Defensor: 7 policías deberían ser citados por la muerte de mineros

David Tezanos Pinto señaló que en el informe que presentó hay al menos seis nombres de efectivos que fueron identificados en posesión de armas en el conflicto.
sábado, 13 de mayo de 2017 · 00:00
Página Siete / La Paz

El defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, afirmó que siete policías estaban con armas letales durante el conflicto minero de agosto de 2016, según el informe que presentó, por lo que deberían ser citados por la Fiscalía para esclarecer la muerte de cuatro mineros cooperativistas.

"Hay siete policías con armas letales que habrían sido introducidas, los nombres se los puede revisar (en el informe defensorial). Ellos deberían haber sido citados a declarar”, afirmó el Defensor en una conferencia.

 Lamentó que no haya avances en las investigaciones del Ministerio Público por la muerte de los mineros cooperativistas, debido a que a la fecha no existe ningún imputado, lo que calificó como un factor negativo dentro del proceso penal que se sigue.

El 25 de agosto del año pasado, el entonces viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, fue asesinado por mineros cooperativistas que lo retuvieron durante al menos nueve horas, en medio de un conflicto de días en el que ellos rechazaban una norma en la que se establecía que  en el sector tenía que haber sindicatos.

 Asimismo, cuatro mineros murieron por impactos de bala. Estos decesos no fueron esclarecidos hasta la fecha, mientras que se tiene a 13 personas procesadas por la muerte de Illanes.

Asimismo, Tezanos Pinto rechazó cualquier demanda penal en su contra presentada por la familia del excomandante departamental de la Policía  José Luis Araníbar, procesado actualmente por incumplimiento de deberes y denegación de auxilio durante el conflicto minero.

La familia del exjefe  departamental de la Policía anunció interponer una querella contra el Defensor por la emisión de un informe  que supuestamente fue la base para la imputación de Araníbar. "Si hubiera alguna querella sería rechazada in limine, sobre tablas, porque el Defensor del Pueblo no puede ser perseguido por sus actos en ejercicio de sus funciones”, afirmó.

Explicó que en el informe defensorial no se señala que hay detección de elementos sobre la responsabilidad penal por incumplimiento de deberes ni denegación de auxilio, "como establece la imputación del Ministerio Público (contra Araníbar), que tiene sus propios elementos y análisis”.

Añadió que la base fundamental de la Fiscalía para procesar al excomandante se refiere al tiempo en el que se habría realizado el repliegue (dos o tres horas después de la orden) y que excedería a las dos horas desde la orden del Ministro de Gobierno y que, por el contrario, se habría optado por el afronte.
 

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