Mujeres, los “correos humanos” de droga en América y el Caribe

Autoridades internacionales coinciden en que las féminas forman parte de los niveles menores de la cadena del narco, por lo que se convierten en víctimas.
lunes, 17 de octubre de 2016 · 00:00
Daniela Romero / Santo Domingo (Rep. Dominicana)

Las mujeres en Latinoamérica y el Caribe se han convertido, de un  tiempo a esta parte, en los "correos humanos”  de la droga. Los narcos las usan como los pequeños eslabones de la cadena criminal y ellas corren el gran riesgo de ser encarceladas durante años.

Este fue uno de los temas  que se discutió durante la VI Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas, sobre el cual autoridades internacionales coincidieron en que las mujeres    que hayan caído por transportar sustancias controladas  deberían tener una sanción al margen de la reclusión.
 
 Al menos  700 personas asistieron al encuentro más importante de Latinoamérica sobre políticas de drogas, llevado a cabo el 5 y 6 de octubre en Santo Domingo, República Dominicana. 

Nischa Pieris, especialista en género y parte  de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos, afirmó que hay un aumento alarmante en América Latina de mujeres encarceladas. "En algunos países supera el 70% de la población carcelaria”. 

En Bolivia, según la dirección de  Régimen Penitenciario, hay 448 mujeres privadas de libertad por delitos relacionados con la Ley 1008 (narcotráfico), lo cual representa un 38,72%.

Y es que la lógica de la mayoría de los gobiernos es la penalización de delitos del narcotráfico, en la misma proporcionalidad, sin tomar en cuenta medidas alternativas y mucho menos trabajar en la prevención.

 La ministra de la Mujer de República Dominicana, Janet Camilo, señaló que el abordaje del tema drogas en su país se hizo sólo desde la penalización. "Es como que el Estado dominicano no tiene conciencia de que tenemos que trabajar desde la prevención”, manifestó.

Camilo se comprometió en nombre de su gobierno a reformar una ley para que las reclusas por delitos de drogas "no violentos” salgan de prisión. El anuncio fue aplaudido por los cientos de asistentes.

 Según entidades de género, la mayoría de  las mujeres son utilizadas como "mulas” o "correos humanos” para transportar pequeñas cantidades de droga. Es muy poco probable que una mujer sea cabecilla de un cártel o de una banda de narcotráfico, por lo que al exponerse en el tráfico ellas son más vulnerables.

La Ministra sugirió que las mujeres que estén dentro de este grupo puedan tener otro tipo de sanciones. Que su delito no sea olvidado ni perdonado, pero que sea tratado con un enfoque hacia sus derechos.

Otro factor del cual nadie habla es la familia. La representante de la Secretaría General de la OEA, Arazeli Azuara, lamentó que con el encarcelamiento de las mujeres las familias se desintegren. "Es importante la educación en valores, el combate a la corrupción y la aplicación de la ley. El tejido social se ha ido descomponiendo, las familias están menos integradas”, comentó.

En la misma línea, Pieris explicó que los dos escenarios después de que una mujer es recluida tienen que ver con los hijos.

"Ningún niño debería crecer en una cárcel (junto con su madre), donde no hay servicios básicos, educación ni nada. Pero la otra situación que parece más grave es que un hijo esté separado de su madre”, afirmó.

Las autoridades coincidieron en que los factores para que una mujer ingrese al mundo del narcotráfico son la pobreza y la falta de oportunidades.

 Un proyecto que se aplica en Costa Rica y otros países de la región, explicó Pieris, consiste en tener un grupo de expertos en género, en políticas de drogas,  gobernantes y otros, que  desarrollan una guía para entender las políticas  actuales y  aplicar medidas hacia las mujeres para tener una perspectiva de género y derechos humanos.

 
Confedrogas apunta a abolir la sanción e impulsar los DDHH
 
 
La VI Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas, desarrollada el 5 y 6 de octubre en Santo Domingo (República Dominicana),  apuntó a abrir una nueva visión enfocada a disminuir la sanción e impulsar la salud y los derechos humanos de las personas que caen en el delito de tráfico de sustancias controladas.

El  director ejecutivo adjunto de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, Aldo Lale-Demoz, consideró que la comunidad internacional dio un paso importante  al reconocer que el uso de drogas y sus complicaciones conexas -como ser el VIH, la hepatitis C y la sobredosis- son asuntos de salud que deben ser abordados  por el sistema de salud pública.

"Es una problemática que requiere prevención, tratamiento y atención basados en evidencia, donde el castigo, más allá de vulnerar los derechos humanos, no ha arrojado resultados positivos; más bien tiende a empeorar la situación en materia de adicciones y cohesión social”.

Santo Rosario Ramírez, director del Centro de Orientación e Investigación Integral, organizador local de la conferencia, afirmó que las políticas basadas en la represión no están dando los resultados que se esperan, por lo que propuso "repensar las políticas de drogas para que busquen el bienestar de los seres humanos, y no llenen las cárceles de consumidores”.

En su intervención, el coordinador ejecutivo de Confedrogas, Pablo Cymerman,  resaltó que las actuales políticas de control de drogas profundizaron la exclusión y continúan reforzando el estigma, la discriminación y los abusos que afectan a las personas que usan drogas.

  Lale-Demoz manifestó que las instituciones dedicadas a la aplicación de la ley y a la justicia penal "deberían centrarse primordialmente en combatir los delitos de drogas más graves y en desmantelar las organizaciones criminales transnacionales”; es decir, atacar a los cabecillas y no a los más vulnerables de la cadena de producción de droga.

Hacia la regulación del cannabis

La regulación del cannabis y su legalización fue uno de los temas más polémicos en la VI Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas.

  El   representante permanente ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Milton Romani, explicó el proceso que llevó a la ley de regulación y control de marihuana en Uruguay.
 
"Se basa en las condiciones uruguayas que no penalizaban el consumo personal hace décadas.
 
Con la nueva ley, los usuarios están consumiendo con legitimidad ante la sociedad”, explicó.

Rose Marie Belle Antoine, presidenta de la Comisión para la Discriminalización de la Marihuana en la Región, dijo que "la sociedad excluye a las personas que consumen marihuana  por una condena moral, por prejuicios y desconocimiento”. Jorge Hernández, integrante de la Coalición Latinoamericana de activistas Cannábicos  destacó que "la práctica del cultivo por los propios usuarios es lo que ha funcionado más ágilmente”.

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