Pandora Papers pone contra las cuerdas a Piñera y Lasso

La revelación de la venta de la minera Dominga en Chile y de las cuentas en paraísos fiscales del Presidente de Ecuador han sacudido los regímenes de ambos países.
lunes, 18 de octubre de 2021 · 05:00

EFE y AFP /  Santiago y Quito

Los papeles de Pandora ponen contra las cuerdas a los presidente de Chile, Sebastián Piñera, y de Ecuador, Guillermo Lasso, quienes enfrentan investigaciones parlamentarias por su participación en empresas  offshore  e incluso corren el riesgo de ser destituidos de sus cargos.

El miércoles, la oposición chilena presentó una acusación para destituir al presidente del país, el conservador Sebastián Piñera, por la polémica venta de un megaproyecto minero en un paraíso fiscal revelada en los Papeles de Pandora.

Mientras tanto, en Ecuador, una comisión del Congreso indaga los nexos del presidente Guillermo Lasso con paraísos fiscales, descubiertos a raíz de la publicación de la investigación periodística

En el caso chileno, se trata de un proceso histórico pues, por segunda vez desde que asumió en 2018, Piñera enfrenta un pedido de destitución. Es, además, el segundo presidente chileno en ejercicio que encara un juicio político, tras la causa desestimada contra Carlos Ibáñez del Campo en 1956.

¿De qué se acusa a Piñera?

Parlamentarios de todos los partidos de la oposición, desde los comunistas hasta los democristianos -quienes rara vez se ponen de acuerdo-, levantaron el pedido de destitución en la Cámara de Diputados y acusaron al mandatario de haber faltado al principio de “probidad” y “comprometer gravemente el honor de la Nación”.

Todo a raíz de que los Papeles de Pandora revelaran presuntas irregularidades en la venta de la Minera Dominga por parte de una empresa de los hijos de Piñera en Islas Vírgenes Británicas, apenas nueve meses después de que este asumió el cargo para su primer mandato (2010-2014).

Según reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), la venta del proyecto al empresario y amigo de la familia presidencial Carlos Alberto Délano debía producirse en tres cuotas, pero la última estaba condicionada a que la zona no fuera declarada de protección ambiental, una decisión que dependía de Piñera.

“La oposición completa, unida, con convicción, con certeza, con responsabilidad y con todos los antecedentes en la mano, hemos presentado esta acusación constitucional por los gravísimos hechos que ha conocido todo el país”, dijo Tomás Hirsch, del izquierdista Acción Humanista.

“Tenemos que tomar decisiones pensando en Chile y no es soportable tener un presidente acusado de esta manera por delitos de corrupción”, agregó el democristiano Gabriel Ascencio.

El juicio político se suma a la investigación abierta la semana pasada por la Fiscalía chilena por cohecho y delitos tributarios en la misma operación financiera.

¿Qué podría pasar?

La acusación puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos de Piñera, de 71 años,  dueño de la cuarta fortuna más grande de Chile, de acuerdo con  Forbes.

El primer paso es instalar una comisión evaluadora integrada por cinco de los 155 diputados, que redactará un informe sobre los hechos y emitirá una resolución no vinculante.

Para que el mecanismo prospere, se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, controlada por la oposición. De conseguirse, el proceso pasará al Senado, que actúa como juez y en el que se necesitan dos tercios de los votos para destituir al Presidente.

El objetivo es que el escrito acusatorio, que previsiblemente contará con los votos en la Cámara Baja, llegue al Senado antes de las elecciones presidenciales del próximo 21 de noviembre.

Se trata del segundo intento de juzgar políticamente a Piñera, tras el conato de noviembre de 2019 por presuntas violaciones a los derechos humanos en medio de las masivas protestas contra la desigualdad, las más graves desde el fin de la dictadura.

Asamblea investiga a Lasso

El mandatario  ecuatoriano, Guillermo Lasso.
Foto: AFP

El domingo pasado, el unicameral Parlamento de Ecuador aprobó una investigación para determinar si el presidente Guillermo Lasso violó la ley al mantener dinero en paraísos fiscales, como lo revelaron los  Pandora Papers.

El Legislativo encargó dicho trámite a la Comisión de lo Constitucional “con el fin de esclarecer la vinculación del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, dentro de este caso, relacionado con depósitos de dinero en paraísos fiscales”, según el comunicado.

En 30 días la comisión elaborará un informe que se debatirá ante el pleno.

De acuerdo con la publicación periodística, Lasso controló 14 sociedades offshore, la mayoría con sede en Panamá, y las cerró después de que el entonces presidente Rafael Correa (2007-2017) aprobara una ley en 2017 que prohibía a los aspirantes presidenciales tener empresas en paraísos fiscales.

Por su parte, Lasso, dio a conocer el martes un resumen de su tributación personal desde 2005 con el fin de disipar las denuncias de evasión surgidas a raíz de la publicación de los papeles de Pandora y horas después de que la Asamblea Nacional anunciara una indagación del caso.

En un mensaje por  Twitter difundido pasada la medianoche, el mandatario expone documentos que atribuye al Servicio de Rentas Internas (SRI) en los que elabora sobre las contribuciones anuales realizadas por la corporación Multi BG, el fideicomiso familiar GLM, y el Banco de Guayaquil, que dirigió hasta 2012.

Con la publicación de la información el mandatario ecuatoriano, que entró en funciones en mayo pasado, trata de rebajar las críticas desatadas en la última semana a raíz de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) difundiera los papeles de Pandora, en los que aparecía que tenía bienes en paraíso fiscal hasta 2017.

Ese año, por consulta popular, la ley ecuatoriana prohibió a funcionarios y políticos electos tener propiedades en paraíso fiscal, por lo que Lasso asegura que los “deshizo”.

Sin embargo, la censura de la oposición ha continuado y el Parlamento decidió el lunes que la Comisión de Garantías Constitucionales abriera una indagación.

Por el momento, se desconoce el alcance de las consecuencias que podría tener esa investigación, y si podría conducir, por ejemplo, a un juicio político contra el Presidente que llevara a su destitución.

Expertos han indicado que en el caso de que se descubriera que Lasso mantiene propiedades en paraísos fiscales se produciría una situación anómala de gran dificultad para el mandatario, pero aun así no está claro qué resultados podría tener a nivel legislativo o si podría desembocar en su destitución

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