Ejército cedió construcción de puestos a militar dado de baja

Uno de los representantes de la empresa que se adjudicó el proyecto fue expulsado en 2010 por deserción cuando era teniente. Su padre llegó a general.
lunes, 31 de octubre de 2016 · 02:00
Sergio Mendoza  / La Paz

El Ejército adjudicó la construcción de nueve puestos militares en 2013 a una empresa cuyo representante era un exintegrante de esta fuerza expulsado en 2010: José  Ayoroa, actualmente prófugo.

"Tengo información de que Ayoroa era militar, también su padre, el general Ayoroa, pero eso no es causa de una inhabilitación para adjudicarse las obras. Si existió irregularidades en el proceso de contratación eso es algo que estamos investigando”, informó ayer el fiscal asignado al cado, Anghelo Saravia. 

Si bien el ser exmilitar no descalificaba al sindicado para hacerse con un millonario contrato, la Fiscalía indaga si las relaciones ganadas durante su paso por la institución castrense o las que sembró su padre fueron la razón del beneficio. "Estamos en proceso de investigación”, contestó Saravia al ser consultado al respecto.

Ninguno de los nueve puestos adjudicados de forma irregular fue construido, lo que generó una pérdida de aproximadamente 3,8 millones de bolivianos al Estado. La Fiscalía indaga actos de corrupción, como entrega de sobornos, entre los representantes de la constructora y las autoridades del Ejército en ese entonces. 

 Página Siete accedió a documentación en la que se establece que Ayoroa recibió un memorándum de baja en marzo de 2010 por deserción, cuando tenía el grado de teniente. 

 El artículo 94 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas señala que la baja consiste en "la separación definitiva del servicio activo, sin goce de haberes, grado, honores y uniforme (...) El militar en esta situación no podrá ser reincorporado ni en caso de guerra internacional”. A diferencia del retiro obligatorio se pierde incluso el grado y no hay posibilidad de reincorporación. 
La empresa contratada, Asociación Accidental Integración del Chaco, tenía también otro representante. Néstor Terán  guarda detención preventiva en el penal de San Pedro imputado por cohecho activo, contratos lesivos al Estado y enriquecimiento ilícito.

Ayoroa en cambio salió del país, de acuerdo a reportes de la Dirección de Migración que llegaron a la Fiscalía. Lo mismo ocurrió con el principal implicado en este caso, el teniente coronel Julio Calvi, quien al parecer se encuentra en Estados Unidos, indicó Saravia a la ANF.

 Calvi fue jefe de contrataciones en 2013, cuando Fernando Zeballos fue comandante de Ejército. Su último cargo fue en la Escuela Militar de Ingeniería (EMI) en Cochabamba. Él es clave para saber a qué general se entregó un soborno de 9.503 bolivianos por la adjudicación de tres puestos militares y cómo se hizo todo el negociado.

 Por ahora los únicos encarcelados por este caso son Zeballos y Terán. La Fiscalía pide también la detención preventiva del excomandante de Ejército en 2014 y de las Fuerzas Armadas en 2015, Omar Salinas, y del exdirector administrativo financiero  Winston Celis.

 La abogada de Integración del Chaco, Milenka Castro, tiene detención domiciliaria, aunque tiene posibilidad de trabajar.

 Por otro lado se sabe que la contratación de la constructora fue un proceso amañado e irregular.
 
"No participó como empresa proponente,  no presentó documentación legal, no presentó maquinaria para responder a la construcción, no se afianzó la garantía del funcionamiento de maquinaria y equipos”, señaló la Fiscalía en su imputación contra Salinas.

 

Suspenden de nuevo audiencia contra Salinas

 

La mañana de ayer se suspendió por segunda vez la audiencia cautelar del excomandante en jefe de las FFAA  Omar Salinas. La causa fue la recusación que  presentó  uno de sus abogados contra el juez de turno por un asunto legal pendiente entre ambos.

El viernes, cuando también debía realizarse la audiencia cautelar, uno de los abogados del otro imputado, Winston Celis, logró que la jueza primero Anticorrupción, Cinthia Delgadillo, se excusara de conocer dicha causa porque también existía un proceso pendiente entre ambos. 

Se espera que para hoy se realice el acto procesal en el Juzgado Segundo Anticorrupción de La Paz.

La Policía impidió ayer el paso de la prensa y de los familiares de los imputados a la audiencia que fue suspendida con el argumento de que el juez quinto de Instrucción en lo Penal, Juan Carlos Montalbán, declaró en reserva la misma. "Nosotros sólo cumplimos instrucciones”, dijo uno de los uniformados. 

Después se supo que fue una mentira. El fiscal Anghelo Saravia confirmó que no existía ninguna reserva sobre el caso y que la audiencia era pública. Lo mismo explicó el abogado de Celis, Boris Espinoza. 

Por otro lado, cuando los familiares de Salinas aguardaban fuera de los juzgados, unas personas se plantaron al frente con carteles contra el excomandante denunciado por corrupción. Al instante los allegados al general se los quitaron con violencia y los echaron del lugar.

 

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