Gobierno decide prohibir el uso de dinamita en movilizaciones y protestas

El ministro Carlos Romero explicó que quien infrinja esta disposición será sometido a un proceso penal en el cual deberá enfrentar una condena entre 1 a 4 años de prisión.
jueves, 01 de septiembre de 2016 · 10:30

Página Siete Digital / La Paz

El Gobierno, a través de un decreto supremo aprobado hoy, decidió prohibir el uso de dinamita y otros explosivos en manifestaciones sociales de diferente índole, con la finalidad de preservar la vida y resguardar los bienes públicos y privados.

La determinación se asume luego de los luctuosos hechos con sangre y muerte que trajeron los enfrentamientos entre policías y mineros cooperativistas la pasada semana en la carretera La Paz - Oruro, específicamente en los sectores de Panduro y Mantecani.

"El gabinete ministerial ha decidido aprobar un Decreto Supremo mediante el cual se establece que el uso, porte y tenencia de explosivos y otros materiales relacionados en manifestaciones públicas, movilizaciones sociales, marchas de protesta, huelgas, mítines queda terminantemente prohibido, dado que se debe proteger integralmente el derecho a la vida, a la integridad física, a la propiedad pública y privada”, informó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

El 1 de mayo, con motivo del día del trabajador, el presidente Evo Morales levantó la prohibición de portar dinamita y otros explosivos en las manifestaciones y movilizaciones sociales. Tal medida se efectuó a través de un decreto supremo.

Puede leer también: Levantan la prohibición de portar dinamita en marchas

Sin embargo, luego de que la semana pasada los cooperativistas mineros se enfrentaran con la Policía, las autoridades de Gobierno explicaron que el uso de los explosivos en protestas estaba prohibido de acuerdo con la Ley de Armas.

Romero indicó hoy que quien infrinja la nueva disposición será sometido a un proceso penal en el cual deberá enfrentar una condena entre 1 a 4 años de privación de libertad, de acuerdo con el grado del hecho.

Además, quien incumpla esta disposición será obligado a resarcir el daño civil que provoque ya sea contra personas o bienes. La Policía, por su lado, estará en la obligación de realizar operativos de control para que estos materiales explosivos no sean empleados en estas circunstancias y sus portadores serán remitidos al Ministerio Público.

 

92
16