Los rápidos de Cachuela Esperanza, en Beni.

Pérdidas millonarias por el contrato ENDE –Tecsult

Hay dudas sobre un convenio firmado por el Estado y una consultora holandesa, por más de 8 millones de dólares, sobre el proyecto Cachuela Esperanza.
viernes, 4 de octubre de 2013 · 11:36
En 2008 la Empresa Nacional Electricidad (ENDE) firmó con la empresa canadiense Tecsult International Limité un contrato por más de ocho millones de dólares por la entrega de diferentes productos, entre los que se encuentra el estudio de factibilidad y diseño final del proyecto hidroeléctrico de Cachuela Esperanza. 
Sin embargo, a la fecha no se conocen las condiciones en que se concluyó el contrato ni si se llegó a pagar esos ocho millones de dólares por ese estudio que, al parecer, está inconcluso. El contrato con Tecsult fue denunciado a la Contraloría y una auditoria estableció indicios de responsabilidad administrativa, cuyas consecuencias tampoco se conocen. Al mismo tiempo, el estudio presentado por Tecsult demuestra que la megarrepresa de Cachuela Esperanza es un proyecto social, ambiental y económicamente inviable. 
A pesar de  la inviabilidad del proyecto, en diciembre del 2012 ENDE firmó un Memorándum de Entendimiento con la empresa china Sinohydro para "la revisión y optimización del diseño en potencia y costo del Proyecto Hidroeléctrico Cachuela Esperanza”, según un informe del Ministerio de Hidrocarburos. Este estudio no implica costo alguno para Bolivia. Sinohydro tenía un plazo de 90 días para entregar sus primeros resultados. Hasta el momento, la ciudadanía no conoce esos resultados. Sinohydro cuenta con innumerables denuncias en Ecuador por malos manejos en la construcción de la megarrepresa Coca Codo Sinclair en Ecuador.
La megarrepresa de Cachuela Esperanza  es la cuarta represa del Complejo Madera, un proyecto hidroeléctrico que forma parte de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). Las primeras dos, Jirau y Santo Antonio, ya fueron construidas sobre el río Madera en territorio brasileño, mientras que la tercera, Ribeirao, y la cuarta, Cachuela Esperanza, podrían ser edificadas en los próximos años. 
ENDE, dependiente del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, encomendó a la empresa consultora  canadiense Tecsult el análisis de los impactos ambientales de las represas de Jirau y Santo Antonio en territorio boliviano, un estudio de prefactibilidad de las alternativas de aprovechamiento hidroeléctrico y navegación fluvial de los ríos Madera, Mamoré, Beni y un estudio de factibilidad y a diseño final del proyecto hidroeléctrico Cachuela Esperanza de aproximadamente 800 Megavatios. El monto a pagar  por estos productos asciende a 8.179.928,55 dólares. 
El contrato ENDE-Tecsult
Las denuncias contra el convenio entre ENDE yTecsult fueron efectuadas por el Foro boliviano sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade) el 8 de abril de 2009.   
La denuncia de la institución ambientalista data del 8 de abril del 2009 y cuestiona, entre otros aspectos, que ENDE, incumpliendo lo establecido por la Ley SAFCO o de Administración y Control Gubernamentales, haya cursado una invitación única  y directa a la mencionada empresa; se reclama el total desconocimiento de los procedimientos de evaluación y calificación de la consultora seguidos por la comisión evaluadora de ENDE, así como también los criterios de esa empresa estatal para evaluar la propuesta de Tecsult. Al mismo tiempo, Fobomade pide una justificación técnica del monto del contrato y argumenta que el estudio de la empresa canadiense habría readecuado estudios anteriores en su proyecto, ya existentes, "por lo que no se comprende el elevado monto del contrato”. 
Uno de los puntos clave de la denuncia es el hecho de que ENDE no haya cumplido con la condición contractual de entregar un levantamiento topográfico de la zona a Tecsult. "Es aberrante”, afirma la coordinadora de Fobomade, Patricia Molina, y agrega que "se dio el mejor pretexto a Tecsult para incumplir el contrato y eso se traduce en un daño económico al Estado boliviano”. 
La ausencia del levantamiento topográfico derivó en la paralización del trabajo de Tecsult, que no llegó a entregar los estudios de impacto ambiental, tal como debió hacerlo. 
