Autoridades plantean que los jueces dejen tareas burocráticas

Los juzgados tradicionales pueden ser reemplazados por unidades de gestión judicial y administrativas, todo con el fin de evitar la retardación de justicia.
domingo, 8 de mayo de 2016 · 00:00
Sergio Mendoza  / La Paz
 
Un nuevo modelo para administrar justicia está en la mente de distintas autoridades bolivianas y será motivo de discusión en la Cumbre Nacional de Justicia a realizarse en Sucre. Si llega a implementarse, los juzgados tal como se los conocen desaparecerán y en su lugar se conformarán las llamadas unidades de gestión judicial.  

El cambio no está sólo en el nombre. En el fondo  se busca que los jueces ya no se encarguen de las tareas administrativas que actualmente consumen casi la mitad de su tiempo (el 40%) y se dediquen exclusivamente a dictar fallos en audiencias. Es decir: hagan aquello para lo que fueron posesionados.

Las unidades de gestión judicial agruparán a cierto número de jueces enfocados en los procesos a su cargo,  en vez de que haya personal de apoyo (secretarias, auxiliares, encargados de notificaciones) para cada juez (como ocurre en la actualidad), habrá sólo  para cada unidad.

Ellos serán parte de la unidad de gestión administrativa  que trabajarán estrechamente con el grupo de jueces.

"Creemos que debemos separar la labor administrativa de la jurisdiccional. Pretendemos que el juez se dedique a resolver las causas en audiencia, dictando resoluciones y sentencias. Una unidad de gestión judicial debería conformarse por varios jueces y la unidad administrativa los apoyaría”, explica un director del Consejo de la Magistratura (CM), Juan Michel.

La propuesta se trabajó en todo el Órgano Judicial:  Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Agroambiental y el CM.

La iniciativa no apunta a que, por ejemplo, 10 jueces se hagan cargo de un mismo caso. Cada quien tendrá sus causas, como ocurre hoy en día.

Asimismo, el  número de funcionarios de apoyo puede reducirse hasta en la mitad debido a que ya no se necesitarán por cada juzgado, sino por cada unidad.  "Para 10 jueces necesitamos ahora unas 45 personas de apoyo, pero con las unidades necesitaríamos entre 20 a 25”, dice Michel.

Contrariamente, se busca que la cantidad de jueces se incremente. Según el director del CM, para una población de casi 11 millones de habitantes  debe haber al menos 1.400 jueces, pero hoy en día sólo existen 1.004.  

De a poco se avanza en este objetivo. Para fin de año se espera el egreso de 200 nuevos magistrados recién salidos de la Escuela de Jueces del Estado, más funcionarios para batallar contra la retardación de justicia y causas que se arrastran año tras año.

Esta gestión comenzó con 384.733  causas pendientes en todo el país, según datos del Tribunal Supremo de Justicia.

El nuevo modelo de gestión judicial que se pretende implementar no es una idea original de las autoridades bolivianas. El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Diego Jiménez, sostiene que en otros países se concretaron proyectos similares con resultados sorprendentes.

"En Neuquén, Santa Fe (Argentina), Chile y Ecuador está dando resultados. La capacidad de resolución de causas de jueces se ha triplicado, incluso quintuplicado; 10, 15 causas resueltas al día por un despacho, y esto elimina la retardación de justicia. En Ecuador nos sorprende cuando vemos que la mora procesal en materia penal es cero. Allá no existen los tiempos muertos que tenemos en Bolivia”, dice Jiménez.

En ese país vecino a estos despachos se los conoce como "pool de jueces”. Con este modelo encontraron beneficios que van más allá de acelerar los procesos. Un sorteo define qué autoridad del pool se hará cargo de cierto caso. "Así se garantiza la imparcialidad, pues ya no se conocerá con antelación quiénes serán los jueces que integran una sala o tribunal. También permite cubrir de manera  eficaz las posibles excusas, recusaciones o ausencias”, escribió un magistrado ecuatoriano, Julio Aguayo, en 2014.

En Chile, en el área penal, se aplicó un sistema denominado "oficina judicial”, en el que también se divide la función administrativa de la jurisdiccional.

Jiménez añade que se descubrió que a nivel regional, para transformar la justicia, ya no se hace tanto énfasis en  el cambio normativo, sino en el modelo de administración de justicia, "quiere decir ordenar los juzgados de diferente manera”.
   
La situación del sistema de justicia puede cambiar con este proyecto, pero de poco servirá si no se acompaña la intención con un incremento al presupuesto que recibe el Órgano Judicial. En 2015 se le entregó el 0,56% del Tesoro General de la Nación.

Esto es el 40% de los recursos con los que se sostiene el Órgano. El 60% proviene de recursos propios obtenidos a través de Derechos Reales.

 
"Lo ideal para Bolivia sería que el tesoro general entregue un 3%, suficiente para trabajar de forma holgada”, añade Michel.

 Escuchas telefónicas y agentes encubiertos contra la corrupción

La corrupción es uno de los seis ejes temáticos que se debatirán en la Cumbre Nacional de Justicia. Hay varios mecanismos que se plantean para combatirla, como  endurecer las sanciones, crear una instancia que corrija las "mañas” de los juristas o implementar o comenzar con escuchas telefónicas.

"Hay varios temas en debate: la creación de una inspectoría judicial que se encargue de disciplinar a los administradores de justicia. También propuestas normativas que legalicen mecanismos como el agente encubierto, quizá escuchas telefónicas, que nos permitan evidenciar la corrupción y desterrarla”, sostiene el procurador general del Estado, Héctor Arce.

En los últimos meses sólo en La Paz dos casos sacudieron al Órgano Judicial. El llamado video soborno, tres jueces anticorrupción y una secretaria extorsionaron a una mujer. El caso Ganam, una extensa red de jueces, fiscales y abogados que supuestamente manipulaban los procesos judiciales en favor de quien más dinero ponía.

Arce dice que eso siempre existió, pero "la situación” no puede seguir.
Otra alternativa es la suspensión (temporal de hasta 10 años o perpetua) de los títulos profesionales de abogado al que se le compruebe un hecho de corrupción. "Se debe aplicar sanciones drásticas para eliminar la corrupción, éstas tienen que ser para todos, abogados particulares y funcionarios”.

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