El Gobierno va tras el segundo dirigente cocalero de los Yungas

Denunciaron a Sergio Pampa de impedir que se investigue una supuesta golpiza en La Calzada. El dirigente es el segundo al mando, debajo de Franclin Gutiérrez.
sábado, 16 de febrero de 2019 · 00:04

Carlos Quisbert  / La Paz

Después de dos operativos policiales contra pobladores de la comunidad La Calzada, en el municipio yungueño de La Asunta, el Gobierno está ahora  tras el proceso  del segundo  hombre al mando y secretario general de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), Sergio Pampa.

El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, acusó ayer a Pampa y otros miembros  de Adepcoca de dirigir a un “grupo de delincuentes” que supuestamente privó de libertad, amenazó de muerte  y golpeó al  responsable de la Dirección  General de  Comercialización e  Industrialización de la hoja de coca (DIGCOIN), Martín Serruto, el pasado vienes 8 de febrero.

 En buses y camionetas un  contingente de cerca de 150 efectivos policiales se trasladaron el jueves a  La Calzada, población que pertenece a la Federación de productores de coca de Chamaca, en  La Asunta.

Desde las 16:00 la Policía gasificó a los pobladores que se opusieron a que el fiscal Carlos Mariaca ingrese a la zona, quien  les aseguró que  iba a realizar una inspección ocular en el lugar donde supuestamente fue agredido Serruto. En el operativo cuatro comunarios fueron aprehendidos y trasladados a La Paz para ser procesados por presuntamente impedir que se investigue el hecho.

El dirigente de la Subcentral Chamaca, Antonio Valda, negó las acusaciones del Gobierno y aseguró que “las denuncias  tienen un fondo político para amedrentar a los que rechazan al MAS”.

Valda afirmó que el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, quién presentó la denuncia contra  los dirigentes de Adepcoca,  culpó a los representantes antes de hacer una investigación y que  el día de la supuesta agresión a Serruto se encontraban en La Paz, lo que -en su criterio- prueba que la denuncia fue hecha sólo  para perjudicarlos.

   Hasta el cierre de esta edición de esta nota, Sergio Pampa no dio ninguna  declaración sobre la acusación que el viceministro Quiroga hizo en su contra y otros  dirigentes de Adepcoca.

La Policía abandonó La Calzada y en la zona hay una tensa calma luego de enfrentamientos entre los mismos comunarios.

Denuncia  y reunión

  •  Requerimiento El fiscal Carlos Mariaca, a cargo de la investigación de la agresión denunciada por el director de   DIGCOIN, solicitó al Órgano Judicial un informe para saber si 12 habitantes de La Calzada tienen antecedentes penales.
  • Cabildo Los dirigentes de La Calzada anunciaron para hoy una asamblea general para  asumir medidas de protesta.

Los detenidos afirman que no eran parte de la protesta

Los cuatro detenidos en la comunidad  La Calzada del Municipio de La Asunta, en los Yungas, aseguraron   que fueron detenidos sin ninguna razón mientras estaban dentro de un camión   en el que viajaban a La Paz,  y negaron tener  relación con las protestas que se realizaron el jueves  en esa localidad en contra de la Policía.

“Estábamos sobre un camión mirando lo que pasaba, porque había gasificación y el auto ahí se paró, todos  los comunarios de  La Calzada se metieron a sus casas y la Policía nos dijo ‘bajen, va a ser peor si se resisten’, eran varios y así paraditos (sin más pertenencias) nos han traído”, relató ayer Sergio Nina Quispe, uno de los cuatro detenidos el jueves.

  Junto a Nina, en celdas de la fuerza anticrimen de La Paz se encontraban Wilfredo Salazar, Abraham Palluca Mamani y Diego Chambi Moscoso.

Familiares de los arrestados mostraron la citación que les  entregaron a los cuatro en las celdas policiales. El documento estaba firmado por la fiscal de turno, Rocío Zabalña, quien anunció la investigación por supuesto atentado contra la seguridad pública y servicios públicos.

  A su turno, Salazar, Palluca y Chambi afirmaron, por separado, que viajaban a La Paz por diferentes motivos, unos para regularizar la situación escolar de sus hijos, otro para comprar víveres para sus tiendas  y el último por motivos de trabajo.

Aseguraron que fueron los únicos detenidos “sin motivo alguno” y que la Policía no les dio ninguna explicación durante el traslado a La Paz. Por temor no dieron más declaraciones.

 

 

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