La causa del incumplimiento de Tecsult se debe precisamente a la ausencia de un estudio topográfico adecuado.  En la respuesta a una petición de informe formulada por el diputado Juan Carlos Ojopi al Ministerio de Hidrocarburos y Energía del 24 de marzo de 2011,  se justifica esta negligencia al asegurar que "se trata de una zona sumamente extensa y de difícil acceso, debido a la falta de infraestructura vial e inundaciones periódicas”. 
El contrato establece la entrega de un anticipo de 20% del monto, es decir, 1,64 millones de dólares, para movilización. "ENDE debe informar sobre el uso de este anticipo; también si hasta la fecha no ha entregado la información comprometida (el levantamiento topográfico), lo que significa un argumento para que la consultora no ejecute el proyecto, lo que genera un beneficio económico a la misma en desmedro de los intereses del estado”, reclama Fobomade.
Cuestionamientos
¿Por qué no se previó esta situación –la falta del estudio topográfico de la zona- antes de la firma del contrato con Tecsult? ¿A cuánto ascienden las pérdidas a causa del  incumplimiento de ENDE? Éstas son algunas de las preguntas que la revista Miradas de Página Siete hubiera querido formular a ENDE. 
Logró comunicarse con el gerente de esta empresa estatal, Jorge Arturo Iporre Salguero, quien pidió que dirigiéramos todas las consultas sobre el contrato entre ENDE y Tecsult al Ministerio de Hidrocarburos y Energía, pero la Unidad de Comunicación de esta cartera de Estado derivó un cuestionario preliminar de este medio al Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas, con la promesa de tramitar una entrevista personal con la viceministra Hortensia Jiménez Rivera. Poco después, sin embargo, esta repartición contestó  que las preguntas eran "demasiado específicas”. Finalmente se informó que la Viceministra se había fracturado una de sus extremidades inferiores, por lo cual la posibilidad  de una entrevista se había tornado aún más inviable.
Otro de los puntos que se cuestiona es que, según el contrato, los términos de referencia para el "Estudio de prefactibilidad de las alternativas de aprovechamiento hidroeléctrico y navegación fluvial de los ríos Madera, Mamoré y Beni” debieron haber sido puestos en conocimiento de un Comité Técnico y una Comisión Impulsora creados previamente a la contratación, según establece el Decreto Supremo 28389. Pero tampoco se cumplió con esta condición. Así lo revela una respuesta del Ministerio de Hidrocarburos de Hidrocarburos y Energía fechada en 2011: "La conformación oficial de la Comisión Impulsora no fue puesta en conocimiento de ENDE”. Es la justificación de esa Cartera de Estado.  
Una de las sorpresas con que se encontró Miradas en la revisión del extenso documento entregado por Tecsult está relacionada con el trabajo del ingeniero hidráulico Jorge Molina, uno de los más arduos críticos del proyecto de la megarrepresa de Cachuela Esperanza, así como de todo el Complejo Madera. 
"Tecsult ha intentado contratarme como parte de su equipo de consultores. Yo no acepté,  porque  me iba a quitar toda independencia de opinión. Pero mis trabajos son públicos y ellos consiguieron la información. Lo que  hicieron fue usar mis datos para el río Madera y  traspasarlos al río Beni. Eso es escaparse de sus responsabilidades. Ellos debieron haber tomado mediciones en el sitio en el que estaban trabajando. Lo mío podría haber servido de referencia general, pero nada más. Realmente no es posible tomar los datos de otro río y traspasarlos a otro que uno está estudiando. Un supervisor serio de esos estudios hubiera observado esto inmediatamente”, afirma Molina.
Éstos son sólo algunos de los vicios y observaciones al contrato ENDE-Tecsult. Otra de las dudas fundamentales, tanto en torno al contrato como a la intención de construir la represa de Cachuela Esperanza, es que alrededor del 95 % de la energía generada por esta megarrepresa estaría destinada a la exportación a Brasil. Sin embargo, no se conoce si hay interés del vecino país por comprar esta energía. La Cancillería no atendió ninguna de las numerosas solicitudes para una entrevista con este medio. Tampoco las autoridades brasileñas, ni dentro ni fuera del país, han respondido a un requerimiento periodístico al respecto. 
