con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público”. Así, la única entidad que tiene recursos nuevos para cumplir este plan es el MIMP.

Sólo a partir del 2020 más sectores reciben un presupuesto destinado a cumplir con las metas fijadas dentro del PAC como son el Poder Judicial, Ministerio del Interior (Policía Nacional), Ministerio de Educación, entre otros sectores.

Un 72% del presupuesto (416 millones) sigue en manos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, mientras el Poder Judicial y Ministerio Público han recibido transferencias importantes; sin embargo, el Ministerio del Interior (donde se adscribe la Policía Nacional), es uno de los menos favorecidos, con menos del 2%. La cantidad asignada para que cumplan la función esencial que se les ha asignado resulta claramente insuficiente para atender, en este año, más de un millón de personas con medidas de protección otorgadas por el Poder Judicial.

En los 4 años que evaluamos, sin embargo, las transferencias bajo este Plan fueron insignificantes. Bajo el programa de Asistencia Social, que se usó para atender las medidas de protección, esto fue lo que recibió la Policía Nacional.

Esta escasez presupuestal se suma al hecho que la oficina encargada de ejecutar las medidas de protección es la División de Protección contra la Violencia Familiar, una dependencia de tercer nivel de jerarquía; no obstante, es responsable del planeamiento, organización, dirección, coordinación, ejecución y control de las actividades dirigidas a la prevención, protección, investigación y denuncia de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.
 

Auxilio ex post
En la distribución presupuestal también se nota concentración en medidas de atención o auxilio para quienes ya han sufrido una agresión, lo que contradice el espíritu de la ley que es la prevención de la violencia y, como fin último, evitar los feminicidios.

Así, poco más de dos tercios del presupuesto del Programa para erradicar la violencia contra las mujeres del año 2019 están destinados a actividades de atención y protección, mientras que se gasta solo un 27.73% en prevención de la violencia.
Silvia Patricia Arispe Bazán, jefa del Programa Aurora del Ministerio de la Mujer señala que el grueso del presupuesto asignado a este programa ha sido para implementar servicios, logística, espacios para la atención, etc. Además, contratar personal y servicios.
Otro factor que llama la atención es la poca ejecución del gasto en las instancias descentralizadas. Pese a que es una cantidad menor, tampoco se ha culminado los proyectos para los que se han destinado.

En estos proyectos se tiene que apenas el 41% se ha ejecutado. Para ser más precisos, de 14 proyectos que se han ejecutado con presupuesto del PNLCVFS, apenas se han ejecutado la mitad; solo dos han sido culminadas.
¿Por qué, si el presupuesto para combatir la violencia aumenta, ésta no disminuye?

Romy Natalí García Orbegoso, es consultora de la ONG Demus, organización dedicada al estudio y vigilancia de políticas públicas en temas de violencia, seguridad y género. Para ella, lo que se destina a prevenir la violencia es insuficiente, pues casi la mitad del presupuesto se utiliza para servicios de atención, luego de haber ocurrido la agresión. Concretamente, el programa de lucha contra la violencia lo gestiona fundamentalmente el Ministerio de la Mujer y, dentro de éste, el programa denominado Aurora.

“Los últimos cinco periodos presupuestales, los servicios contaron con una asignación presupuestal que se destinó principalmente a atención psicológica, albergados en hogares de refugio temporal, fortalecimiento de los servicios de atención para afectados y afectadas, por ejemplo, apoyo legal, capacitación, formación de redes. En el campo de la prevención, el dinero se ha ido en implementar una estrategia comunicacional para la prevención, en construir servicios para orientación a varones, campañas focalizadas sobre varones para que reconozcan su violencia; y también el empoderamiento socio económico de las mujeres”.,

Así, el mayor obstáculo para la implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Violencia, habría sido presupuestal. Fuera del Ministerio de la Mujer, solo el Ministerio del Interior (Policía) y el Ministerio de Salud, tenían partidas muy pequeñas y los otros sectores debían implementar acciones con su propio presupuesto, sin recibir asignaciones especiales para implementarlas.

Esto cambió sólo a partir de 2020. García explica que, por ejemplo, al Poder Judicial se le ha otorgado, por primera vez, cerca de 37 millones 560 mil soles, con la meta prevista de resolver 10 mil expedientes de casos de violencia acumulados en los distritos judiciales de Lima Este, Ancash, Arequipa, Callao y Ventanilla, a través de 48 juzgados nuevos con sus respectivos equipos disciplinarios.

