Estudio expone severos términos y penalidades de los créditos chinos a Argentina

La intención del Gobierno de Alberto Fernández de prorrogar el pago de una cuota de USD 2.400 millones de la deuda refinanciada en 2014 con el Club de París enfrenta dos obstáculos.
sábado, 29 de mayo de 2021 · 12:14

Infobae

La intención del Gobierno de Alberto Fernández de prorrogar el pago de una cuota de USD 2.400 millones de la deuda refinanciada en 2014 con el Club de París enfrenta dos obstáculos. El primero es bien conocido: para refinanciar, el Club pide que Argentina tenga un acuerdo con el FMI, algo que el ministro de Economía, Martín Guzmán, busca suplir con un guiño o señal positiva del Fondo, que hace las veces de “auditor” del Club. En 2014, por eludir esa “auditoría”, el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, firmó un trato muy oneroso, sin ningún alivio de intereses ni punitorios, a tasas muy altas y a pagar en un plazo muy breve para los estándares del grupo de países.

El segundo obstáculo son los créditos que la Argentina firmó con entes financieros chinos y que incluyen lo que un reciente estudio llamó “No Paris Club Clauses”, esto es, cláusulas que en un 75% de los préstamos otorgados por China rechazan expresamente conceder a los deudores el mismo tipo de facilidades que eventualmente les brinde el Club de París.

A eso se refirió recientemente el embajador de Japón en la Argentina, Tahakiro Nakamae, que en una entrevista con DiarioAr resaltó que los créditos involucran dinero de los contribuyentes de los países acreedores (Japón es el segundo más importante de Argentina en el Club, detrás de Alemania; juntos suman el 59%), reiteró el pedido de que el Gobierno acuerde antes con el FMI y puntualizó: “el otro punto tiene que ver con la llamada comparabilidad de trato... no resultaría justo si Argentina propusiera la prórroga de pago de sus deudas y continuara pagando a otros acreedores fuera del Club. Quisiéramos, en este sentido, trato equilibrado”.

Nakamae rehusó aclarar si hablaba de China. Pero un estudio internacional titulado “Cómo presta China, una mirada a 100 contratos de deuda con gobiernos extranjeros”, presentado en Washington por Anna Gelpern (profesora de la Universidad de Georgetown), los investigadores norteamericanos Scott Morris y Brad Parks y los alemanes Sebastian Horn y Christoph Trebesch, del Instituto Kiel de Economía Mundial, indica que apuntaba hacia allí.

Gelpern fue una de las especialistas en contratos y deuda soberana que en agosto de 2020, días antes del anuncio del acuerdo de Argentina con los acreedores privados, participó en un evento en la Universidad de Boston (EEUU) fogoneado por el Ministerio de Economía argentino.

El nuevo estudio, presentado en el Instituto Petersen de Economía Internacional, en Washington, se basa en una recopilación de AidData, un centro que accedió a 100 contratos de entes y bancos oficiales de China con 24 países en desarrollo, firmados entre 2000 y 2020 por un total de USD 36.600 millones.

Es una muestra pequeña comparada con los más de 2.000 contratos que agencias estatales chinas firmaron con países en desarrollo desde el año 2000, pero suficiente para identificar los estándares y cláusulas más habituales del crédito chino, dice el estudio. Diez de los 100 contratos, por USD 8.574 millones, son entre la Argentina y los prestamistas chinos más repetidos: China EximBank, Banco de Desarrollo Chino (CDB, por su sigla en inglés), Bank of China (BOC) e Industrial & Commercial Bank of China (ICBC).

Principal acreedor oficial internacional

China es el más grande acreedor oficial internacional, pero se desconocen hechos básicos sobre sus créditos. Muy pocos contratos entre prestamistas estatales chinos y países deudores se publicaron o analizaron, dice el estudio, que se presenta como “el primer análisis sistemático de los términos legales de los créditos extranjeros de China” y compara las condiciones de 100 de ellos con los de una muestra de 142 contratos, representativa de las cláusulas crediticias de otras entidades y países del mundo. El conocimiento de las condiciones legales y financieras del crédito chino, dicen los autores, se volvió más relevante a raíz de la pandemia y las probables tensiones y riesgos de crisis financieras en países endeudados con China.

