Caso Terrorismo: implicados prevén que el juicio “se caiga”sin la presión del MAS

El abogado defensor Gary Prado señala que el proceso se mantuvo por una década sólo por presión política del MAS. Los imputados piden que se reivindique su inocencia “en este caso montado”.
lunes, 09 de diciembre de 2019 · 00:04

Carolina Méndez / Santa Cruz

Tras la renuncia de Evo Morales y su gabinete, hay incertidumbre y esperanza por lo que pasará con el caso Terrorismo. El largo juicio,  que se inició formalmente el 9 de octubre de 2012, da un nuevo giro.

 El 16 de abril de 2009, la Policía intervino el hotel Las Américas de Santa Cruz.  En el  operativo murieron tres extranjeros y otros dos fueron aprehendidos. Otras 37 personas fueron acusadas de magnicidio. Así comenzó el caso Terrorismo.

Ahora el proceso –que según  los abogados defensores “se sostenía sólo por presión política”– ha quedado “suelto”. Los acusados esperan la extinción de la causa que significó para ellos una “década de injusticias”.

“Estoy seguro de que este montaje está llegando a su fin. La situación ha cambiado. El caso Porvenir y el caso Terrorismo fueron los estandartes de los abusos del gobierno del MAS contra los bolivianos para amedrentar y establecer su poder a través de la manipulación de la justicia”, afirma Zvonko Matkovic, uno de los procesados.

Y reafirma:  “Pedimos que no sólo se nos reivindique como inocentes, sino que se haga justicia en relación con  los culpables y autores de este caso montado, en el que hay fallecidos y encarcelados durante años , en total violación de los  derechos humanos”.

Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, quienes durante casi 10 años estuvieron   aprehendidos “preventivamente” sin recibir sentencia, recibieron el pasado 19 de noviembre, la posibilidad de defenderse en libertad. Nueve días después de la renuncia de Morales, el Tribunal Primero de Sentencia –que había negado las   varias solicitudes de medidas sustitutivas– esta vez accedió. 

Por otro lado, las juezas ciudadanas, quienes infaltablemente asistían a Santa Cruz para el juicio, no se presentaron a las últimas audiencias. Y fue así  desde que se instaló el gobierno de transición de Jeanine Áñez.

“Justicia, no venganza”

Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza  fueron acusados, junto con  otras 33 personas, de terrorismo en 2009. Desde entonces, estuvieron detenidos “preventivamente” en Palmasola.  

Hoy,  después de reiterar hasta el cansancio que “no se declararán culpables de algo que no cometieron”, tienen  la posibilidad de defenderse en libertad. Sin embargo, aún se mantiene sobre ellos una mordaza:  la prohibición  de hablar sobre su caso.

Alcides Mendoza y Juan Carlos Guedes –además de Michael Dwyer, ElödToasó y Mario Tádic– han elevado una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación de nueve derechos humanos reconocidos por el Pacto de San José.  Entre ellos, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección de la honra y la dignidad. 

Los acusados explican que han depositado confianza en la justicia internacional, hastiados de los “indebidos procesos” que se han visto en Bolivia.

“La jurisdicción que correspondía para tratar un ‘atentado’ en Santa Cruz era Santa Cruz; no obstante, el caso se trasladó a La Paz. La aprehensión sin citación del Fiscal, con emboscada en la vía pública, agresión y tortura, debería ser considerada ilegal y ser investigada con responsabilidad penal, pero jamás ocurrió”, argumenta Gary Prado, abogado de varios de los acusados en el caso Terrorismo.

 Según el jurista, el allanamiento debió realizarse con orden fiscal para enmarcarse en la ley. Afirma que, pese a ello, el “asalto” en el Hotel Las Américas se hizo “de manera arbitraria y en horarios inadecuados”.

 “La detención  preventiva no debió sobrepasar los 24 meses;   sin embargo, los aprehendidos cumplieron casi una década sin libertad y sin sentencia. Eso pasó porque todo era permitido en el reino de Evo Morales”, sentencia Prado.

Un caso “destaratalado”

Tras el violento operativo al Hotel Las Américas, la madrugada del 16 de abril de 2009, la Policía sostuvo que tanto los caídos como los detenidos  eran mercenarios que planeaban asesinar al entonces presidente, Evo Morales. La oposición, en cambio,  aseguró que esos  “mercenarios” y el “ataque terrorista” fueron un montaje ideado desde la jerarquía del MAS para dañar al movimiento autonomista a través de la persecución y el amedrentamiento.

Desde esa madrugada hasta hoy han sucedido muchas cosas. Unas 39 personas fueron acusadas de ser parte de una célula terrorista separatista que presuntamente operaba en la capital cruceña: 22 de ellas fueron enjuiciadas, mientras que las otras 17 fueron declaradas en rebeldía por huir del país. 

