Fernández logra libertad pura y simple por el caso Porvenir

De los más de 11 años que ha durado el proceso, el exprefecto de Pando ha pasado cuatro años y seis meses en la cárcel y el resto, en detención domiciliaria.
martes, 10 de diciembre de 2019 · 02:06

Carlos Quisbert / La Paz

El Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz dispuso ayer  la libertad pura y simple del exprefecto de Pando  Leopoldo Fernández. Reconocido  como uno de los principales presos políticos del MAS, Fernández aseguró que logró este beneficio “debido a que la justicia ya no está controlada por el poder político”.

Pese al fallo, aún pesa sobre el exprefecto la detención domiciliaria por otros tres juicios que le fueron abiertos por la Gobernación de Pando, luego de su encarcelamiento. La defensa de Fernández anunció ayer que también está en trámite el pedido de libertad en esos casos. 

“Son 11 años que vengo siendo víctima,  uno más de los  centenares, quizá millares de perseguidos políticos, cuyos derechos  fueron atropellados. Teníamos una justicia cooptada por el poder político del anterior gobierno”, afirmó Fernández a la salida de tribunales. 

    “Fue una audiencia de modificación de medidas cautelares, en la que se otorgó libertad pura y simple para   Leopoldo Fernández en el caso Porvenir (...) Siempre se ha mantenido su  inocencia, éste ha sido un juicio político, un capricho del anterior gobierno”, señaló  el abogado de Fernández, Karlo Brito.

 El caso data del 11 de septiembre de 2008, en Porvenir, donde durante un enfrentamiento  murieron 15 campesinos y normalistas. Se acusó a Fernández de dirigir a gente armada y ordenar el cavado de zanjas para impedir el paso de la marcha de los campesinos, quienes se dirigían desde Riberalta hasta  Pando para   tomar las oficinas del INRA.

El entonces prefecto de Pando  fue detenido cuatro días después. Fernández pasó cuatro años y seis meses en detención preventiva, entre los penales de San Pedro y Chonchocoro, y el resto con detención domiciliaria.

 Luego de más de 1.500 audiencias, la sentencia se dictó el 10 de marzo de 2017. El Ministerio Público acusó a Fernández por los delitos de asesinato, terrorismo,  asociación delictuosa,  lesiones graves y leves y homicidio, pero sólo logró condena por el último delito. Junto a él  fueron sentenciados Edwin Ventura, exalcalde de Porvenir, Juan Marcelo Mejido y Hernán Justiniano.

  El exprefecto fue condenado a 15 años. Pero ayer, mientras se encuentra en fase de  apelación (casación), la defensa de Fernández logró el beneficio de libertad pura y simple. 

Brito explicó que esto se debe a que su defendido ya cumplió más de dos tercios de su pena, no existen riesgos de fuga, pero lo más importante, con el cambio de Gobierno, ya no existe injerencia sobre las decisiones de los jueces.

“No hay quien no esté consciente de  que en el gobierno de Evo Morales se utilizaba la justicia para sacar algún un tipo de ventaja de orden político”, afirmó Fernández.

La abogada de los familiares de  las víctimas del caso Porvenir, Mary Carraco,  también apeló la sentencia contra Fernández y pide 20 años de cárcel.

 El preso   político de  Pando que defendió la autonomía 

El 2008 fue el año de mayor tensión entre el gobierno del MAS y la oposición, aglutinada en cinco departamentos: Santa Cruz, Beni, Tarija, Pando y Chuquisaca, en un bloque al que se denominó la Media Luna. La consigna opositora era la conquista de la autonomía a  la que Evo Morales calificó de separatismo.

Los primeros días de septiembre, los prefectos y cívicos de la oposición tomaron las instituciones que dependían del Gobierno central. En Pando, campesinos de Riberalta y de otras zonas rurales iniciaron una marcha hacia Cobija, con el fin de retomar el INRA, argumentando que la toma de esa institución amenazaba la titulación de tierras fiscales.

El 10 de septiembre, se  cavaron zanjas para impedir el paso de los marchistas; una a la altura de Cachuelita (entre Filadelfia y Porvenir) y otra en Tres Barracas (entre Puerto Rico y Porvenir).

El 11 de septiembre hubo enfrentamiento armado. Un funcionario del Servicio Departamental de Caminos, Pedro Oshiro, fue muerto por un disparo de bala. También murieron 14 personas, entre campesinos y normalistas, parte de la marcha que iba hacia  Cobija.

 

 

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