En 50 visitas no planificadas identifican al menos 10 casos de tortura

El director general del Sepret dijo que los casos de tortura ocurrieron en diferentes ámbitos, pero “fundamentalmente en la labor policial”.
domingo, 21 de mayo de 2017 · 16:01

ANF / La Paz

El director general del Servicio para la prevención de la tortura (Sepret), Álvaro Guzmán, informó que en más de 50 visitas no planificadas a instituciones estatales se pudo identificar al menos 10 casos de tortura que actualmente la entidad está analizando y patrocinando.

"Hemos hecho más de medio centenar de visitas no planificadas, también hemos atendido casos específicos que los estamos patrocinando (…) que no pasan de la decena”, señaló Guzmán a ANF.

El funcionario indicó que los casos de tortura han ocurrido en diferentes ámbitos, pero "fundamentalmente en la labor policial”.

A partir de estos casos, agregó, el Sepret realiza recomendaciones "a los mecanismos estatales para que puedan tomar acciones en relación a políticas públicas para prevenir la tortura”.

El Sepret es una unidad descentralizada del Ministerio de Justicia. Fue creado con la Ley N° 474 el 30 de diciembre de 2013 y entró en funcionamiento el 1 de julio de 2016. Su labor principal está dirigida a prevenir casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en cárceles, hospitales siquiátricos, hospitales públicos, centros de acogidas, cuarteles, centros de formación policial y militar, así también en centros especializados de acogimiento para mujeres, niños, niñas adolescentes o personas con discapacidad.

Las visitas no planificadas se dan en estas instituciones para verificar "in situ” la existencia de personas afectadas en sus derechos fundamentales.

Para la presente gestión, el Sepret tiene la meta de lograr la tipificación del delito de tortura en consonancia con la Convención de las Naciones Unidas.

"Bolivia a la fecha no tiene, su tipo penal que está en el código actual no está armonizado con la convención”, apuntó Guzmán.

También viene trabajando temas referidos a políticas públicas para "incidir en la rectificación de ciertas decisiones institucionales” para prevenir los tratos crueles, inhumanos y degradantes.

 

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