Ejército falló en la ejecución de cinco puestos, según informes

Expedientes del Gobierno revelan que se instruyó debitar 10,7 millones de bolivianos de cuentas militares para evitar pérdidas.
miércoles, 13 de julio de 2016 · 00:00
Sergio Mendoza  / La Paz

Documentos del Ministerio de la Presidencia señalan que el Ejército  incumplió "en su totalidad” las obligaciones asumidas cuando se le entregó  10,7 millones de bolivianos para la construcción de cinco puestos militares. 

Por ello se instruyó resolver los convenios  y pedir al Ministerio de Economía que debite de las cuentas de esta fuerza armada el monto entregado para evitar la pérdida total de los recursos.

   Sin embargo, se conoce que el Ejército perdió 3,8 millones de bolivianos no por estos cinco puestos, sino por la construcción de nueve en total que costaban aproximadamente 19,4 millones  y por los que se pagó el 20% a la empresa Integración del Chaco.   

Ahora la Fiscalía investiga presuntos delitos cometidos en la contratación de la constructora y la ejecución de las nueve obras que nunca se ejecutaron. 

En mayo de 2013, cuando Fernando Zeballos, ahora detenido, era comandante de Ejército, la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) del Ministerio de la Presidencia y el Ejército firmaron convenios para construir los puestos. El Gobierno daba el dinero y los militares lo disponían según lo acordado.

  Página Siete accedió a cuatro informes y cuatro resoluciones, todas de mayo de 2015, en las que se señala que el Ejército incumplió sus responsabilidades en la construcción de cinco puestos militares con los siguientes nombres: Cabo Juan (Tarija), Cocos Lanza (La Paz), General Enrique Peñaranda (Tarija), General Candia Caballero (La Paz), e Ixiamas (La Paz).

 Según los documentos, este incumplimiento comenzó al menos desde 2014, cuando Omar Salinas era comandante de Ejército, hasta 2015, cuando José Luis Vegazo estaba en el cargo.

Fue en 2014 que vencieron las boletas de garantía para recuperar el 20% que se pagó como anticipo a Integración del Chaco. Y fue en enero de 2015 cuando se emitió la "primera llamada de atención” al Ejército por "el retraso considerable que presenta a la fecha el inicio y ejecución del proyecto, la no remisión de documentación del proceso de contratación  e informes periódicos de avance físico”, avance que nunca hubo.

La constructora no cumplió con los contratos y Salinas, tres días antes de dejar el cargo, el 15 de diciembre de 2014, inició un proceso penal por incumplimiento de contrato y estafa contra dos representantes de la empresa: Néstor Terán y José Ayoroa.

Ambas personas están implicadas en un audio en el que se grabó una conversación ocurrida el 10 de diciembre de 2014,  ocho días antes de la salida de Salinas. En ésta dos militares, una abogada y Terán hablan sobre un supuesto negociado de 953 mil bolivianos que el Ejército entregó a la empresa de forma irregular para los puestos Cocos Lanza, Candia Caballero y (uno nuevo) Lino Echeverría.    

 
Abogado denuncia encubrimiento de jefes militares
 
La defensa del excomandante de Ejército  Fernando Zeballos  desconfía de la veracidad del audio en el que se habla de un supuesto negociado de 953 mil bolivianos para la construcción de tres puestos militares. No obstante, denuncia que hay encubrimiento de los jefes militares que, conociendo estos hechos, no los denunciaron en su momento.

 "El 26 de junio de este año Omar Salinas (excomandante de Ejército y de las Fuerzas Armadas) se presenta como testigo ante la Fiscalía con esta grabación. Por lo tanto, son dos años en los cuales fue escondida”, cuestionó el abogado Ernesto Vásquez.

El jurista añadió que si esa conversación se realizó en la Dirección Administrativa Financiera (DAF) del Ejército en diciembre de 2014, y en ella los presentes reconocieron su participación en actos ilícitos, debían ser detenidos inmediatamente incluso por las autoridades militares.  

"Curiosamente en contra de la previsión del Código de Procedimiento Penal, que obliga a que todo servidor público que conoce de un hecho delictivo, más en flagrancia, tiene la obligación de detener y poner a disposición de la Fiscalía y la Policía, lo dejan ir a Calvi”, advirtió Vásquez.

Se presume que el teniente coronel Julio Calvi reconoció que debía entregar el 1% de  los 953 mil bolivianos "al comandante”.  Y cuando le exigieron devolver el dinero ante el incumplimiento de las obras, dijo que podía entregar sólo 140 mil bolivianos.

Este medio intentó comunicarse con Calvi, pero su celular se encontraba apagado. Mientras que Salinas afirmó que no hablará con la prensa.


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