Opositores presos en Nicaragua: destierro o “moneda de cambio”

En un acto oficial, el releecto mandatario llamó a los opositores presos “hijos de perra de los imperialistas yanquis” y dijo que “se los debieran llevar a EEUU”.
jueves, 11 de noviembre de 2021 · 05:00

AFP  / Managua

La afirmación del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de que los opositores presos son “apátridas” al servicio de Estados Unidos disparó las alarmas sobre el futuro sombrío que espera a los detenidos: el destierro o su uso como “moneda de cambio”.

Durante un acto oficial en el que festejó su reelección, Ortega, quien lleva 14 años consecutivos en el poder y asumirá otro mandato de cinco años, llamó el lunes a los opositores presos “hijos de perra de los imperialistas yanquis”.

“Se los debieran llevar a Estados Unidos, no son nicaragüenses, dejaron de serlo. No tienen patria”, afirmó Ortega, reelegido el domingo con un 76% de votos, en unos comicios con siete aspirantes presidenciales detenidos.

Activistas de derechos humanos, analistas y familiares de los detenidos expresaron de inmediato su preocupación por esas declaraciones.

“Rehenes”

“Estamos demandando que se ponga en libertad a los presos políticos de inmediato, que no sean utilizados como rehenes o moneda de cambio en la negociación que seguramente Ortega tratará de poner en marcha”, dijo a la AFP el director regional para América Latina y el Caribe de la ONG IDEA Internacional, Daniel Zovatto.

Tras las elecciones “los presos se le convirtieron a Ortega en un pasivo” y pretende negociar rápidamente su liberación, pero quiere “cobrar por eso” al sacarlos del país y así evitar su liderazgo interno, dijo  el analista y exdiputado Eliseo Núñez, en el exilio.

Desde junio pasado, en pleno proceso electoral, 39 opositores fueron detenidos, entre ellos los siete aspirantes presidenciales, acusados de conspiración, traición a la patria, menoscabo a la soberanía y delitos de lavado de dinero, bajo leyes aprobadas en diciembre pasado por la mayoría oficialista en el Congreso.

Ese grupo se sumó a unas 120 personas encarceladas por participar en las protestas contra el Gobierno de 2018, cuya represión dejó al menos 328 muertos y más de 100 mil  exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Piezas de ajedrez”

El mandatario, que cumple 76 años el jueves, acusa a los opositores de “criminales” y “terroristas” que se organizaron con ayuda de Estados Unidos para dar un golpe de Estado con las protestas de 2018 y que, según él, intentaron conspirar nuevamente para impedir las elecciones del pasado domingo.

Yader Valdivia, jurista y activista de derechos humanos,  dijo  que “sería una jugada sucia de Ortega liberar a los presos, pero enviarlos al destierro” para evitar “que sigan demandando democratizar el país”.

“Es algo sistemático de gobiernos autoritarios. Lo hicieron Cuba y Venezuela con sus propios opositores”, señaló.

Ortega “va a tener que liberar a los opositores. Desde el punto de vista humanitario es muy bueno, aunque sea fuera del país (...), pero es un mal precedente, quitarle la ciudadanía a alguien sólo porque piensa diferente”, comentó Eliseo Núñez.

Para la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, la eventual expulsión de los opositores del país y el despojo de la nacionalidad es una “violación de derechos”.

En una conferencia telefónica, el secretario adjunto para asuntos de las Américas en el Departamento de Estado de Estados Unidos, Ricardo Zúñiga, acusó a Ortega de imponer “una dictadura basada en el personalismo” y sostuvo que los presos no deben ser considerados “piezas de ajedrez”.

Riesgo para su seguridad

Familiares de los opositores detenidos han denunciado que sus parientes han estado aislados, sin recibir sol, sin comer adecuadamente, con pérdidas extremas de peso y una situación jurídica incierta.

Cinco agrupaciones de familiares y la presidenta del Cenidh advirtieron que los insultos de Ortega hacia los detenidos ponen en “riesgo” su seguridad.

“Preocupa que estos nuevos insultos sean interpretados de manera implícita como una ‘orden de ejecución’ para que funcionarios policiales y penitenciarios se sientan legitimados para llevar a efecto actos de venganza política contra personas presas”, alertaron los familiares, en un comunicado emitido el martes.

En Managua, Vilma Núñez coincidió en que la arenga de Ortega puede incitar a los funcionarios de la cárcel a aumentar el maltrato. Para el mandatario nicaragüense “los opositores presos son responsables del vacío de las calles el día de la elecciones y las críticas de la comunidad internacional tras los comicios”, dijo Núñez.

En declaraciones  vía telefónica, la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, consideró “preocupante” que, tras las elecciones, Ortega sostenga un discurso “estigmatizante” contra los detenidos.

“Se trata de la criminalización de las voces disidentes, sin garantías mínimas del debido proceso y en condiciones carcelarias que no cumplen el estándar mínimo de derechos humanos, llegando a malos tratos e incluso tortura”, observó Urrejola.

El lunes, Amnistía Internacional señaló que la perspectiva de una nueva Presidencia de Daniel Ortega en Nicaragua tras los comicios del domingo es “aterradora”, en un país donde las “violaciones a los derechos humanos” se volvieron cada vez más comunes durante su gobierno.

“Una vez más, las personas en Nicaragua se encuentran ante un contexto en donde expresar una crítica en contra de su gobierno los pone en grave riesgo”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Durante los últimos años “hemos sido testigos del desarrollo de la trama de una historia de terror en el país”, agregó.

Ataques a la  prensa

  • Denuncia La organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) denunció que registraron 52 agresiones contra la prensa durante el proceso electoral que culminó el domingo con la reelección del presidente Daniel Ortega para un cuarto mandato consecutivo. Entre los incidentes se mencionan “17 agresiones a medios de comunicación por intentar ingresar a centros de votación”, que incluyen casos de “acoso, agresión física, asedio y censura”, indicó la organización.

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