El Ministerio de Justicia recibió 9 millones 861 mil para brindar apoyo legal a 2 mil 856 personas víctimas de violencia en Lima Ancash Arequipa, Callao y Ventanilla. El Ministerio Público va a recibir 44 millones 895 mil 738 soles para entregar expedientes resueltos en los distritos judiciales de Lima Este, Arequipa, Ancash, Callao, Ventanilla, a través de 38 nuevas fiscalías, además de implementar laboratorios forenses clínicos con cámaras Gessel.

En contraste, el Ministerio de Interior, donde está adscrita la Policía Nacional, que es el sector que recibe las denuncias y debe brindar la protección, recibió sólo 3 millones. Pero su meta prevista es brindar protección efectiva a 93 mil mujeres que han sido amparadas en el Poder Judicial con medidas de protección. Esa partida su supone sea para que destinen a esta labor a 900 efectivos policiales capacitados en cursos de especialización ubicados en 230 comisarías con materiales y equipos implementados en los distritos mencionados, priorizados por los altos índices de violencia registrados en los últimos años. Así el Plan Nacional basa su posibilidad de éxito destinando 1 policía por cada 900 mujeres con medidas de protección y un monto de poco más de 30 soles (menos de 10 dólares) por cada caso.

¿A qué se ha dedicado el gasto del programa de lucha contra la violencia?

Silvia Arispe, Directora del programa Aurora, del Ministerio de la Mujer, confirma que, desde la vigencia de la ley, el presupuesto otorgado al programa se ha ido incrementando. En el 2017, la asignación de recursos fue para implementar Centros de Emergencia Mujer (CEM) en comisarías que es el nuevo modelo que se implementó en el 2017 con el fin de darles refugio temporal; fortalecer servicios de urgencia y darle sostenimiento a la línea 100 (línea de emergencia).

“En el 2017 el programa Aurora tenía 295 CEMs en todo el Perú, para el 2018 subimos a 346 CEMs, para el 2019, 396; y este año, vamos a pasar los 400 a nivel nacional, de los cuales, 150 son en comisaría. Ahora el modelo apunta a estar dentro de las comisarías porque es el primer lugar donde van a denunciar alguna situación”.
Como explica Arispe, el grueso del presupuesto se destinó a implementar estos servicios, la logística y contratar personal para atenderlo. Además, crear programas de prevención y reforzar los servicios.

¿En qué acciones debería invertirse entonces para lograr efectividad en la reducción de la violencia?
Wilson Hernández Breña, investigador de GRADE en temas de género y desigualdad, enfatiza al decir que no es con más dinero que se va a reducir los feminicidios y que, en una realidad como la peruana, es muy difícil que ese dinero vaya a intervenciones que lleven a la consecuencia que una mujer en riesgo no sea asesinada.

“La pregunta de política pública debería ser dónde están esas mujeres y cómo llegamos a ellas o como identificarlas, pues están en muchas partes. En ese sentido hay dos problemas: Las tasas no van a bajar porque se les dé dinero. Las medidas de prevención tienen una eficacia limitada porque protege a las que denunciaron, pero hay un 80 % que nunca denunciaron; y en el caso de las que tienen medidas, ocurre que la Policía no puede ofrecerles protección, porque son tantas que es inviable, incluso si toda la policía se destinara a esto. En comisarías hay 30 mil policías, solo en Lima habían cerca de 150 mil medidas de protección que no caducan y se van acumulando. Hay que tener mucha suerte para que, en una visita, se pueda encontrar a la víctima”.

Para él, se debe empezar las campañas por la gente joven, ya que es muy difícil cambiar patrones de conducta agresivos para personas por encima de 25 a 30 años: “Es más efectivo trabajar con adolescentes, hay muchos programas para trabajar estereotipos de género, nuevas formas de socializar entre hombres y mujeres, tejer relaciones sentimentales adecuadas, desterrar la idea del control o el acoso a mujeres o parejas y ese campo de masculinidad es muy poco trabajado en el Perú. Y está el factor cultural: presión familiar y presión social, marcadas por el estigma que tienen un hombre a su lado, muchas reportan que se quedan por el “qué dirán” de la familia frente a un divorcio.

Finalmente, advierte que la violencia puede escalar si no se denuncia, por lo que hay que fomentar que se haga la denuncia.
Lo que no dicen las leyes

Sandy Evangelista es presidenta del colectivo que agrupa a los deudos de feminicidios que buscan justicia de parte del Estado. Resume así las primeras barreras

“Uno de los primeros obstáculos que las victimas encuentran al ir a una comisaría es que te digan ´tú habrás hecho algo´ o ´tú tienes la culpa para que este tipo te haga eso´. Otro obstáculo es la familia del asesino, (el hecho de que) hayan crecido en una cultura tan machista que creen que el hombre es el rey y puede matar y debe obedecerse. Otro obstáculo era el proceso tan lento, antes se daban garantías de vida, ahora se llaman medidas de protección, ibas a denunciar en enero, y te citaban en mayo o junio para tener una audiencia.

