Experto brasileño busca reforzar la justicia en las comunidades

El abogado está convencido de que el sistema judicial puede ser desarrollado por civiles y sin llegar al sistema convencional de jueces, fiscales y abogados.
sábado, 30 de abril de 2016 · 00:00
Daniela Romero / La Paz

Antonio Carlos Wolkmer es un abogado brasileño que llegó a Bolivia para compartir con estudiantes de Derecho su propuesta de un sistema judicial nuevo. Él pretende que en las comunidades y ciudades  se  resuelvan líos legales mediante la conciliación, antes de llegar a la vía penal.
 
¿Cuál es el aporte que viene a dejar a Bolivia?
 
Yo busqué privilegiar, resaltar, la cuestión del pluralismo jurídico, un gran tema que trabajo hace años y que trata de las formas de producción del derecho que van más allá del Estado. Busco resaltar la construcción de una visión intercultural de los derechos humanos. 
 
¿Cómo ve el pluralismo jurídico en la región?
 
Es un tema dentro de la teoría del derecho que propone las diferentes manifestaciones normativas en una realidad social y cómo se puede producir derecho más allá del Estado y creo que América Latina es un espacio privilegiado, muy importante para esta producción de normativas más allá de los mecanismos estatales.
 
¿Qué implica esto?
 
Esto implica traer en cuenta la gran productividad de nuestros pueblos, principalmente de las comunidades indígenas, afrodescendientes y de otras minorías. Entonces es un fenómeno  en este momento de globalización.
 
Hay que tener en cuenta que hay que producir reglamentación no sólo por los canales oficiales, sino de reconocer que la sociedad puede producir y resolver sus conflictos internos.
 
¿De qué manera se puede crear normas a partir del pluralismo jurídico?
 
La cultura jurídica oficial estatal es una cultura que se produce a través de sus órganos oficiales del Estado, son órganos convencionales, pero en esta perspectiva de pluralismo se logra derecho a partir de las necesidades de las comunidades, de los grupos, de las colectividades. 
 
El ejercicio del derecho es una práctica constante de buscar demandas para implementar sus necesidades y se puede reconocer varias formas. No sólo en los grupos indígenas con sus reglamentos, sino en las comunidades de los afrodescendientes, como también en las grandes ciudades con formas de conciliación, de mediación para resolver sus conflictos que muchas veces son cotidianos, como de parejas, de vecinos, que se puede resolver a través de una asociación de viviendas  sin la presencia de operadores oficiales del Estado.
 
¿En qué países ya es una realidad esta práctica?
 
En el contexto de América podemos decir que con una fuerte tradición indígena como aquí en Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, es muy fuerte, esos tribunales, esas formas de jurisdicción  donde ellos mantienen sus tradiciones independiente del Estado con realidades propias. Otra experiencia es en Perú, las llamadas rondas campesinas que son del problema de la tierra, es más fácil la organización de formas de justicia que no están vinculadas a abogados, jueces y fiscales.
 
¿En estas prácticas se necesita algún sustento legal?
 
No necesariamente,  no se utiliza el derecho estatal, oficial.
 
¿Entonces qué es lo que le da legitimidad y legalidad a esto?
 
Se forma en un consenso, a consideración de la mediación y de ciertos usos y prácticas reiteradas que son aceptadas por la comunidad porque se sabe que si no se va a resolver esto de una forma pacífica, amigable, hay que buscar el derecho del Estado,  que implica mucha burocracia y que puede retardarse mucho más. Cuestiones laborales, muchas veces la justicia laboral es muy lenta, se esperan meses para resolver un problema, entonces esto implica prácticas reiteradas de costumbres que tiene consenso de las partes, acatan y aceptan.
 
¿Qué ejemplos de esta justicia puede rescatar de Bolivia?
 
Tengo información general, pero específicamente no tengo un estudio. Ahora se sabe de Bolivia  que la actual Constitución abre mucho la perspectiva innovadora que se puede replicar en otros países, principalmente por algunas grandes conquistas como la cuestión del Estado Plurinacional, el poder de la comunidad, la diversidad.
 
No sabemos si lo que dice la Constitución se aplica. Los avances de Bolivia pueden servir como ejemplo para otros países de América Latina.
 
Parecería que en Bolivia este reconocimiento quedó en el papel porque en la práctica hay muy pocos ejemplos.
 
¿Qué se puede hacer para comenzar con la práctica del pluralismo?
 
Creo que esto es un desafío para todos nosotros que trabajamos con educación, en el ámbito de la enseñanza, de preparar una generación. Cómo pasar estas dificultades estructurales de nuestras sociedades y cómo ir más allá de toda una herencia muy elitista, muy autoritaria. No es fácil superar problemas de corrupción, soborno, irresponsabilidad y de políticas que no son públicas, que amplía la desigualdad social, es profunda en nuestros países.
 
¿Cómo se puede superar esto?
 
Esto implica un esfuerzo no sólo nacional, implica cambios en políticas públicas, nuevas formas de gestión de administración, responsabilidad administrativa, ética en actividad política, no sólo en ámbitos institucional sino a nivel de la sociedad. Ahí la educación tiene un papel fundamental. Se busca una sociedad más ética que falta en toda América Latina.

¿De qué forma se empieza a practicar este nuevo sistema?
 
No es algo que está consolidado, depende de cada país; a veces hay modalidades que no funcionan correctamente, otras veces se utiliza de una mezcla de aparatos oficiales con esas prácticas más informales; en muchos países la mediación hecha por abogados o personas que tienen formación jurídica, pero otras veces por líderes, entonces no hay una uniformidad, un patrón. 
 
En Bolivia se comenzó con el trabajo de conciliadores para que algunas disputas lleguen a una conciliación antes de llegar al sistema convencional, pero esta práctica no convence.
 
Es más fácil para algunos buscar la justicia estatal porque ofrece quizás más seguridad, más protección. Esto es un proceso diverso con la experiencia de otra. Nos estamos encaminando lentamente para buscar alternativas más rápidas que atiendan las demandas de la colectividad en busca de la justicia, pero hay que superar esto, por eso insisto en la formación en las facultades, en las carreras jurídicas, una enseñanza crítica, interdisciplinaria y más comprometida con la práctica social, en la estructura curricular que permitan esas reformas;  introducir no solamente asignaturas, hay que preparar a nuestros estudiantes para que en un futuro podamos tener un nuevo tipo de litigante, de abogado, de juez, de fiscal, pero pasa por un proceso de pedagogía social-liberadora y comprometida, y no formar litigantes apenas para ganar un reconocimiento social, para  ganar dinero, cambiar de coche o vivir en un barrio de clase media.

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