Defensor gestiona aprobación de Decreto de indulto a presos

Del total de internos en las cárceles de Bolivia, el 68, 97% son detenidos de forma preventiva y sólo el 31% tiene sentencia.
lunes, 12 de septiembre de 2016 · 00:30
Página Siete / La Paz

La Defensoría del Pueblo  gestiona  la aprobación del proyecto de un Decreto presidencial de concesión de amnistía, indulto parcial e indulto para  que  pueda ser promulgado hasta el 24 de este mes. Esa  fecha se  recuerda el Día de la Persona Privada de Libertad.
 
En un comunicado, el Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, indicó ayer que la situación en la que se encuentran más de 14.000 internas e internos en los  diferentes centros penitenciarios del país, evidencia la necesidad y urgencia de implementar medidas políticas que posibiliten la reducción de los altos niveles de hacinamiento.
 
En ese entendido, dijo que se vienen realizando gestiones para que el proyecto de Decreto presentado por la Defensoría del Pueblo y el informe técnico jurídico correspondiente, puedan ser considerados por el Órgano Ejecutivo antes de  su consiguiente aprobación.
 
El informe defensorial "Situación de los Centros Penitenciarios de Bolivia y proyecto de Decreto presidencial de concesión de amnistía, indulto parcial e indulto”, en una de sus recomendaciones, señala que la aprobación o promulgación de la propuesta normativa pueda concretarse  el próximo 24 de septiembre. 
 
De acuerdo con el  documento, a junio de 2016, las personas privadas de libertad suman 14.816, de éstas el 68,97% se encuentra con detención preventiva y sólo el 31,03% tiene sentencia condenatoria ejecutoriada, lo que muestra una disminución en relación a 2012, cuando el porcentaje alcanzaba a 84%. 
 
Con la implementación de los decretos presidenciales de amnistía e indulto   se beneficiaron  2.794 personas privadas de libertad, cifra considerada insuficiente.
 
Otras recomendaciones
 El informe determina la necesidad de generar medidas políticas de mayor impacto y alcance contra el hacinamiento.
 
También plantea que las definiciones   se aparten  de las visiones retributivas punitivistas, que consideran que la situación de las personas privadas de libertad es un asunto de seguridad antes que uno de derechos humanos.
 
El Defensor sostuvo  que poner una fecha tope de corto alcance para la recepción de carpetas o delimitar la misma a las personas que actualmente se encuentren detenidas, frustraría la medida del indulto.
 
Esto ya ocurrió  con el Decreto 2437, que ampliaba la vigencia del Decreto 2131,   el cual estuvo llamado a ser el instrumento más efectivo de descongestión, pero las directrices que siguieron los técnicos, lo estancaron.
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