Pero eso no es todo. El pensamiento instalado sobre los roles del hombre y la mujer juega su propio papel en la extensión y, muchas veces, la normalización de la violencia. Así, Sandy continúa:

“Son muchos obstáculos, lamentablemente las víctimas pierden la vida porque no tienen dónde más ir. Creo que el estado invierte más en programas que en dar una verdadera ayuda, hay mucha propaganda que incentiva a que la mujer denuncie, pero hay casos que en las mujeres son dependientes emocionalmente o económicamente del agresor; esas mujeres sienten que no pueden salir de ese lugar porque no tienen a nadie. Van a los CEM (Centro de Emergencia Mujer), les dan un documento para que vaya al centro psicológico, pero para cada terapia hay que esperar 2 o 3 meses, hasta que haya cupo”.

Magaly Aguilar Cortez es otro miembro activo de este colectivo que busca justicia. Ella perdió a su hija a manos del hombre que dijo amarla y su vida nunca más ha sido la misma:

“Hablaré un poco del caso de mi hija. El asesino de mi hija estuvo en la comisaría tranquilo sin esposas, bebiendo café, junto a los policías. Sobre el proceso del tratamiento psicológico del CEM solo sirve para que ahorres la consulta. Yo lo he vivido, formando colas y con mal trato por parte del personal. Yo estoy buscando justicia, la abogada a cargo del caso de mi hija no se presentó a la audiencia porque estaba de vacaciones, y no dejó a nadie a cargo. Yo misma tengo que presionar para poder ser atenida.

Claro, uno de los casos es el de mi hermana, que denunció varias veces; ella no desistió, pero le faltó empatía, hacer su trabajo a la policía, ella escapó a Ayacucho, y seguía siendo amenazada, ella pensó en irse a Chile, 15 días antes de su viaje fue asesinada.

En el caso de Estefany Flores, ella fue a denunciar una tentativa de feminicidio y no le creyeron; por el contrario, la acusaron de abandono de hogar; después de un mes, fue asesinada. Magaly Aguilar continúa:
“Otro caso es de Erika Oblitas. Ella y su agresor fueron detenidos en la comisaría, ella tenía golpes en la cabeza, fue procesada porque el agresor dijo que fue agresión mutua, y la policía lejos de ayudarla continuó el proceso, ella colapsó y empezó a convulsionar, 7 días después ella falleció. Ahora el agresor es procesado por tentativa de feminicidio y consiguiente muerte, pero no por feminicidio agravado. La pena que tendrá es entre 20 a 30 años, mas no la cadena perpetua que debería tener”.

La policía está rebasada

El gran problema parece ser, en esta fase, el número tan abultado de denuncias que llegan a las comisarías y las medidas de protección que se derivan de ellas. Estas son las denuncias recibidas en la Policía Nacional del Perú (PNP), en estos años:
-En el 2016, 185 mil 740
-En el 2017, 207 mil 001
-En el 2018, 211 mil 005
-En el 2019, 256 mil 237
Fuente: Dirección de Tecnología, Información y Comunicaciones de la PNP

Mientras que las medidas de protección ordenadas por el Poder Judicial en estos años fueron:
-En el 2016 24 mil 690 medidas de protección,
-En el 2017, 42 mil 432 medidas de protección
-En el 2018, 115 mil 000 medidas de protección y
-En el 2019, 176 mil 480 medidas de protección
Fuente: Dirección de Tecnología, Información y Comunicaciones de la PNP

Según aclara, el Coronel PNP César Antonio Díaz Cachay, Jefe de la División de Protección contra la Violencia Familiar, en el 2018 y 2019, ya no existen denuncias pendientes de tramitar, porque la ley 386 que fortalece a la ley 30364 establece que ninguna denuncia debe quedar pendiente. Actualmente, se resuelven en 24 horas, en un proceso especial, dice.

Sobre el presupuesto de su institución, corrobora que su escasez es el principal problema para atender este número tan abultado de denuncias. Dice que este año, se ha transferido presupuesto del sector público por 3 millones 158 mil soles para implementar y tener el personal que cumpla las medidas de protección y detención en flagrancia. Anuncia que este monto servirá para dar cursos de capacitación, implementar las comisarías, acondicionar las áreas de medidas de protección y adquisición de bienes como computadoras, mobiliario, y todo lo que concierne a la implementación en las comisarías básicas que desarrollan estas actividades.

