Un año de impunidad en caso La Manada, juicio arranca entre denuncias de injerencia

La joven que fue vejada por cinco de sus amigos se encuentra fuera del país. Fue amenazada, perseguida y acosada por las familias de los procesados. Su abogada, Arleti Tordoya, denuncia amedrentamiento.
lunes, 16 de diciembre de 2019 · 00:24

Leny Chuquimia  /  La Paz 

Con un juicio anulado y denuncias de tráfico de   influencias, el caso La Manada llega a un año de impunidad.  Cuatro de los cinco implicados en la  violación grupal de una joven de 18 años se encuentran, desde el viernes pasado, en el banquillo de los acusados.   

“A un año del caso, vemos que la justicia es  costosa y muy difícil. Mientras más personas estén involucradas y sean investigadas, cada vez  será mayor el sesgo para encontrar justicia. Pero también  se dificulta si hay autoridades que benefician o intentan manipular  el proceso.  El viernes se inició el juicio de cuatro de los acusados”, dijo la abogada de la víctima e integrante de Mujeres Creando, Arleti Tordoya. 

Explicó que hasta ahora no se sabe cuándo se instalará el juicio del acusado menor de edad. Recordó que este fue absuelto por la jueza Shirley Becerra en una sentencia que fue  anulada.

Activistas  llegaron a Santa Cruz para apoyar a la víctima.
Foto: Archivo

El 14 de diciembre de 2018, la víctima salió con cinco de sus amigos. Lo siguiente que recuerda es que despertó tres días después en la sala de terapia intensiva  de un hospital. Los análisis clínicos evidenciaron  que  fue drogada. Su cuerpo estaba lleno de moretones y presentaba lesiones que confirmaban un vejamen.

Los acusados son cinco varones de los cuales uno es adolescente con responsabilidad penal. La madre del menor de edad es una influyente funcionaria edil.

 La instalación del juicio a los cuatro varones adultos  fue acompañada de grupos de activistas. En La Paz   las “feministas -autónomas” convocaron a la población a ser parte de la intervención “un violador en tu camino”, performance  de protesta,  creada  en  Chile y  replicada en el mundo.

 Instalan juicio para 4 acusados

El juicio oral  de  cuatro de los cinco implicados en la violación grupal  se inició el pasado viernes. La primera audiencia se instaló en el  Tribunal Segundo de Sentencia en Santa Cruz. 

La defensa de uno de ellos es patrocinada por  el ahora exministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano Atalá. Este caso fue una de las polémicas que precedieron a la destitución del jurista en el gabinete de  Jeanine Añez. 

Estuvieron     familiares de los acusados y grupos de activistas que apoyan a la víctima. En esta primera audiencia sólo se leyó la acusación de la Fiscalía. Se fijó el 20 de diciembre como fecha para la próxima reunión. 

 Para el desarrollo del juicio se citará a  39 testigos y más de 52 pruebas documentales serán  presentadas y fundamentadas. Se expondrán también  siete  pruebas materiales y siete   periciales. 

Tordoya  espera que el Ministerio Público  y los fiscales que estén al mando de la comisión “estén a la talla”. “Tienen que  hacer su trabajo porque son  los acusadores formales. Nosotras somos particulares por la víctima, pero el acusador por excelencia es el Ministerio Público  y son  ellos que tienen que estar a la vanguardia de la defensa”, enfatizó.

Indicó que como Mujeres Creando se mantendrán en alerta  por la víctima porque ella todavía  no tiene las garantías necesarias para presentarse en las audiencias. Recordó que ya en el juicio anulado del menor de edad se incurrió en serias vulneraciones.  

  “La víctima fue maltratada y revictimizada por la jueza que llevó  el  juicio contra el menor de edad, Shirley Becerra. La sentencia emitida por esta señora fue revocada y anulada para que el juicio empiece de nuevo. Es decir que vamos  a empezar   con el juicio de los adultos, pero  no sabemos muy bien cuándo vamos a empezar con el juicio del menor de edad acusado”, explicó.

 Becerra emitió una sentencia absolutoria en junio que desestimaba al menos ocho pericias  importantes que demostraban el vejamen. En septiembre  los magistrados de la Sala Civil Segunda anularon la sentencia. 

El director nacional de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Sexual y en Razón de Género, Roberto Almendras, dijo que el Ministerio Público  cuestionó la decisión de la jueza. Consideró la resolución  como “prevaricadora y totalmente parcializada” por no valorar la integridad de la prueba documental, material y pericial.  

La semana pasada se llevó a cabo la audiencia de cesación a la detención del acusado A.C.P. Consiguió un  criterio de oportunidad en tema de sustancias controladas pero no  la libertad.  

8 pericias omitidas en el primer juicio

  • 1   El informe de planimetría y geoposicionamiento señala que los acusados y la víctima estuvieron en el Deluxe una hora, cinco minutos y 59 segundos. La víctima estuvo consciente sólo 15 minutos.
  •  2 El certificado médico forense evidenció “signos recientes de acto contranatura o de acceso carnal vía anal”.  
  • 3 Unos 19 días después del examen forense un segundo galeno confirmó las lesiones anales de la víctima. 
  • 4 El informe forense  certifica “equimosis en ambas caderas, cinco en la  derecha y tres en la izquierda, debido a la digitopresión”. Explica que hubo “sujeción para la  inmovilización”.
  • 5 Un informe  otorrinolaringológico indica que la víctima tenía el paladar lastimado y dificultad en la deglución. La especialista  conjetura que la víctima fue obligada a tener sexo oral.
  • 6 Un experto  toxicólogo dijo que por las drogas encontradas en su organismo la víctima no estaba consciente para dar su consentimiento. 
  • 7 La pericia psicológica forense al menor acusado certificó un “nivel moderado de violencia”. Reveló que “no posee remordimiento por lo que sucede a su alrededor”.
  • 8 La inspección ocular   evidenció que la habitación del Deluxe es un monoambiente. Es imposible que alguno de los involucrados   no haya visto lo ocurrido.

