Presidenta dice que no promulgará la Ley de Garantías, puede recurrir al TCP

Después de que la norma sea sancionada por la Cámara Alta, el Ejecutivo tiene 10 días para promulgarla; de lo contrario lo hará el Senado, manda la Constitución. Pero hay una opción: acudir al TCP.
sábado, 07 de diciembre de 2019 · 01:36

Pamela Pomacahua  / La Paz

La presidenta Jeanine Añez ratificó que no promulgará la Ley de Garantías que fue aprobada  en la Cámara de Diputados y será tratada en el Senado. Tres abogados constitucionalistas sostienen que el Ejecutivo puede  recurrir  al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que la norma sea vetada y no entre en vigencia. 

“No voy a promulgar la ley”, sentenció  ayer la Primera Mandataria tras la aprobación  del proyecto en grande y en detalle en la Cámara Baja, cuya mayoría de sus miembros son del Movimiento Al Socialismo (MAS). 

La propuesta nace luego de los enfrentamientos acaecidos en el país, entre octubre y noviembre, con el saldo de  más de 30 muertos. En ese entonces, la Iglesia Católica y la Unión Europea (UE) fueron los garantes de un acuerdo de paz que establecía la aprobación de una ley.

La madrugada de ayer, los diputados aprobaron en grande y en detalle los 13 artículos del proyecto y lo enviaron al Senado para su tratamiento, aunque no hay fecha aún. Los legisladores de otros partidos y sectores sociales  denunciaron que la propuesta pretende otorgar “impunidad” a exautoridades y dirigentes sindicales que tuvieron participación en los hechos violentos.  

La ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, aseguró que la presidenta Añez vetará la ley. “En el Ejecutivo hay una sola palabra, esta ley no va a ser aprobada”, dijo la autoridad ayer en conferencia de prensa.
 
El titular de Justicia, Álvaro Coimbra, señaló el jueves que jurídicamente no corresponde una ley de garantías porque las mismas ya están en la Constitución Política del Estado (CPE). Asimismo, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, dijo que  lo que se pide es que las exautoridades respondan por los actos cometidos.

Tres abogados constitucionalistas creen que el Ejecutivo puede presentar  un recurso de inconstitucionalidad al TCP para que la norma  no sea promulgada. “Lo mejor sería presentar un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal  y que lo envíe el Ejecutivo en consulta”, precisó el analista Williams Bascopé.

Por su parte, el  abogado Marco Antonio Baldivieso señaló que el TCP es el ente adecuado para verificar si esta propuesta es favorable o  vulnera derechos. “Cualquier norma puede, antes de su vigencia, ser enviada a consulta”, indicó el jurista.

El abogado Alain De Canedo explicó que el recurso  lo puede presentar  la Presidenta o cualquier ciudadano. “Esto es  para que no sea promulgado hasta que se  resuelva en el TCP”.

El proyecto de ley también develó pugnas entre asambleístas del MAS, un grupo denunció a algunas diputadas por presiones y hasta por amenazas. Entre las legisladoras que son acusadas están Sonia Brito y Betty Yañíquez, entre otras.

 

 Los  artículos

Artículo 3  El Gobierno indemnizará a los familiares de las personas fallecidas producto de las movilizaciones sociales (y enfrentamientos) a partir del 21 de octubre de 2019.

Artículo 4  El Gobierno se hará cargo de las personas heridas en las movilizaciones sociales, disponiendo la utilización de servicios médicos públicos y privados. 

 Artículo 5   El Órgano Ejecutivo coordinará con el Ministerio Público y el Órgano Judicial la salida en libertad de las personas detenidas cuando participaban pacíficamente en las movilizaciones.

 Artículo 7  Se reafirman las garantías establecidas en el artículo 161 de la CPE y el parágrafo I del artículo 2 y el artículo 12 de la Ley 044 modificada en parte por la Ley  612 que señala: “Ley para el juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público”.

Artículo 8   El Ejecutivo otorgará de manera inmediata los salvoconductos que sean requeridos por Estados que hayan concedido diferentes formas de asilo a exautoridades.

 

 

 

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