El juicio oral que se inició en Tarija fue trasladado finalmente a Santa Cruz. Algunos acusados estuvieron hasta en tres cárceles distintas, privados de libertad sin sentencia por casi una década. Otros de los implicados se declararon culpables a través de juicios abreviados, luego de estar recluidos de manera “preventiva”  cinco años.

En distintas oportunidades el Ministerio de Gobierno sacó separatas en medios impresos para “reiterar el intento separatista y terrorista” que se incubaba en Santa Cruz.

Marcelo Soza, el fiscal asignado –cuya investigación fue la base para estructurar el proceso– fue condenado por el Tribunal 12 de Sentencia por los delitos de concusión y uso indebido de influencias. Según el fallo,  autoridad judicial se aprovechó de su cargo para extorsionar y moldear el caso Terrorismo a sus conveniencias.

Pese a ello, todo el proceso   aún se sostiene  en   el trabajo del  fiscal. Es su firma la que  mantiene a los acusados.

Aunque durante el proceso, la acusación por terrorismo pareció tambalearse en algunas oportunidades, el juicio continuó y continúa. Pero ahora, tras la salida del MAS del Gobierno,   pareciese haber tomado un nuevo rumbo.

Alcides Mendoza  fue vinculado con Rozsa.

Un juicio de 7 años se quedó sin cuórum

Los jueces ciudadanos, según el Código de Procedimiento Penal, eran tres personas que participaban en las decisiones judiciales junto con dos jueces técnicos designados. Esta figura fue insertada en el sistema judicial boliviano en 1999 y  eliminada en octubre de 2014. Como el juicio oral del caso Terrorismo empezó en 2012, aún mantiene a estos actores civiles.

Según Gary Prado, abogado de varios de los acusados, el Ministerio de Gobierno ilegalmente pagó los pasajes y viáticos de las juezas ciudadanas como un mecanismo de coerción sobre ellas. Desde que el Ejecutivo fue asumido por nuevas autoridades transitorias, las tres  juezas dejaron de asistir a las audiencias a las que se trasladaban de La Paz a Santa Cruz cada dos semanas.

“Aquí hay que abrir una nueva investigación, por los delitos de malversación, de uso indebido de influencias, conducta antieconómica y de asociación delictuosa. Romero, Móldiz, Pérez y otra vez Romero han estado cometiendo estos delitos permanentemente. El Consejo de la Magistratura era el llamado a cubrir los gastos de las juezas ciudadanas, pero en el caso de que éstas sean las juzgadoras de sus pares ciudadanos. No para que viajen a otro lugar a juzgar. No había partida presupuestaria para eso en la Magistratura; por lo que, el Ministerio de Gobierno uso recursos negros para cubrir ese gasto”, sostuvo Prado.

Se presume que, tras el cambio del ejecutivo, las juezas no volverán a asistir a las audiencias por lo que el juicio no podrá continuar por falta de cuórum. Esta imposibilidad formal podría dar paso a la anulación del juicio, según señala el abogado.

La defensa de los acusados plantea extinguir la causa a través del retiro de la acusación fiscal por parte de Juan Lanchipa y que se retire la acusación particular, por parte del ministro Arturo Murillo con respaldo de la presidenta Jeanine Añez. 

“Esperamos que el nuevo gobierno no se compre esta farsa porque de lo contrario también tendrá responsabilidad por la violación a los derechos humanos y responderá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que ya ha ingresado la denuncia contra el Gobierno boliviano por violaciones a la integridad personal, garantías judiciales y otros crímenes de lesa humanidad”, manifiesta Prado.

Hotel Las Américas en Santa cruz.
Foto: Archivo / Página Siete

Zvonko Matkovic denuncia retención bancaria millonaria

Zvonko Matkovic, acusado en el caso Terrorismo, denunció a través de su cuenta de Twitter que el Ministerio de Gobierno  fijó en su contra, el año 2010, una  retención judicial de sus cuentas bancarias. 

Hace unos días, Matkovic fue a realizar una transacción bancaria y se encontró con la sorpresa de que la retención fijada para él es de 10.000 millones de bolivianos.

“Fui al banco y me enteré que hay una retención absurda en caso de que yo sea declarado culpable. La retención es parte de la normativa judicial, pero no puede ser pues el número que les dé la gana. Todos los acusados están impedidos de poder usar bancos por la retención, pero ninguno sabe cuánto es el monto total que se les ha fijado. Yo pude acceder a ese dato y es un monto ridículo”, manifestó Matkovic.

Zvonko compartió la foto de la retención e ironizó en su Twitter: “¿Será que lo extor sionado por Soza puede ir a cuenta?” .

Indicó que no hará una denuncia formal sobre este tema ya que –sostuvo– se trata de un “absurdo”. Dijo estar seguro de que este imprevisto se  solucionará con las nuevas autoridades.

La familia Matkovic denunció al exfiscal Soza por extorsión, ya que éste habría pedido 140 mil dólares para sacar a Zvonko del caso prometiendo que se “solucionaría fácil”.

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