Activan comités para gestionar la crisis carcelaria en Ecuador

Las fuerzas de seguridad han dado en las últimas horas por controlada la situación en dos centros de reclusión, tras los nuevos intentos de amotinamiento.
viernes, 26 de febrero de 2021 · 05:05

EFE  /  Quito

El ministro de Gobierno de Ecuador, Patricio Pazmiño, activó ayer Comités de Seguridad en diferentes provincias del país, especialmente en aquellas donde se han registrado sangrientos motines, para dar respuesta a la crisis carcelaria en el país.

“He dispuesto a gobernaciones activar de manera permanente Comités de Seguridad en provincias, especialmente Guayas, Azuay y Cotopaxi, a fin de gestionar la crisis carcelaria”, indicó el ministro.

Las fuerzas de seguridad ecuatorianas han dado en las últimas horas por controlada la situación en dos centros de reclusión tras los nuevos intentos de amotinamiento y disturbios de los reclusos, según informó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad del país (SNAI).

Las intervenciones se estaban produciendo desde la noche pasada en la cárcel número 4 de Guayaquil, donde concluyeron de madrugada, y en la de Cotopaxi, en la ciudad de Latacunga, a unos 80 kilómetros al sur de Quito, precisó el SNAI en un trino.

Fuerzas de seguridad habían activado el protocolo de emergencia ante un nuevo amotinamiento en Guayaquil, y en un comunicado divulgado al borde de la medianoche local, dieron por terminada la operación, aunque no especificaron si se habían producido víctimas.

“Gracias a la acción coordinada de los Agentes de Seguridad Penitenciaria, la Policía de Ecuador y las Fuerzas Armadas, los incidentes suscitados en el Centro de Privación de Libertad Guayas N°4 se encuentran controlados”, decía el escueto comunicado.

Horas antes, el comandante general de la Policía Nacional, Patricio Carrillo, había confirmado por redes sociales que “nuevamente reportan desmanes” en ese centro penitenciario y que, “con la desventaja evidente frente a la agresividad e irracionalidad de los grupos delictivos, la Policía ingresará otra vez con la fuerza racional necesaria”.

El martes, la prisión número 4 de Guayaquil fue escenario de la muerte de 31 personas dentro de una ola de motines y enfrentamientos en el país en la que murieron al menos 79 personas y una veintena resultaron heridas.

Vista  del centro penitenciario de  Cotopaxi.
Foto: EFE

En un centro aledaño, la prisión número 1 de Guayaquil, se registraron seis decesos, en la de Cotopaxi otros ocho, y en la del Azuay (sur), 34.

Una novena víctima de la cárcel de Cotopaxi, que elevaría el recuento global a 80, corresponde al cadáver de un recluso hallado el miércoles en una celda durante las revisiones de los organismos de seguridad, aunque no se ha confirmado si ya estaba en las últimas estadísticas oficiales.

Los organismos del Estado investigan los hechos que parecen responder a la rivalidad entre bandas criminales que se disputan el mapa delictivo en el país, y que podrían estar involucradas también en el narcotráfico.

Los ajustes de cuentas en centros penitenciarios se registran, además, en un contexto de hacinamiento cercano al 30% según organismos especializados, déficit de personal penitenciario del 70%, o falta de presupuesto para las cárceles, entre otros factores.

 La oficina de la ONU en Ecuador pidió el miércoles “una investigación pronta e imparcial”.

También pidió sancionar “a los responsables, y una gestión de la crisis conforme a los estándares de la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos”.

En una de las operaciones que siguieron a la revuelta en Guayaquil se hallaron “armas de fuego, cuchillos, machetes, teléfonos celulares y drogas. Las armas fueron utilizadas en las agresiones entre los internos”, afirmó el fiscal local Carlos Vaca.

Ecuador tiene alrededor de 60 centros penitenciarios con capacidad para albergar a 29.000 personas, pero la sobrepoblación ronda el 30%.

A la fecha hay cerca de 38.000 reclusos bajo la custodia de unos 1.500 guardias. Según expertos, se necesitan 4.000 para ejercer un control efectivo de las cárceles ecuatorianas.

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