La jefa de la DAF afirma que todo se hizo con transparencia

Limachi anuncia investigación de los contratos para juzgados

La representante del Consejo de la Magistratura dijo que instruirá a Transparencia y Control y Fiscalización para que se revisen los procesos de adjudicación.
martes, 12 de enero de 2016 · 00:00
Sergio Mendoza  / La Paz

La representante del Consejo de la Magistratura (CM) de La Paz, Mónica Limachi, anunció una investigación de los procesos de contratación de dos inmuebles,  cuyos propietarios son familiares de funcionarios del Órgano Judicial.

"Vamos a pedir una revisión minuciosa de los contratos y reglamentos para ver si se ha cumplido o no con los requisitos. Hay que verificar bajo qué parámetros se hizo las contrataciones, si corresponde o no que fueran familiares”, sostuvo la autoridad.

Limachi añadió que se encargará esta auditoría a las instancias encargadas de hacer esta revisión: la Unidad de Control y Fiscalización del CM y la Unidad de Transparencia.

Dos inmuebles contratados por la Dirección Administrativa Financiera (DAF), donde  funcionan juzgados, pertenecen a familiares del Órgano Judicial.

Uno de ellos se encuentra en la calle 5 de Villa Bolívar A de El Alto. El propietario, Pedro Poma, es hermano del auditor de Gestión Financiera del CM, Víctor Poma.

El contrato fue firmado por la jefa de la DAF, Chela Salas, en junio de 2015 y resuelto el 30 de septiembre del mismo año porque se postergó la implementación de los conciliadores. Se pagó  32.886 bolivianos, con fondos de la cooperación suiza, en tres meses. No fueron  65.772 bolivianos, como se publicó el 6 de enero.

Sin embargo, el 2 de octubre de 2015 (dos días después de la resolución del contrato), el director general de la DAF, Róger Palacios, dijo, desde Sucre, que los alquileres se pagaban, se seguirían pagando y no se resolvería el contrato porque allí se trasladarían juzgados.

Este medio evidenció que en el inmueble de El Alto funcionan al menos tres juzgados, según el propietario, Pedro Poma, desde el 4 de enero. Salas dijo el 6 de enero que allí no trabaja nadie porque aún no se firmó un nuevo contrato.

Añadió que no sabía que el ambiente perteneciera al hermano del auditor de Gestión Financiera, Víctor Poma.  Primero dijo que no conocía a  Poma y luego reconoció que se contactó con él por celular para aclarar lo ocurrido.

Pedro Poma dijo que el contrato de junio de 2015 lo firmó después de que lo visitaran funcionarios del Órgano Judicial y le consultaran si podía hacer unas divisiones en el ambiente. "Yo no conozco cómo será el proceso que ellos tienen. Me dijeron que presente mi propuesta, yo he presentado y después me avisaron que había ganado. No tiene nada que ver con que mi hermano sea funcionario, eso es coincidencia”, explicó.

El propietario no firmó un nuevo contrato para 2016, pese a que los funcionarios judiciales ya trabajan en uno de sus pisos.    

El otro inmueble se encuentra en la calle Indaburo y es propiedad de Alberto Gutiérrez y Guida Salas, cuñado y hermana de la jefa de la DAF. Sin embargo, Chela Salas demostró que cuando se firmó el primer contrato de alquiler ella no ocupaba su actual cargo, por lo que "no existe ninguna irregularidad”, sostuvo.

Añadió que cuando el contrato debía renovarse en mayo de 2015 y ella ya era jefa de la DAF, se excusó de participar en la firma del documento. "Me excuse conforme al Decreto Supremo 0181 porque  tenía conciencia de que mi hermana era la propietaria”.

Por ello el contrato de mayo del año pasado fue firmado por el director general de la DAF, Róger Palacios, por un alquiler mensual de 45.000 bolivianos.

Decreto supremo
Norma  El artículo 41 del Decreto Supremo 0181 señala que los funcionarios se excusarán de participar en el proceso de contratación cuando "tienen vinculación matrimonial o de grado de parentesco con los proponentes”.
Inmuebles  Por el ambiente de la ciudad de El Alto se pagó un alquiler de  10.962 bolivianos durante tres meses  Por el edificio de la Indaburo se desembolsa 45.000 bolivianos cada mes.
Paralizado  En el inmueble de El Alto debían funcionar los conciliadores en materia civil y familiar desde el 6 de agosto de 2015. La implementación  de estas reparticiones fue suspendida hasta febrero de este año; sin embargo, en este piso trabajan jueces civiles.

"Los procesos son transparentes”

La jefa de la DAF de La Paz, Chela Salas, explicó que todos los procesos son transparentes y no se verifica si los proponentes son o no parientes de funcionarios.

"Los contratos los hacemos de forma transparente, sin beneficiar a nadie. Nosotros no estamos averiguando si son parientes o no son. La invitación es pública y el mejor postor gana, acá llegan los sobres cerrados y quien tiene el mejor precio gana”, dijo.

"Cuando hacemos la apertura de los sobre llamamos a Transparencia para que vean los procesos que llevamos a cabo”, agregó.

"A Víctor Poma (auditor de Gestión Financiera) no lo conozco, no sé, yo trabajo aquí cerrada. Pero no hay impedimento de que sean familiares porque él no participó en el proceso de contratación”, explicó.  

"Él es del Consejo de la Magistratura. Con la DAF somos entes desconcentrados del Órgano Judicial, nadie está interrelacionado”, afirmó.  

"Yo no hice el contrato de la Indaburo. En 2013  lo hizo el anterior director administrativo. Cuando me tocó, yo me excusé”, aseguró.  

 

 

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