Una conclusión importante de estas denuncias es que el 63% de estas agresiones han ocurrido en la propia vivienda conyugal de las víctimas de feminicidio, el 23% en la vía pública y el 4% en la dependencia del agresor. Según dicen, en muchos casos “la víctima ha normalizado tanto la violencia que no ha presentado denuncia ni solicitado una medida de protección. Es un contexto muy complicado y ahí puede verse lo complejo del trabajo que tiene la institución policial”, señala.

“Sabemos que una víctima cuando normaliza la violencia no denuncia, entonces (las personas) en el entorno donde se observe hechos de violencia, pueden denunciar de manera anónima. Estos programas se están implementando a nivel nacional para reducir la cifra negra que no se denuncia con los prejuicios que: “es mi esposo, qué dirán, tengo que aguantar”.

Finaliza subrayando que hay personas que por ciertos estigmas se callan, no se acercan a denunciar por una mala interpretación de su relación con el varón, cuando en realidad tiene todo el derecho de acceder a la justicia. Añade que, de los 160 casos de feminicidio del 2019, la mayoría de víctimas no denunciaron; y la violencia se da de forma sistémica, empieza con insultos y va hasta la violencia patrimonial.


Lo que observó la Defensoría del Pueblo
Según la representante de la Defensoría del Pueblo, Marcela Paliza, buena parte del problema comienza con el llenado incorrecto o insuficiente de la Ficha de Valoración de Riesgo que es lo primero que se aplica cuando una mujer acude a una comisaría a denunciar un acto de violencia.

“A veces no lo aplican de manera correcta y esto ocasiona que no se le dé la protección que necesita, entonces, el juez solo tiene la denuncia o ficha de valoración simple, no le da la medida de protección que necesita”, dice.

Luego, agrega Paliza, hay medidas de protección como “el cese de la violencia” que ordena el juez al agresor, y es una de las medidas más comunes, pero que no puede medirse.

“¿Cómo la Policía fiscaliza eso? Van al domicilio y le preguntan, ¿tu esposo te ha vuelto a violentar?, ella obviamente va a decir que no, porque su agresor está atrás, entonces no se les está brindando un real resguardo”, cuestiona.

Respecto al elevado número de medidas de protección, la Defensoría estima que la solución podría venir por el lado de los Gobiernos Regionales que podrían apoyar a la policía, igual que los servicios de serenazgo de las municipalidades y las organizaciones comunales, puesto que en la mayor parte de casos la policía no tiene vehículos ni personal suficiente.

“Por ejemplo, la Policía tiene la obligación de establecer una línea directa con la víctima, pero no les dan una línea de comunicación directa, o les dan simplemente un teléfono que es de la comisaría. Adicionalmente, la Policía tiene que informar de las medidas de protección al juez para innovarla, ratificarla, o retirarle, pero no se está haciendo”.

En base a la ficha de valoración de riesgo, el juez determina la medida de protección. Según norma, la policía debe comunicarla en 24 horas a la víctima, al agresor y a la policía, que debe ejecutarla. En los casos graves, la policía informa en los 5 primeros días al juzgado de la situación y luego cada mes. En casos de riesgo leve o moderado, informa dentro de los 15 primeros días y luego cada tres meses.

Otro factor, señala, es la gran cantidad de mujeres que dependen económicamente de su agresor y esa es la principal razón por la que no denuncian. En todos los casos las medidas de protección son útiles y necesarias, pero falta trabajar en toda la cadena para obtener resultados. Tanto los policías, como los jueces y fiscales , deben estar capacitados en el tema.

Siempre según el análisis de la Defensoría del Pueblo, la principal excusa que tienen los operadores para las demoras es la excesiva carga laboral, razón por la cual crearon más juzgados especializados en familia, que estén solo orientados a atender las medidas de protección.

Paliza concluye enfatizando que una de las causas del aumento de feminicidios es que, como sociedad, tenemos mayor claridad sobre estos hechos; y porque hoy tiene mucha más publicidad. Pero, además –dice- hay un tema que no se ha analizado, que es el de empoderamiento económico, lo que sí ha analizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así, según este análisis, cuando la mujer tiene más libertad en términos de derechos y forma de vida, tiene trabajo, educación y, en general es más independiente, la violencia tiende a incrementarse como una manera de dejar claro que quien tiene el poder es el hombre.

De acuerdo a ese punto de vista, “la violencia es un arma de control, los feminicidios ocurren en esa reafirmación de poder, de posición… pues no solo se mata a mujeres, sino la crueldad con la que se hace; en algunos casos es casi igual que un asesinato por ajuste de cuentas, en el grado de alevosía.. que te disparo, te quemo, te descuartizo, ya es un deseo de posesión total de la mujer; y eso es porque me dejó, porque me cambió por otro. Antes la mujer era más sumisa, ahora se va, entonces, el agresor piensa: “es más seguro que la mate”.
 

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