Expertas resaltan los avances en tema de drogas en nuevo Código

Penas proporcionales a la gravedad del delito y la no criminalización de la tenencia de dosis personales fueron bien recibidas por dos organizaciones.
sábado, 13 de enero de 2018 · 00:04

Página Siete  / La Paz


Tres expertas en políticas de drogas resaltaron avances del  Código del Sistema Penal (CSP) en materia de lucha contra el narcotráfico. Esta norma, a diferencia de la Ley 1008, establece penas proporcionales a la gravedad del delito para combatir a los “peces gordos” en lugar de castigar a los eslabones más débiles de este circuito.


“Este es un avance en materia de justicia, ya que se busca orientar la limitada fuerza pública hacia los peces gordos, hacia los distribuidores de drogas y no así hacia los vendedores. Así resulta mucho más efectivo cortar el suministro de droga a niveles más altos para evitar la distribución”, señala un pronunciamiento de la fundación Acción Semilla y la Red Andina de Información.  
 
La Ley 1008  castiga con hasta 25 años de cárcel “el tráfico” de droga sin importar la cantidad.

Prácticamente cualquier persona hallada con sustancias controladas puede ser sancionada con largas condenas sin considerar si se trata de un gran narcotraficante o alguien ajeno a este negocio que por  unos pesos aceptó transportar unos gramos de cocaína.


  En cambio el nuevo Código fija “escalas” para aplicar la sanción: hasta 20 años de prisión si se trata de grandes cantidades  y hasta seis años si son porciones  pequeñas.  


Por otro lado, se introdujo la figura del microtráfico, cuya pena es de hasta tres años de privación de libertad. De esta forma se busca vaciar las cárceles repletas de pequeños traficantes que si reinciden  podrán ser condenados a penas mayores.


Las expertas también resaltaron el artículo que se refiere a la individualización de la sanción (43), el cual establece que el juez debe sancionar a la persona por el delito cometido considerando aspectos como la edad, género, situación familiar y otros, con lo que se pretende tomar en cuenta las consecuencias que una condena traería en (por ejemplo) una mujer con varios hijos y dependientes.


 Se felicitó la no penalización de la “posesión de cantidades equivalentes a dosis personales” y se propuso al Gobierno tomar en cuenta a actores de la sociedad y expertos en la materia para construir una “política basada en la evidencia”, para que la sanción no se base en la simple posesión de la droga, sino en el propósito que tiene dicha persona, qué se pretende con esa sustancia. 


El análisis concluyó con dos observaciones: el Código castiga con cárcel el cultivo ilícito de amapola y cannabis, pero  la Ley 913 (artículo 19) permite la investigación de los beneficios de estas plantas (con la debida autorización) a instituciones científicas, farmacéuticas y otros, pero no así a, por ejemplo, padres que cultiven para sus hijos enfermos.


   En esa misma línea el Código sanciona la “inducción al consumo” y el “uso de bienes para el consumo”. Pero queda la interrogante: ¿qué ocurre si la droga aplicada tiene un fin medicinal?

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