Las tres principales conclusiones del estudio son las siguientes:

1- Los contratos chinos tienen cláusulas de confidencialidad extremas, al punto de prohibir al deudor revelar los términos y en algunos casos hasta la existencia del crédito. Un tipo de prohibición, dice el estudio, que a veces se impone al acreedor, no al deudor.

2- Los acreedores oficiales chinos buscan ganar ventajas sobre otros acreedores con diversos mecanismos, como cuentas bajo su control de ingresos generados por los proyectos que financian, y el compromiso de excluirlos de cualquier restructuración colectiva. Es lo que el estudio llama “No Paris Club Clauses”.

En el caso argentino la cuestión es aún más explícita. Tres de los contratos del China Developtment Bank (CDB) con el Ministerio de Economía de la Argentina -cita el estudio- son aún más expansivos y explícitos: “el deudor bajo ninguna circunstancia traerá o someterá las obligaciones de estos documentos financieros a cualquier restructuración con el Club de París o cualquier plan de reducción de deuda con el FMI, el Banco Mundial o cualquier otra institución financiera multilateral del cual el Estado (deudor) sea parte”.

Así, China prohíbe al deudor (en este caso, la Argentina) intentar extender cualquier mejora o concesión de otros acreedores, a menos que el ente estatal acreedor lo consienta previamente.

 3- Los créditos de China tienen cláusulas de cancelación, aceleración y estabilización que le brindan gran influencia sobre las políticas internas del deudor. Cláusulas que, aun de no prevalecer en un litigio, limitan opciones al deudor y complican la renegociación. De los 100 contratos analizados, además, dos dan al acreedor estatal chino “senior status” (prioridad de cobro) por sobre cualquier otro acreedor; uno es un préstamo del ICBC a la Argentina y otro uno del Eximbank chino a Sierra Leona.

En general, dice el estudio, los contratos tienen un “diseño creativo” para manejar el riesgo crediticio y saltar problemas de cumplimiento y presentan a China como un prestamista “astuto y muscular” al mundo en desarrollo.

Advertencia de Janet Yellen

Algunos investigadores, menciona el trabajo, sostienen que China tiene una deliberada “diplomacia de trampa de la deuda”: la dureza de sus contratos le permitiría hacerse de activos estratégicos de deudores con problemas financieros. De hecho, el viernes 14 de mayo, en la reunión organizada en el Vaticano por el Papa Francisco, la propia secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen dijo, en un evento del que también participó Guzmán, “muchos países aumentaron sus deudas con acreedores como China, que ha menudo ha aplicado cláusulas no transparentes y difíciles de repago”.

Antes, a mediados de abril, en una visita a Buenos Aires Juan González, asesor para América Latina del presidente de EEUU, Joseph Biden, había criticado el “mercantilismo de las vacunas de China y Rusia”. Este jueves el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el también norteamericano Mauricio Claver Carone, designado durante la gestión de Donald Trump, pidió recapitalizar el BID y frenar el creciente peso de China en América Latina que -dijo- se apalancó excesivamente en créditos del organismo. Y el Gobierno argentino se metió de lleno en la tensión geopolítica entre Washington y Beijing al retirarse de una denuncia por violación de los derechos humanos en Venezuela y votar -junto a China, Rusia, Irán, Venezuela y otros países enfrentados a la línea occidental- contra Israel por su respuesta militar a los recientes ataques terroristas de Hamas.

Como ejemplo del hábito chino de buscar ventajas sobre otros acreedores el estudio precisa que todos los contratos posteriores a 2014 tienen cláusulas de confidencialidad muy vastas, que prohíben al deudor informar sobre los términos del contrato, mientras sólo 2 de los 142 contratos de acreedores comerciales de otros países tienen cláusulas comparables. Además, 30% de los contratos chinos, que representan el 55% de los montos de crédito de la muestra, exigen al deudor abrir una cuenta bancaria especial, en una entidad a satisfacción de China, que sirva como seguro de repago y se integre con ingresos del o los proyectos financiados. En la práctica, estas cuentas quedan fuera del control del deudor.

