Familias de difuntos rechazan la indemnización de Bs 50 mil

Exigen que el Gobierno les dé una pensión vitalicia. Denuncian que no fueron consultados sobre el Decreto Supremo 4100.
sábado, 07 de diciembre de 2019 · 01:47

Marcelo Blanco / La Paz

Familiares de los muertos en los hechos de Senkata en El alto rechazaron el Decreto Supremo 4100 que fija una indemnización de 50.000 bolivianos por fallecido. Denuncian que no se les consultó  y exigen una  pensión vitalicia para cada familia.

“Estos 50.000 bolivianos no es factible, porque la plata se va a acabar. Pediríamos una renta vitalicia (…) la presidenta (Jeanine) Añez debería conversar directamente con las familias de los afectados, que son 10, 12 muertos”, afirmó el suegro de una de las personas muertas en Senkata, Mano Ramírez.

Tras la renuncia del exmandatario Evo Morales, múltiples conflictos se suscitaron en todo el país, dejando varios muertos. Los hechos más graves de violencia se dieron en Senkata, El Alto; y Sacaba, Cochabamba. De acuerdo a los registros del Ministerio Público, son 29 los fallecidos en los hechos de violencia en el país.

El padre de uno de los fallecidos en Senkata indicó que la pensión vitalicia sería la mejor opción, ya que  muchos de los fallecidos tenían familias que dependían de ellos.  “Hay hermanas que han quedado con niños huérfanos. A nosotros nos da pena. Estamos haciendo campañas incluso para poder ayudar un poco, recaudar fondos y ellos puedan tener algo, pero eso no es suficiente”, lamentó el familiar. Recalcó que un pago mensual ayudaría a las familias en su subsistencia.

Respecto al apoyo que se dará a los heridos, tampoco están de acuerdo,  ya que afirman que hay personas que por sus lesiones ya no podrán trabajar. “¿Qué pasa con aquellos que perdieron las piernas, que les han amputado? Ellos ya no van a poder trabajar”, dijo Ramírez. Según el registro de la Fiscalía, son 33 las personas heridas por los conflictos.

De acuerdo al Decreto Supremo 4100 promulgado por la presidenta Añez el jueves,  se dará una indemnización a las familias  de los fallecidos de 50.000 bolivianos. A los heridos,  se les brindará un apoyo hasta que concluya su etapa de recuperación. 

El representante de Derechos Humanos de la ciudad de El Alto, David Inca, afirmó que las familias de las víctimas rechazan este decreto supremo porque -señalan- un artículo de esta norma les condiciona a que no puedan reclamar una investigación y pedir justicia ante instancias internacionales.

 “Hay un artículo que a nosotros nos llama la atención en el que dice: en el momento de que el herido sea curado o bien la familia reciba 50.000 bolivianos, no tienen derecho las personas a reclamar ante instancias internacionales. Eso ya es chantaje”, afirmó Inca.

Remarcó que los familiares de las víctimas harán una petición ante la ONU para tener una reunión entre el Gobierno, sobrevivientes y familias de los fallecidos y heridos.

 

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