Jueza admite en un audio que no violaron a Alexander y que el médico es inocente

La presidenta del Tribunal Décimo de Sentencia aseguró que la forense del IDIF, Ángela Mora, cometió un error, y que los fiscales Edwin Blanco y Susana Boyán culparon a Jhiery Fernández para taparlo.
lunes, 17 de septiembre de 2018 · 08:19

Carlos Quisbert / La Paz

En un extenso audio al que tuvo acceso Página Siete, la jueza y presidenta del Tribunal Décimo de Sentencia, Patricia Pacajes, admite que sabía que el médico Jhiery Fernández es inocente de la supuesta violación del bebé Alexander, muerto en 2014. Asimismo, reconoce que la versión del abuso sexual surgió a raíz de una equivocación de la forense Ángela Mora.

“En el hospital Juan XXIII el médico pediatra (Roberto Gumiel) dice: ‘hay violación’, en ese momento hay una equivocación, llega la médico forense y dice: ‘hay violación’, llaman a la prensa y emite el certificado médico forense que dice ‘hay violación’”, relata Pacajes.

De acuerdo a la información confidencial que se entregó a este medio, Pacajes dio ese testimonio en una reunión privada a un grupo de amigos a los que insistió en contar los detalles del juicio, un mes después de haber dictado la sentencia de 20 años contra Jhiery Fernández.

Junto con el galeno, también se sentenció con dos años de presidio a la médico internista del Hospital del Niño, Sandra Madeni, y a la enfermera del hogar Virgen de Fátima (hoy Niño Jesús), Lola Rodríguez, por los delitos de incumplimiento de deberes y homicidio culposo.

El bebé de ocho meses Óscar Alexander C. V., que estaba a cargo de la Gobernación en el hogar ubicado en la zona de Obrajes, murió el 13 de noviembre de 2014 a causa de una hemorragia interna (shock hipovolémico) que derivó en un profuso sangrado por la región anal.

Ante la conmoción nacional que causó la difusión del informe de Mora, quien trabajaba en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), la Fiscalía procesó en total a 18 personas; se acusó a seis, tres de ellas se sometieron a juicio abreviado del cual terminaron con sentencias de tres años de cárcel, pero evitaron la condena con el perdón judicial. El resto fue sobreseído.

“(Mora) no tenía ni un año de experiencia de médico y entró por muñeca. (...) Entonces eso pasa el 13 de noviembre, investigan, investigan y la fiscal de Distrito, Patricia Santos, dice: ‘Aquí parece que no hay violación’, y para mí tampoco hay violación. Yo sé, yo he redactado la sentencia”, afirma en el audio Pacajes, quien luego asegura haber recibido amenazas y presión política.

La madrugada del 27 de marzo de este año, el Tribunal Décimo conformado por Pacajes, Gladis Guerrero y Roberto Mérida, luego de 17 horas de escuchar los alegatos finales y deliberar por una hora más, dictaron sentencia unánime de 20 años de prisión contra Fernández por los delitos de violación, infanticidio y homicidio culposo.

Pero el audio que se revela en esta nota no fue la única vez en que la jueza Pacajes admitió que hubo un error. El 6 de abril de este año, en una entrevista con dos medios locales, Pacajes reconoció que no existía prueba científica contra el médico. “Ni la Fiscalía ni la defensa han probado de quién es el Antígeno Prostático (PSA), no había prueba científica”, aseguró aquella vez.

El PSA es una sustancia proteica sintetizada por células de la próstata cuya función es disolver el coágulo seminal.

En el audio facilitado a Página Siete, Pacajes no sólo confirma este extremo sino que deja en duda el hecho de que las pruebas donde se encontró el PSA fueron “fabricadas” a propósito.

“Se hace cuatro pruebas de genética, de dos médicos del Hospital del Niño y de dos médicos del Virgen de Fátima y ahí encuentran PSA en el anito del bebé, pero no sé si será fabricado”, confiesa la jueza.

Basada en toda la evidencia presentada en el juicio, Pacajes afirma en el audio que hubo además injerencia política sobre la Fiscalía para que destituyan a dos fiscales y pongan a cargo del caso a Edwin Blanco, actual fiscal Departamental, y a Susana Boyán.

Ambos imputaron a Fernández y lograron que la entonces jueza Segunda Cautelar, Lía Cardozo, lo remita al penal de San Pedro el 15 de diciembre de 2014, en medio de la desesperación de su familia que hasta la fecha sostiene que el galeno es inocente.

Boyán siguió el caso hasta la sentencia y durante el proceso fue denunciada por agresión y amenazas contra testigos, abogados de la defensa y contra la misma jueza Pacajes, quien reportó el hecho a la Fiscalía General, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio de Justicia.

En el audio, Pacajes asegura que la entonces Fiscal de Distrito, Patricia Santos, fue presionada por sus superiores para que se incrimine al médico y, ante su negativa, se la destituyó bajo otras denuncias que surgieron contra ella.