Diversas fuentes allegadas al Gobierno boliviano, que pidieron mantener su identidad en reserva, revelaron que no se han dado negociaciones específicas con respecto a la posibilidad de exportar energía de Cachuela Esperanza a Brasil. "Eso ya se ha dicho”, expresa el ingeniero hidráulico boliviano Jorge Molina, experto en el tema; "se sabe incluso que, en alguna reunión entre diferentes autoridades, Brasil ha afirmado que no tiene interés en la energía de Cachuela”, asegura el experto. 
¿Cómo se puede firmar un contrato de ocho millones de dólares, si no se han llevado a cabo las negociaciones correspondientes con el país vecino y si no hay ni siquiera una carta de intenciones o algún documento similar que dé cuenta y fe de dichas negociaciones o de las posibilidades reales de exportación?, es la pregunta que este medio no tuvo la oportunidad de formular.  
Detectaron indicios
Tras la denuncia de Fobomade ante la Contraloría, esta entidad determinó la necesidad de una auditoría al proceso de contratación ENDE-Tecsult. Sin embargo, no fue el personal de la Contraloría el que llevó a cabo dicha auditoría, sino el propio Ministerio de Hidrocarburos y Energía. 
"En ese momento, la Contraloría no tenía el personal necesario porque ya contaba con su  planificación de actividades y le respondimos en ese sentido a Fobomabe, que insistió en que deberíamos realizar esa auditoría. Enviamos una nota para que el Ministerio de Hidrocarburos y Energía realizara esa auditoria especial  a través de su Unidad de Auditoría Interna”, reconoce el contralor General, Gabriel Herbas. 
¿Cuál es el monto que efectivamente se pagó a Tecsult para el estudio?, preguntó este medio al contralor Herbas. "La auditoría que se ha hecho es únicamente al proceso de contratación, ésa era la solicitud del Fobomade”, respondió. 
"La auditoría inicialmente ha establecido indicios de responsabilidad administrativa a través de un informe circunstanciado que se ha remitido a la autoridad competente. La Contraloría ha evaluado  esta información y ha recomendado que amplíe su análisis para hacer nuevas auditorías especiales que precisamente tienen que ver con la ejecución del contrato y el  Ministerio ha respondido que, por información de ENDE, el contrato todavía está vigente, por lo que no puede hacer en este momento la auditoria a la ejecución y que tendría que esperar a que concluya para que pueda programarla en su planificación 2014/2016”, afirma el asesor legal general de la Contraloría, Wilmer Vargas.
La última respuesta de la Unidad Interna de Auditoría, con respecto a la supuesta vigencia del contrato, data del 7 de mayo de 2013, según la declaración de la Contraloría. Sin embargo, el Memorándum de Entendimiento firmado con la empresa china Sinohydro se realizó en diciembre de 2012, por lo que llama la atención la afirmación en torno a la supuesta vigencia del contrato entre ENDE y Tecsult, un detalle respecto del cual la Contraloría no tiene conocimiento alguno.
Ante la pregunta sobre cuáles son los indicios de responsabilidad administrativa que constan en el informe, el contralor Herbas responde que "tiene que ver con el proceso de contratación, si ellos se han ceñido a la normativa legal o no. Ahí, la Unidad de Auditoría Interna advierte que no se han apegado al estricto cumplimiento a las normas de contrataciones, por eso hay responsables que tienen que estar en proceso de investigación por parte de la autoridad sumariante”.  
Herbas sostiene que la Contraloría se encarga de revisar los informes como el que recibió de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Hidrocarburos, los revisa, realiza sus observaciones y los devuelve, por lo cual ese informe no se encuentra en su poder. 
 Las sanciones o consecuencias de los indicios de responsabilidad administrativa son, según Herbas, asunto de la autoridad sumariante del Ministerio. "Ése ya es un problema de la entidad”, sostiene. 
La denuncia de Fobomade lleva la fecha del 08 de abril del 2009. 
Según la Contraloría,  la nota del informe circunstanciado de responsabilidad administrativa  llega a través de una nota del 31 de diciembre de 2012, tres años más tarde. Ante la pregunta de por qué se dio un lapso tan prolongado, Herbas responde que seguramente se debe "a su programación”. 
Como se puede advertir, sobre el contrato entre ENDE y Tecsult hay más preguntas que respuestas. Habrá que esperar que esas dudas sean aclaradas por las autoridades competentes. 

* Amancaya Finkel es periodista. El presente reportaje se realizó gracias al apoyo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).

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