Una comisión de fiscales revisa los audios hallados en Katanas

El fiscal departamental calificó las grabaciones como “muy importantes” y añadió que posiblemente determinen el alcance de la investigación sobre el local.
miércoles, 21 de septiembre de 2016 · 00:00
Sergio Mendoza  / La Paz

Ante la complejidad que adquirió el denominado caso Katanas, por instrucción de la Fiscalía General se conformó una comisión de tres fiscales para que se encarguen de la investigación.
 
Éstos aguardan ahora los resultados de pericias realizadas a unos audios considerados de suma importancia para esclarecer lo que ocurrió entorno al club nocturno.

"Existe una comisión conformada por la fiscal Mónica de la Riva, Karina Cuba y Daniel Ayala. Esta comisión realiza varios actos de investigación. Se allanó el local donde se colectó documentación y audios muy importantes, que en estos momentos ya deberían estar en el IDIF para las pericias correspondientes”, informó ayer el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco.

 El lunes, la hija del dueño de Katanas y quien le inició el proceso penal por trata y tráfico de personas, Nohemy Cámara, afirmó que en esos audios se escuchan nombres de funcionarios del Estado a quienes se pagaba sobornos a cambio de impunidad.

 Ese mismo dí,a Cámara y su abogada, Paola Barrriga, presentaron querellas penales contra supuestos funcionarios de la Alcaldía de La Paz (el nombre de Jaime Mendoza figura entre éstos) y Migración (como Daniel Larrazabal y Julio César Ledezma).  Su respaldo -según dijeron- eran los audios y documentos hallados en Katanas.

El fiscal Blanco fue ambiguo al ser consultado sobre los presuntos vínculos entre la actividad delictiva dentro de Katanas y los funcionarios público. "No quiero confirmar ni negar (que existan estos vínculos), pero puedo afirmar que se citará a quien se tenga que citar. Los fiscales debemos esperar al procesamiento de la prueba. Necesitamos conocer el contenido de los audios para determinar hasta dónde llegará la investigación”.

 Desde las instituciones involucradas ya hubo pronunciamientos. Ayer el alcalde Luis Revilla reiteró que los nombres mencionados por Cámara y Barriga no corresponden a  funcionarios del gobierno municipal. "Colaboraremos con la investigación que está en manos del Ministerio Público, pero necesitamos información confiable”.

En la misma línea, Migración comunicó que ni Larrazabal ni Ledezma son funcionarios de esta dirección dependiente del Ministerio de Gobierno. 

 

Sobre el inmueble
  • Pedido  Nohemy Cámara, propietaria del inmueble donde funcionaba el club Katanas, pidió a la Alcaldía llevarse todos los muebles, copas, botellas y otros objetos del local para poder demoler el inmueble.
  •  Error  Douglas Borda,  abogado de Marco Cámara, dijo que fue un error poner la propiedad que costó  10.000 dolares a nombre de Nohemy.
Los viajes de Marco Cámara a Paraguay eran "muy frecuentes”

 

 

Los viajes que Marco Cámara realizaba a Paraguay eran bastante frecuentes, de acuerdo al flujo migratorio al que accedió el Ministerio Público. Se presume que la mayoría de las mujeres que trabajaron para él provenía de este país.

 "Los viajes a Paraguay eran muy frecuentes. Me animaría a decir que no es común que una persona viaje tanto a un solo lugar y no se pueda justificar de otra forma que no sea a través de este proceso penal”, manifestó ayer el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco. 

El proceso penal que se le sigue a Cámara es por trata y tráfico de personas, lo mismo que a su administrador, Gustavo Fernández. El primero guarda detención preventiva en el penal de San Pedro y el segundo en Patacamaya. Cámara llegó a la prisión la tarde de ayer, después de salir de un hospital. 

 Con relación a las actividades del imputado en el exterior, la abogada de la parte denunciante, Paola Barriga, señaló que se tiene información de que incluso tiene un proceso judicial en Paraguay por un caso de abuso sexual.  

Esta información aún no fue confirmada por la Fiscalía, pero Blanco no descartó solicitar información a la embajada del vecino país y a otras para continuar con la investigación. "No vamos a dejar de lado ningún acto investigativo para llegar a la averiguación de la verdad”.

Asimismo, en el allanamiento a Katanas se halló una carpeta de la Dirección de Migración en la que figuran ingresos de mujeres de distintos países como Brasil, Paraguay, Venezuela y otros de la región. 

Fernández aseguró en una anterior ocasión que todas las mujeres trabajaban para ellos por cuenta propia, sin que mediare engaños ni presión de ningún tipo como para hablar de un delito.

 

Revilla: Un centro de prostitución no puede tener licencia

 

 Ningún local nocturno donde se practique la prostitución  puede contar con una licencia de funcionamiento ya que, según la norma boliviana, esto constituye un delito, recordó ayer el alcalde de La Paz, Luis Revilla.

"Hay que diferenciar los locales. Cerca del centro hay centros de prostitución, esos no pueden tener ningún tipo de regulación municipal porque esa actividad es delictiva y está tipificada en el Código Penal. La prostitución en el país no es delito, pero tener una casa de prostitución sí lo es”, manifestó Revilla.

La autoridad hizo esta diferenciación al hablar sobre Katanas, al cual sí se entregaban licencias porque entre sus actividades no figuraba la prostitución, sino por venta de bebidas alcohólicas.
 
Pero fue cerrado porque su autorización caducó en diciembre de 2015 y no fue renovada. 

 Lo mismo ocurrió la mañana de ayer con el local La Diosa, que funcionaba frente a Katanas, y cuya licencia también caducó en diciembre de 2015. Ambos locales fueron clausurados tras el escándalo de supuesta trata y tráfico dentro el primero.

Revilla indicó que, en cuanto a otros centros donde se practica la prostitución, corresponde actuar a la Fiscalía. Sin embargo, respecto a Katanas y La Diosa, se denunció que en ambos locales se incurría también en la entrega de mujeres a cambio de dinero.

El artículo 321 del Código Penal califica como proxenetismo con una pena de privación de libertad de hasta 12 años a quien mantuviera una casa "donde se promueva la explotación sexual y/o violencia sexual comercial”.

 

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