“La tercera que vuela del cargo es Patricia Santos. Pasan meses y aquí no hay violador creo que el médico es inocente, Patricia Santos dice eso, y el fiscal general la presiona, entonces la botan de la Fiscalía y acusan (al médico)”, rememora la jueza en la reunión de amigos donde fue grabado el audio.

En efecto, el 21 de mayo de 2015, la fiscal Santos declaró a los medios de comunicación: “La hipótesis (de la violación) en realidad la ha sustentado el señor Fiscal General y será esta autoridad la que deba responder al respecto”. Este medio pidió al comunicador de la Fiscalía General una versión de Guerrero, pero no respondió al requerimiento.

No fue la única funcionaria que asumió esa postura. En marzo de ese año, uno de los fiscales asignados al caso, Leopoldo Ramos, presentó un informe que fue remitido a la Fiscalía General, en el cual solicita ser excusado del proceso por falta de independencia.

“Durante las investigaciones del caso bebé Alexander me he sentido integrado al equipo, aunque tal vez hayan sentido alguna incomodidad por mi posición algo crítica y por la falta de autonomía investigativa que no nos permite desarrollar con eficiencia y eficacia el trabajo cuando, al final, somos nosotros quienes vamos a dar la cara y sostener en juicio, la acusación y los elementos de prueba”, se lee en el documento al que tuvo acceso Página Siete, emitido el 13 de marzo de 2015.

En entrevista con este medio, la jueza Pacajes se negó el viernes a escuchar el audio luego de que se le explicó el contenido. Afirmó que no redactó sola la sentencia en alusión a sus colegas Guerrero y Mérida. La jueza Guerrero se negó a dar declaraciones sobre el audio, pero señaló que todo lo declarado por Pacajes es a título personal.

(Escuche el audio completo de la jueza Pacajes en paginasiete.bo).

Forenses Cristian Vargas y Ángela Mora declararon en 2016.
Foto: Carlos Quisbert / Página Siete

Fiscalía sabía con anticipación errores de los dos forenses

La Fiscalía fue informada de los errores cometidos por los forenses Ángela Mora y Cristian Vargas en el certificado forense y en la autopsia de Alexander antes de que imputen y sometan a audiencia cautelar al médico Jhiery Fernández, hoy sentenciado a 20 años de cárcel por la supuesta violación al bebé.

“Estos elementos fueron conocidos por la Fiscalía antes (de la audiencia cautelar del médico), porque (los fiscales) nos preguntaron”, afirmó la entonces perito del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), María Terán, quien practicó la necropsia al cuerpo del niño el 18 de noviembre de 2014, cuatro días después de realizada la autopsia.

Según documentos policiales de ese entonces, a los que accedió Página Siete, se observaron varios puntos del certificado emitido por la forense Mora.

“Como se puede apreciar en las imágenes existen varias observaciones en la valoración médica forense inicial, hay incongruencias, contradicciones, uso de lenguaje inapropiado y falta de mediciones y descripción pormenorizada de las lesiones”, señalan los respaldos policiales.

En el certificado emitido por Vargas, la Policía observó que él no tomó el número de muestras adecuadas y las que se remitieron al IDIF (hisopados) no eran analizables, razón por la que se realizó la necropsia.

Según esos reportes, los forenses no hicieron descripción adecuada de las dos coloraciones de la sangre que salió de la cavidad anal del bebé: una oscura por la hemorragia interna, ocasionada por la reanimación y el daño intestinal; y la otra más clara por las dos lesiones (de cinco milímetros y de dos centímetros) encontradas en el sigmoides, al interior del recto que no presentaban ningún tipo de desgarro en la parte exterior del recto.

Por otro lado, en la valoración de la supuesta violación, Mora no tomó en cuenta la dilatación del esfínter después de los dos paros cardiorespiratorios que había sufrido el bebé antes de perder la vida, a las 18:30 del 13 de noviembre en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Juan XXIII.

Retirada del IDIF, Terán fue convocada como testigo al juicio que se desarrolló en el Tribunal Décimo de Sentencia. “Me he ratificado en todo lo que he encontrado en la necropsia, (...) donde señaló que no había en la parte física elemento de una agresión sexual”, aseguró en entrevista con este medio.

En el juicio, al ser consultada por su experiencia sobre cuántos casos de violación a bebés atendió durante los meses que trabajó en el IDIF, Mora respondió: “De un niño de esa edad, nueve meses, sería el tercero (caso), más o menos”, figura en la transcripción del acta de esa audiencia.

En declaraciones a otro medio en 2016, luego de prestar testimonio en el juicio, tanto Mora como Vargas declararon que se ratificaban en sus informes y negaban haber incurrido en errores.

Por su lado, Terán informó que al momento de prestar declaración en el juicio fue amenazada con un proceso penal por la fiscal Susana Boyán, debido a que ella quería presentar a los jueces las fotografías de la autopsia donde se evidencian los errores cometidos por Vargas y Mora.

Según la Contraloría, Mora presentó su renuncia el 3 de diciembre de 2014, 20 días después de emitir el polémico certificado; la Fiscalía informó que abandonó el país por motivos de estudio, sin precisar el destino; Vargas trabaja en el IDIF de Cochabamba.

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