Las FFAA ratifican retiro de 4 militares y éstos acuden al TCP

Familiares y allegados de los afectados afirmaron que no se respetó el debido proceso, se vulneraron derechos, y ahora se dejó sin trabajo a los suboficiales.
miércoles, 17 de agosto de 2016 · 00:00
Sergio Mendoza  / La Paz

Las Fuerzas Armadas (FFAA) ratificaron de forma definitiva el retiro obligatorio para al menos cuatro militares de bajo rango que participaron en las marchas de 2014. Algunos de los afectados acudirán ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que se modifiquen estas resoluciones.

"Yo estoy patrocinando a cinco militares que han recibido el retiro obligatorio, pero entendemos que son una veintena o más los que ya tienen memorandos en los que se les ratifica el retiro obligatorio en la última instancia”, explicó ayer el abogado y también militar en retiro, Omar Durán. 

En abril de 2014 suboficiales y sargentos de la Armada, Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y del Ejército se movilizaron en todo el país para exigir que la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA) se adecúe a la Constitución Política del Estado. De esta manera se eliminaría el racismo y la discriminación, aseguraban.

 La adecuación de la LOFA comenzó, pero un aproximado de 700 militares de bajo rango de las tres fuerzas recibieron el retiro obligatorio por su conducta que -según los jefes militares- atentó contra la seguridad del Estado, la disciplina, jerarquía y subordinación, aspectos que caracterizan a la institución castrense. 

  Los expulsados apelaron en distintas oportunidades. Algunos lograron su reincorporación, pero otros llegaron hasta la última instancia de apelación: el Tribunal Superior de Personal (TSP), compuesto por miembros del Alto Mando de las FFAA. 

Esta instancia ratificó en lo que va del año el retiro obligatorio para al menos cuatro militares. Este medio accedió a documentación en el que el TSP dispone y confirma la expulsión de cuatro suboficiales de la FAB: Juan Manuel Cornejo, Carlos Antequera, Richard Mayta y Freddy Sucojayo. Este último permaneció encerrado en una carceleta militar por un año.
 
El representante del Consejo Nacional de Defensa de los Derechos Constitucionales de Bolivia (Condecob), Roberto de la Cruz, quien respalda a los militares procesados, dijo al agotarse las instancias en la vía militar se acudirá al TCP para obtener un amparo. Y si ni aún así se obtiene el resultado esperado se acudirá a instancias internacionales en defensa de los derechos humanos. 

A principios de este año el sargento Rubén Apaza ya inició una acción de amparo contra jefes militares por haberlo retirado del Ejército "vulnerando el debido proceso”, afirmó en ese entonces su abogado. 

Desde el Comando en Jefe de las FFAA se anunció que en las próximas horas se dará a conocer una posición oficial con respecto a los retiros efectuados.

 

Comandante de la FAB inicia proceso por espionaje contra un abogado

El comandante general de la FAB, Celier Arispe, denunció ante la Fiscalía al abogado y militar en retiro Omar Durán por los delitos de espionaje y revelación de secretos. El jurista denunció en varias oportunidades supuestos actos de corrupción dentro la Fuerza Aérea. 

Recientemente Durán fue notificado con una citación ante el Ministerio Público en calidad de sindicado. Debe presentarse a declarar mañana a las 15:00 en la División de Corrupción Pública ante el fiscal Boris Flores.

De acuerdo con el Código Penal,  incurre en espionaje, quien "procurare documentos, objetos o informaciones secretos de orden político o militar relativos a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores, con fines de espionaje en favor de otros países en tiempo de paz, que pongan en peligro la seguridad del Estado”.  La sanción es de 30 años sin derecho a indulto.

El otro ilícito que se atribuye a Durán consiste en revelar "secretos de carácter político o militar concernientes a la seguridad del Estado, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores”. La sanción es de hasta seis años de cárcel. 

Una de las últimas denuncias que hizo el abogado se refirió al uso irregular de pistas militares por parte de aeronaves civiles. Al parecer se hacen negociados para que terceros aterricen en instalaciones de la FAB a cambio de pagos fuera de la ley.

 Durán entregó documentos al Ministerio de Transparencia, instancia que abrió una investigación al respecto. 

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, y Arispe, aclararon que todos los aterrizajes se hacen dentro la norma. El primero sostuvo que aviones civiles llegan con equipos militares, por lo que la revelación del ahora procesado puso en riesgo la seguridad del Estado.

 Pero Durán dijo que la Fiscalía ni siquiera debió admitir la denuncia por espionaje en su contra.

 

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