Por si esa cláusula no fuera suficiente para eludir la paridad de condiciones con otros acreedores, el 75% de los contratos tienen cláusulas que el estudio llama “No Paris Club” y comprometen expresamente al acreedor a excluir el crédito de cualquier facilidad concedida por el Club de París u otro acreedor bilateral. Estas cláusulas, dice el estudio, van en contra de marcos de negociación acordados en el G20.

Además, todos los contratos con el Eximbank y el Banco de Desarrollo (CDB) incluyen cláusulas de default cruzado que habilitan al acreedor a exigir el inmediato y completo repago en caso de default de otros créditos. Esa es una práctica habitual en el crédito comercial, dice el estudio, pero China le agrega la de tratar como default “cualquier acción adversa a los intereses de las inversiones de China en el país deudor”.

Esos términos, dice el estudio, van contra toda práctica comercial internacional, pues exceden la protección del derecho de cobro y protegen, en verdad, los intereses estratégicos del país acreedor. China las usó, recuerdan los autores, cuando en 2016 impidió al gobierno de Mauricio Macri prescindir (por razones ambientales) del préstamo de USD 4.700 millones otorgado por el China Development Bank Corporation (CDB), el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y el Bank of China Limited (BOC) para la construcción de las “represas patagónicas” en Santa Cruz. China recurrió a la cláusula de “cross default” en un préstamos de USD 2.000 millones del CBD para obras del Ferrocarril Belgrano Cargas. Este tipo de cláusulas, dice el estudio, atan al país receptor a un proyecto y le dan a China más poder negociador e influencia política sobre el supuesto “soberano”.

Cabe recordar que las “represas patagónicas” se licitaron 3 veces: 2007, 2010 y 2012. La última fue el 12 de diciembre de 2012 al mediodía. Esto es, el 12 del 12 del 12 a las 12. La entonces presidente Cristina Kirchner justificó la elección de día y hora de la presentación de ofertas porque las represas llevarían los nombres de Néstor Kirchner” y Jorge Cepernic (un exgobernador de Santa Cruz), del siguiente modo: “el 12 en la quiniela es el soldado: y Kirchner y Cepernic eran dos soldados”.

La mejor oferta fue de un consorcio cuyo socio argentino era Austral Construcciones, de Lázaro Baez, ya entonces en problemas judiciales. Una “carta de descuento” presentada fuera de término y analizada a la velocidad de la luz por Economía, entonces a cargo de Hernán Lorenzino, hizo que el proyecto se adjudicara al consorcio encabezado por la china Gezhouba y que incluye a las argentinas HidroCuyo y Electroingeniería, otra firma cercana al kirchnerismo. El primer desembolso, de casi testimoniales USD 287 millones, se hizo en 2015.

El paper sobre los créditos chinos señala también que muchos contratos tienen términos que van mucho más allá de la cuestión comercial y amplían la influencia sobre la política económica y exterior del deudor. Por caso, 50% de los firmados con el China Development Bank (CDB) tienen claúsulas de default cruzado que abarcan desde causas por expropiación hasta “acciones ampliamente definidas como adversas a los intereses de una entidad de la República Popular China”. Todos los contratos firmados por el CDB estipulan en tales casos la posibilidad de “terminación de relaciones diplomáticos entre China y el país deudor”.

Eso es ajeno a cualquier práctica comercial y niega tal carácter al crédito chino, dice el estudio. Y agrega que 90% de los contratos chinos -y todos los que involucran al CDB- tienen cláusulas que permiten al acreedor terminar el contrato y exigir inmediato repago de lo desembolsado hasta ese momento en caso de “cambios legales o políticos significativos” en el país deudor, letra por demás amplia. De modo similar, 30% de los contratos analizados tienen cláusulas de “estabilización”: el deudor asume todos los costos derivados de eventuales cambios en sus políticas ambientales y laborales.

La influencia de China se hace sentir también en la voz del embajador argentino en Beijing, Sabino Vaca Narvaja, que hace unos días elogió al presidente chino, Xi Jinping, llamó al país asiático “aliado clave en la recuperación” y aconsejó abiertamente “aceptar la tecnología 5G de China”. Como si fuera embajador chino en la Argentina, y no al revés.

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