Identifican nueve causas por las cuales las cárceles fracasan

Hacinamiento, falta de servicios básicos, de políticas de educación y trabajo, y una infraestructura deficiente, son algunas de las falencias del Régimen Penitenciario.
jueves, 29 de septiembre de 2016 · 03:00
Sergio Mendoza / La Paz

 Son al menos nueve las causas que impiden que las cárceles en Bolivia cumplan su propósito de lucha contra la delincuencia y la reinserción de los que infringen la ley, coincidieron  distintas autoridades. Pese a ello, la privación de libertad es el castigo "favorito” de los fiscales y los jueces.

En un conversatorio realizado ayer, el defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, señaló que el hacinamiento es un gran problema. Los penales se llenan de gente cada día y al parecer los operadores de justicia no reparan en esta realidad. En el país hay 15.232 reclusos en infraestructuras que en total pueden albergar  a unas 5.000 personas.

Una segunda causa es que no hay un sistema de clasificación de internos, todos ingresan en la misma "bolsa” sin importar el delito. "En las condiciones en que tenemos las detenciones no ayudan mucho, no hay clasificación de internos, mucha gente que ingresa por delitos menores acaba articulándose a organizaciones de delincuentes peligrosos”, reconoció el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

Tampoco hay las condiciones de higiene y vestido, resaltó Tezanos Pinto. Sitios donde no hay siquiera acceso a agua potable, indigentes recluidos en harapos, gente marginada en libertad que incurrió en un delito probablemente por su misma situación de marginalidad, como consecuencias de las deficiencias del Estado y que aún en prisión continúan excluidas.

La falta de políticas de educación y actividades culturales que algunos consideran causa de la reincidencia en el delito es el cuarto factor.  

El quinto y sexto factor fueron mencionados también por el representante de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), Antonino De Le, se debe apostar por la reinserción laboral y una adecuada infraestructura para los centros penitenciarios.

Otras tres causas que van en desmedro de las cárceles son la carencia de tecnología, los privilegios de los cuales gozan algunos internos y la falta de especialidad de la Policía en la atención a los privados de libertad.

No obstante, tanto Tezanos Pinto como De Leo consideran que la reclusión al fin y al cabo no es la respuesta para luchar contra la delincuencia.

 "El encierro no funciona, lo hemos dicho en varias oportunidades. No se invierte en la rehabilitación, en la reinserción social y lo que debería ser una medida de último recurso se ha convertido en la norma, dejando de lado las medidas alternativas”, sostuvo el representante de la ONUDC.

"La cárcel no resuelve nada, destruye hogares y genera reincidencia”, completó el Defensor, en la misma línea de los datos que dio el director de Régimen Penitenciario, Jorge López, cuando indicó que el 60% de los reclusos perdieron sus lazos familiares y la gran mayoría quedó con un estigma social.

 De los 15.232 reclusos que hay en todo el país, el 68% está con detención preventiva y el 32% con sentencia. La mayor cantidad de privados de libertad (75%) se concentra en las ciudades del eje central.

Desde que se aplicó el indulto y amnistía, en 2012, son 5.302 reclusos fueron beneficiados. Los tres delitos que más se cometen en el país son robo (el 23% de los reos está en prisión por ello), hechos de narcotráfico (20%) y violación sexual (20%).

 

El Gobierno alista una ley para cambiar el sistema penitenciario 

El Ministerio de Gobierno trabajó en un anteproyecto de ley para transformar el actual sistema de régimen penitenciario y que tiene como base la rehabilitación y reinserción social de los privados de libertad. El documento se presentará la próxima semana al Ejecutivo para su evaluación.

"Vamos a presentar nuestro anteproyecto de Ley de Régimen Penitenciario la próxima semana al Ejecutivo para que lo considere y lo envíe al Parlamento”, informó ayer el representante de esa cartera de Estado, Carlos Romero, en un encuentro con los medios de comunicación.

La  autoridad explicó que con el objetivo mayor de la reinserción se consideró en la nueva norma la clasificación de internos, la incorporación de tecnología, la instalación de servicios públicos dentro del recinto penitenciario, la especialidad de la Policía en tareas de seguridad, la separación de la Policía de las tareas administrativas que corresponderán al ámbito civil, entre otros aspectos.

Estos cambios conllevan inversión de recursos económicos que deberán ser compartidos entre el Gobierno central y los subnacionales. 

El representante de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) en Bolivia, Antonino De Leo, celebró esta iniciativa que está acorde a los tres objetivos planteados en un estudio de Naciones Unidas ante la crisis penitenciaria a nivel global: reducción del encarcelamiento, mejoras de las condiciones de los privados de libertad  y la inversión en la rehabilitación y prevención de la reincidencia.

"Estos tres objetivos son factores esenciales que deben ser considerados, pues la realidad en las prisiones está lejos de los estándares internacionales y dificulta la reinserción (…) La mayoría de los sistemas penitenciarios de los países ya no están orientados a la reforma o rehabilitación social de las personas condenadas, sino que su finalidad es castigar a las personas que han infringido la ley”, acotó De Leo.

 En una anterior gestión de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos habilitó dos cárceles en Patacamaya y Sica Sica.

 

AVISO IMPORTANTE: Cualquier comunicación que tenga Página Siete con sus lectores será iniciada de un correo oficial de @paginasiete.bo; otro tipo de mensajes con distintos correos pueden ser fraudulentos.
En caso de recibir estos mensajes dudosos, se sugiere no hacer click en ningún enlace sin verificar su origen. 
Para más información puede contactarnos

63
3