Fiscalía cuestiona decisión de jueza Maza y anuncia procesos

La jueza dictó libertad condicional para José Alfredo Pinto, acusado de impulsar el atraco, quien no presentó garantías de permanencia.
domingo, 1 de octubre de 2017 · 01:00
Página Siete /La Paz
 
El Ministerio Público anunció acciones penales contra la jueza Mixto Público del municipio de San José, Sarita Maza, quien benefició con detención domiciliaria al exmilitar, José Alfredo Pinto Talamac, sindicado de haber entregado las armas que fueron utilizadas en el atraco a un vehículo de la empresa Brinks.
 
"El Ministerio Público manifiesta su disconformidad con esta resolución infundada, a pesar que se demostró la probabilidad de autoría del sindicado, por lo que se tomarán las acciones penales correspondientes por prevaricato contra la autoridad jurisdiccional”, señaló el Fiscal Departamental de Santa Cruz, Freddy Larrea Melgar.
 
En la audiencia cautelar, los fiscales José Parra y Carlos Robles apelaron la determinación de la jueza, tras fundamentar la imputación con la exposición de 27 armas (26 pistolas y un revólver).
 
Además de un fusil, tres miras telescópicas, tres cargadores (dos largos y un corto) y municiones de diferentes calibres que se secuestró en un operativo realizado en el domicilio del sindicado, en la zona del estadio de Real Santa Cruz, señala una nota de prensa.
 
Además de los elementos colectados, la Fiscalía detalló la declaración del co-imputado Julio César Hurtado (alias El Gordiño), quien aseguró que el exmilitar entregó el arsenal al grupo delincuencial que atracó al vehículo de la empresa Brinks en marzo del presente año, en la carretera a Puerto Quijarro.
 
El Ministerio Público acreditó la probabilidad de autoría del sindicado en la comisión de los delitos de asociación delictuosa, porte o portación ilícita de armas de fuego, lesiones graves y leves  y robo agravado, toda vez que se asoció con los principales autores del atraco.
 
Contrariamente a los indicios presentados por la Fiscalía y la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización, la jueza Maza fundó su determinación en una enfermedad renal que padecería el imputado, quien no presentó documentación idónea al respecto.
 
Al momento de realizar el allanamiento, afirmaron, el sindicado pretendía huir para no someterse al debido proceso por el asalto a mano armada al motorizado de la empresa Brinks que transportaba 2,6 millones de bolivianos y la suma de 350 mil  dólares.
 
El hecho sucedió en la carretera Puerto Quijarro en marzo pasado. El asalto  fue liderado por Mariano Tardelli de nacionalidad brasileña e integrante de la banda criminal Primer Comando de la Capital (PCC).
 
Los antisociales se llevaron el dinero y se internaron en la selva. Justamente fue César Hurtado quien consiguió el armamento (siete en total) de manos de José Alfredo Pinto.
 
Los fiscales imputaron al exmilitar por la presunta comisión del delito de robo agravado, asociación delictuosa, porte o portación ilícita de armas de fuego, además de lesiones graves y leves.

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