Hay perjuicio por cambio de fiscal, piden informe

  La abogada Arleti Tordoya  advirtió que el cambio de la  fiscal Nancy Carrasco -a dos semanas del juicio- generó un perjuicio en el caso. El diputado Gonzalo Barrientos pidió un informe del caso. 

“El cambio de la fiscal afectó bastante. Los actuales no han podido entrar en ritmo y llegan tarde a las audiencias. Todavía no saben bien cuáles son los riesgos que se mantienen vigentes en los acusados.     Es un caso complicado en el que hay cinco  investigados y los fiscales deben tener un manejo adecuado de la información y se ve que  no lo tienen”, afirmó Tordoya.

 El 28 de noviembre, la fiscal de materia Nancy Carrasco presentó una acción de libertad contra el entonces ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano. Denunció injerencia en el caso de “la manada”, en el que  dos de los acusados son  defendidos de Justiniano. La medida se extendió a la exjueza  Iris Justiniano, por amenazas de muerte.

Una semana después,  Carrasco fue apartada de la comisión  que lleva adelante el caso por violación grupal. Jessica Echeverría, una de las abogadas de la víctima, denunció  que la decisión se debió al “uso de influencias por parte de Jerjes”. El exministro negó las acusaciones.   

  “Es poco viable  que  la fiscal vuelva al caso porque hubo un manoseo de la justicia evidente que no está siendo   vista en toda su magnitud. Es un proceso muy delicado y son bastantes las pruebas que se deben producir para demostrar que los acusados no van a ser un peligro efectivo para la víctima aún con detención  preventiva”, sostuvo Tordoya.

Al respecto,  el  diputado  Gonzalo Barrientos, de Unidad Demócrata (UD), indicó que  el 10 de diciembre solicitó  un informe escrito al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, sobre la supuesta injerencia del exministro de la Presidencia. 

“Pedimos un informe para saber  si es que hubo presiones o no por parte del exministro en  el denominado caso La Manada. No puede ser que, atenido al poder,  lleve adelante  supuestas injerencias. Debe quedar claro que no podemos hacer lo mismo que criticamos al gobierno de Evo Morales, tiene que haber transparencia”.
 

 Denuncian amedrentamiento y  Carrasco presentó  amparo contra  fiscal 

Tordoya denunció  amedrentamiento por parte de los acusados. Manifestó que hay una clara presión contra la defensa de la víctima, los fiscales y hasta quienes acompañan las audiencias judiciales.   

“Es necesario y vamos a velar porque  no haya amedrentamiento alguno para nadie. Es lamentable que las familias de los acusados -en un gran número- vengan  a las audiencias no para  acompañar a la justicia, sino para amedrentar y evitar que se sepa la verdad. Esa es la intención, ocultar lo que pasó en realidad”, afirmó la jurista.

Dijo que es importante visibilizar esta situación de alerta permanente en la que se encuentra la defensa. “Nosotras como Mujeres Creando todavía estamos custodiando que la justicia llegue como debe llegar”, sostuvo.

 Manifestó que no es un caso sólo de la víctima, sino que es el reflejo de la situación de las mujeres en la sociedad y en el país.  “Así como tratan  a una víctima de violencia sexual  nos tratan a todas las mujeres y a todo boliviano  que no tiene los recursos  necesarios para poder enfrentar  todo lo que conlleva acceder a la justicia. Estas audiencias son pesadas, hay mucho amedrentamiento,  mucha tendencia a obstaculizar de alguna manera  la defensa de la víctima”, dijo.

En esta línea la  fiscal de Materia, Nancy Carrasco -quien denunció injerencia y amenazas-  presentó un  amparo constitucional contra el  fiscal departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero Palma. La documentación a la que tuvo acceso Página Siete fue interpuesta el 10 de diciembre pasado, en la Sala Constitucional número tres.

Después  de un año
 

2018 El 14 de diciembre, la joven de 18 años salió con cinco de sus amigos. Despertó tres días después en un hospital.   Análisis clínicos evidenciaron  que fue  drogada y  vejada.

18 de diciembre de 2018. Cuatro de los cinco acusados de la violación grupal fueron enviados de forma preventiva a la cárcel Palmasola en Santa Cruz. El quinto fue enviado a un centro de  menores de edad en conflicto con la ley.

2019  El 31 de mayo la víctima declaró como testigo en una cámara gessell. Un juez admitió un declaración que desvirtúa una violación grupal. Previo a ello la forense fue acusada de falsedad ideológica por su informe.

  28 de junio de 2019. la jueza Shirley Becerra absolvió al menor acusado de coautoría. Dijo que el Ministerio Público no pudo probar la   violación. La sentencia emitida omitió y desestimó ocho pericias importantes.

17 de agosto de 2019. Las abogadas de la víctima, Jessica Echeverría y Arleti Tordoya, denunciaron una persecución.  Indicaron que el Colegio de Abogados  de Santa Cruz  les notificó con un proceso disciplinario.

3 de diciembre de 2019. La fiscal Nancy Carrasco  fue apartada de la comisión de fiscales que llevaba el caso. Una semana antes había presentado una acción de libertad contra Jerjes Justiniano, entonces ministro de la Presidencia.
 

13 de diciembre de 2019. Se dio inicio al juicio oral de  cuatro de los cinco acusados en el caso La Manada. Grupos de activistas y feministas realizaron protestas y vigilias como lo hicieron a lo largo de todo el año.

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