Requisitos excesivos impiden que albañil acusado sin pruebas salga de la cárcel

Para Llanos, hay una contradicción entre las leyes y la realidad, porque con sus requisitos considera que en Bolivia hay solo trabajo formal cuando más del 75 por ciento está en el sector informal.
miércoles, 02 de octubre de 2019 · 10:17

ANF / La Paz

Gonzalo Chura Mamani, albañil de oficio, condenado a 20 años de cárcel, pese a que las pruebas científicas del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) lo exoneran de culpa, no puede salir de la cárcel con medidas sustitutivas por los cuantiosos y difíciles requisitos que exige el juez.

El Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de La Paz en octubre de 2017 falló con 20 años de cárcel por el delito de violación, en un juicio que no valoró las pruebas a su favor que científicamente demuestran su inocencia. La denuncia surgió por parte de su hermana mayor por la disputa de un patrimonio. 

Los plazos para su apelación son largos y retardados y ya en cinco oportunidades los jueces le negaron medidas sustitutivas “por no contar con un trabajo formal”, pese a que sí lo hizo. El proceso se encuentra en apelación.

La última vez que presentó la documentación en audiencia, en busca de su excarcelación, la fiscal Patricia Miranda se opuso. Dijo que la empresa de seguridad que le daba trabajo a Chura no existía porque ella vive por ese sector y nunca lo había visto. Su versión bastó para desestimar la documentación del joven albañil. La ubicación de la empresa se la puede ver incluso mediante Google Map, pero no se hizo la verificación.

Los requisitos que se exige a Chura, así como a muchos internos, son: Contrato de trabajo a futuro notariado; Registro Obligatorio de Empleados; NIT de la empresa; licencia de funcionamiento; Aporte a la AFP; estar afiliada a la Caja Nacional de Salud; tener registro en Fundempresa, por una parte.

Estos requisitos se complementan con: tener al menos dos garantes solventes, con ingresos por encima de 10.000 bolivianos, deben figurar en una planilla de pagos, que tengan propiedades con folio real registrado en Derechos Reales y que brinden esa documentación.

Son requisitos imposibles de conseguir para un privado de libertad y mucho menos si no tiene un familiar que afronte todo ese tedioso trámite burocrático e ingente gasto de dinero que significa, señala el exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos.

“Lo que menos pueden conseguir es eso del Ministerio de Trabajo, porque muchas empresas no quieren darle el certificado, porque eso implica que ellos ya tienen que estar registrados como trabajadores de la empresa”, apuntó Llanos.

En una anterior audiencia, Chura presentó un contrato de trabajo para construir habitaciones para un vecino de su zona. Él siempre trabajó así. El juez desestimó su documentación.

Para Llanos, hay una contradicción entre las leyes y la realidad, porque con sus requisitos considera que en Bolivia hay solo trabajo formal cuando más del 75 por ciento está en el sector informal.

“El trabajo en Bolivia es de gremiales, de comerciantes, entonces no hay un trabajo formal en Bolivia; la ley dice una cosa y la realidad es otra, que somos un país sin empresas legalmente constituidas”, apuntó.

Conseguir garantes es otro gran problema. Dijo que los familiares buscan y hacen todo lo que pueden, pero como la cárcel está estigmatizada porque hay alcohol y droga, “nadie quiere confiar en un preso, por lo que conseguir un garante solvente es difícil”.

Gonzalo Chura alista por sexta vez documentación en busca de su libertad. Permanece cerca de cuatro años preso en el penal de San Pedro por un delito que no fue demostrado que cometió, pero los jueces prefirieron condenarlo.

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