Hacinamiento carcelario llega a 225% en condiciones de miseria

Se analizaron datos de 19 centros penitenciarios, en los que existen 18.825 internos distribuidos en espacios con capacidad sólo para 5.805 reclusos.
miércoles, 27 de febrero de 2019 · 01:04

Carlos Quisbert / La Paz

El hacinamiento en las cárceles del área urbana  del país  llega a 225%,  donde además los 18.895 presos viven en  condiciones de miseria, según las 20 conclusiones de un informe emitido por la Defensoría del Pueblo.

“Conocer situaciones o realidades como las que se viven en las cárceles y quedarnos  sólo con la impresión de que se vive mal, de que no se vive con las condiciones mínimas, que la dignidad (de los detenidos) queda en entredicho en esos centros… sería quedaros cortos” (sic), afirmó ayer la  Defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz, que entregó el informe de 2018.

El   documento titulado “volcar la mirada a las cárceles” señala  que el Estado, representado por diferentes entidades, vulnera los derechos de acceso a la salud, educación, a una mejor infraestructura o con la   falta de programas de reinserción social.

“Es una realidad que no ha variado en los últimos 15 años y se ha visto agudizada frente a la criminalización de la pobreza, además del abuso de la detención preventiva”, afirmó Cruz.

Sobre el  hacinamiento, el caso  más alarmante está en el penal de San Roque de  Sucre, espacio diseñado para 102 internos pero donde viven 738, que representa un 624% de sobrepoblación.

Le siguen los penales de  Santa Cruz con  297% de hacinamiento, Oruro con 252%, La Paz con 239% y Pando con 227%, entre los casos más relevantes.   

  Entre los hallazgos también se revela que el 70%  de los 18.895 internos están detenidos  sin sentencia y  el 30% tiene condena.

El documento detalla que el acceso a la energía eléctrica, agua y alcantarillado es precario.

En el tema de salud, en  todas las cárceles hay  carencias de    medicamentos y no se cuentan con espacios adecuados para la atención  médica de los internos. En promedio existe un  médico por cada 410 reclusos, pero  en el penal de Cantumarca sólo hay un galeno para 881 de internos.

Se verificó que no hay programas para personas drogodependientes y  262 internos padecen enfermedades terminales.

De acuerdo a los datos, hasta   mayo de 2018 había 374 niñas y niños, de los cuales 88 se encontraban en recintos para mujeres, 173 en el penal de San Pedro de La Paz y 113 niños vivían en centros penitenciarios mixtos.

 Cruz anunció que 12 instituciones serán notificadas con el contenido del informe  y en  180 días ellas deben generar na serie de políticas para subsanar todas las observaciones detectadas y planteadas en el informe dado a conocer ayer por la Defensoría.

 

Experto: Jueces, policías y  fiscales encarcelan con  facilidad

 El experto en reforma penitenciaria Reynaldo Imaña  afirmó que parte del problema de hacinamiento carcelario es por   los administradores de justicia, que sólo  están dispuestos a trabajar para encarcelar a las personas, pero no tienen  el mismo interés para devolverles la libertad.

   “Tenemos una sociedad que no toma conciencia del carácter destructivo e inútil de la cárcel, así como tenemos policías, fiscales y jueces hábilmente dispuestos a encarcelar a diestra y siniestra , pero que no tienen la misma disponibilidad a la hora de devolver la libertad y mucho menos para reparar el daño causado por el encierro injusto, ilegal y excesivo”, afirmó Imaña.

Durante la presentación del informe de la situación carcelaria en Bolivia, realizada ayer por la Defensoría del Pueblo, Imaña  reflexionó sobre la falta de políticas de reinserción social.

   Detalló que como prueba de esa falta de políticas de reparación, sólo en  tres penales los reclusos pueden encontrar ofertas de estudios superiores.

Por otro lado, observó que el informe de la Defensoría revela  que en los  recintos carcelarios  sólo existen lugares de trabajo improvisados, hecho que  se suma a  las insalubres condiciones en las que se preparan los alimentos para los reclusos.

Para Imaña, el Estado se niega a reconocer el fracaso del Derecho Penal que tiene como una de sus consecuencias la exagerada cifra de detenidos sin sentencia. “El informe de la Defensoría evidenció que no hay ninguna medida para la reinserción social, me atrevo a decir que el Estado legitima la violencia institucional”, dijo.

 

 

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