Exfiscal anticorrupción acusado de extorsión pide la cesación de su detención

El juzgado 2do. Anticorrupción de El Alto fijó para este martes la audiencia de cesación a la detención preventiva del exfiscal Ángelo Saravia.
martes, 16 de mayo de 2017 · 14:35

ANF

El exfiscal anticorrupción, Ángelho Saravia acudió a la justicia con un pedido de cesación de la detención preventiva que cumple en el penal de San Pedro desde noviembre pasado.

Saravia fue detenido, acusado de crear un equipo paralelo de inteligencia para salir limpio de un caso de extorsión en el que las víctimas fueron despojados de sus bienes para pagarle un soborno en un litigio.

De manera sorpresiva, la justicia programó su audiencia para este martes 16 de mayo, el juez Omar Monasterios del juzgado 2do Anticorrupción de El Alto debe decidir si procede o no la cesación.

De acuerdo a las investigaciones y a las pruebas presentadas por las víctimas, el ex fiscal anticorrupción prometía a sus clientes resolver sus problemas en la justicia con sustanciales "reconocimientos” –sobornos– a jueces y Fiscales.

Existen indicios que vinculan a Saravia con un consorcio de jueces, fiscales y policías en una red de extorsión.

El 26 de octubre de 2016, mediante un memorial y acompañado de un audio de prueba, el "Control social nacional del Órgano Judicial” denunció ante el fiscal general, Ramiro Guerrero, que el fiscal anticorrupción de La Paz, Ángelho Saravia, pidió dinero a un procesado.

Tras la denuncia, la Fiscalía Departamental de La Paz decidió apartarlo de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, para que enfrente la denuncia por corrupción interpuesta en su contra.

El 13 de noviembre de 2016, en la localidad de Ventilla, un equipo especial de la Policía detectó que Saravia, junto con su hermano Alberto y su abogado Williams Quispe, intentaron forzar al litigante Melquiades Mamani de que desistiera de su acusación de extorsión. Según Saúl Villarpando, abogado de la víctima, el entonces fiscal y sus acompañantes buscaron a su cliente para devolverle US$ 5.000 de los US$ 20.000 que le habían cobrado ilegalmente y de esa manera forzarlo a firmar el desistimiento de la acusación en su contra.

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