ABI / La Paz
El responsable nacional de la Dirección de Registro, Administración y Control de Bienes Incautados (Dircabi), Mauricio Gutiérrez Gisbert, informó que esa entidad presentó una querella penal contra el juez Sandro Quezada por presunto delito de prevaricato, en el caso de una presunta red de abogados falsificadores de testimonios con los que pretendían recoger un vehículo incautado.
"El primero de noviembre de 2017 se ha presentado una querella penal por la dirección general de Dircabi contra el juez Sandro Iván Quezada Hinojosa, esta autoridad jurisdiccional ha cometido el delito de prevaricato”, dijo en conferencia de prensa en ambientes de la Gobernación de Oruro.
Explicó que hace dos semanas se denunció la acción de un posible consorcio de jueces y abogados falsificadores en Oruro, además de la liberación de dos abogados que estaban implicados en esa red por uso de instrumentos falsificados que fueron liberado por el juez Quezada.
Dijo que la resolución de libertad pura que favoreció al abogado Freddy M. C. que presentó un testimonio-poder supuestamente otorgado por el ciudadano Franklin S. H. para recoger el vehículo incautado marca Totoya Caldina, valorado en unos 9.000 dólares, fue anulada.
Gutiérrez solicitó al Consejo de la Magistratura tomar las medidas administrativas que correspondan en este tipo de casos, entre ellos, procesos disciplinaros y la suspensión del juez Quezada.
Tráfico
Hace un par de semanas, el responsable de la entidad denunció la existencia de una red que se dedicaba a fraguar documentos para liberar vehículos que fueron "olvidados”.
Estos abogados obtenían poderes falsificados para que los susodichos vehículos puedan salir de las dependencias de Dircabi para que, al parecer, sean comercializados posteriormente.