México carece de "voluntad política" para erradicar torturas a detenidos

Violencia sexual, descargas eléctricas y asfixia son algunas de las vejaciones que han llegado a sufrir los inmigrantes detenidos indocumentados en México.

Redacción Diario Página Siete
Planeta
Redacción Diario Página Siete
Por 
La Paz - jueves, 04 de septiembre de 2014 - 13:20

Violencia sexual, descargas eléctricas y asfixia son algunas de las vejaciones que han llegado a sufrir los detenidos -muchos inmigrantes indocumentados- en México, país que carece de "voluntad política" para erradicar la tortura, denunció el jueves Amnistía Internacional (AI) en un informe.

El número de denuncias sobre este delito registradas en 2013 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos -CNDH- (1.505) fue "600% superior" a la registrada antes de 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón lanzó una ofensiva militarizada contra el crimen organizado que desató una ola de violencia, asegura la ONG con sede en Londres.

Los dolorosos relatos de sobrevivientes a la tortura que recopilan las ONG locales "indican que la mayoría de las denuncias" podrían relacionarse con abusos de las policías y el ejército, pero "esto no se refleja en los datos nacionales publicados", añade en el informe "Fuera de control: Tortura y otros malos tratos en México".

Así, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), que mantiene el despliegue militar, "no ha demostrado hasta ahora tener la voluntad política de convertir la erradicación de la tortura en una prioridad clara", considera la ONG que lleva más de 50 años documentando el uso de la tortura en el país.

Consultado por la AFP, el gobierno -que esgrime una disminución de 30% del número de denuncias sobre tortura entre 2012 y 2013 basándose en cifras de la CNDH- no comentó el informe. - Perpetradores y cómplices -El relator especial de la ONU para la tortura, Juan E. Méndez, coincidió recientemente en que la tortura en México es "generalizada" sobre todo en el periodo inmediatamente posterior a la detención de las personas, y es aplicada por militares y policías en un ambiente de "impunidad".

"Con frecuencia las autoridades han ignorado, o incluso han permitido tácitamente, el uso de la tortura u otros malos tratos, al considerarlo 'necesario' para (...) atrapar a presuntos delincuentes y tranquilizar a la opinión pública", asegura AI. Además, "el hecho de que el ministerio público y los jueces no examinen con rigor la legalidad de las detenciones ni investiguen las denuncias de detención arbitraria" fomenta los abusos, añade la ONG, que asegura que "ninguna (denuncia por tortura) desembocó en condena penal", de las 7.164 recibidas entre 2010 y 2013.

- Emigrantes y mujeres en la mira -La mayoría de los casos documentados por AI "son hombres de comunidades marginadas y grupos vulnerables, como los migrantes en situación irregular", pero la ONG también subraya que las mujeres "son especialmente vulnerables a la tortura sexual cuando están bajo custodia".

La mexicana Claudia Medina y el inmigrante y activista hondureño Amílcar Colón destacan entre estos casos. En 2012, Medina fue sacada con los ojos vendados y las manos atadas de su casa en Veracruz (este) por elementos de la Marina Armada, quienes en un cuartel le propinaron golpes, descargas eléctricas y abusos sexuales, hasta que finalmente firmó una hoja que no le permitieron leer completamente.

Poco después, fue presentada ante los medios como parte de una banda delictiva capturada en posesión de drogas y armas. Aunque salió libre bajo fianza, la fiscalía no ha investigado su denuncia de tortura, pero sí "ha continuado la investigación criminal contra ella basada en las pruebas falsificadas", apunta AI.

Por su parte, Colón, se vio obligado por el cáncer de uno de sus hijos a emigrar como indocumentado a Estados Unidos en 2009. Encontrándose en una casa de seguridad de traficantes de emigrantes en Tijuana (fronteriza con EEUU), presenció una balacera con policías y corrió por su vida. Pero fue detenido por los uniformados, que le impidieron contactar a su consulado, le torturaron de forma sangrienta y le acusaron de criminal, por lo que continúa preso en Nayarit (noroeste).

AFP

 

 

Esta noticia es de acceso restringido.

Para seguir leyendo, suscribete o accede a tu cuenta:

REGÍSTRATE INICIAR SESIÓN


Mensaje de Raúl Garáfulic, presidente de Página Siete

 

Estimado amigo lector:

Me dirijo a usted para agradecerle por su preferencia hacia Página Siete, que nos ha convertido en uno de los medios de comunicación más influyentes del país. 

En esta ocasión, necesito pedir su apoyo, mediante la contratación de una suscripción a Página Siete Digital. La evolución hacia un modelo de negocios de suscripciones digitales es una tendencia entre los diarios más importantes del mundo.   

Por un costo cercano a $us 5 al mes, los suscriptores recibirán acceso a contenidos premium de nuestro portal www.paginasiete.bo, como el periódico impreso digital (ePaper), varios “newsletters” temáticos, podcasts, más de 12 años de archivo digital (hemeroteca), y otros productos especiales.

Si bien el servicio que le ofrecemos es sustancial para mantenerlo bien informado, lo más importante es que usted ayudará a preservar la libertad de expresión, al permitirnos alcanzar el equilibrio financiero que todo periodismo independiente necesita. 

Durante los últimos tres años, los ingresos de los periódicos del país se redujeron dramáticamente. Primero, por la pandemia, que afectó la venta de periódicos impresos y, luego, por la caída de anuncios publicitarios, causada por la crisis económica actual.

En nuestro caso, la situación se complicó aún más, por el permanente acoso al que nos sometió el Gobierno, mediante agresivas auditorías y multas de varias instituciones del Estado, que, por supuesto, no se aplican a nuestros competidores.

También hubo presión directa contra algunos clientes, como la que provino de aquel funcionario que, con argumentos infundados, “sugirió” a algunos anunciadores que no publiquen en Página Siete, lo que, por cierto, es ilegal.

Adicionalmente, recibimos frecuentes ataques verbales y/o amenazas de líderes del partido oficialista, como Evo Morales, Juan Ramón Quintana, el Procurador General del Estado, y hasta de operadores judiciales, como el ex presidente del Consejo de la Magistratura y otros más. 

Para cerrar la brecha entre ingresos y egresos contamos con el profesionalismo, creatividad y capacidad de trabajo de nuestro comprometido equipo de profesionales, pero también necesitamos su apoyo. 

Defender la libertad de expresión es una buena causa porque nos permitirá seguir fiscalizando a los poderes del Estado, controlados, casi en su totalidad, por un mismo partido, para lograr una Bolivia más justa. 

Nuestro propósito es alcanzar 10,000 suscriptores, con el apoyo de quienes valoran nuestro trabajo. El objetivo es razonable, considerando que Página Siete tiene dos millones de lectores únicos por mes, según Google Analytics, de los cuales, 75% están distribuidos en todo el país y 25% son bolivianos que residen en el extranjero.

Suscribirse a Página Siete Digital es fácil con nuestro nuevo sistema “online”, que acepta pagos por QR, tarjetas de crédito/débito y otros, solo tiene que hacer clic en el botón al final de esta nota y seguir las instrucciones.

Su apoyo puede marcar la diferencia, muchas gracias.

Raúl Garáfulic Lehm
Presidente de Página Siete

 

Hacer click

 

NOTICIAS PARA TI

OTRAS NOTICIAS