El 1,3% de casos de violencia tiene sentencia condenatoria

Bolivia ocupa el tercer lugar en Sudamérica, después de Colombia y Brasil, en incidencia. En 2018 se registraron 128 asesinatos.
lunes, 11 de marzo de 2019 · 00:04

Página Siete  / La Paz

De cada 10 casos de violencia en el país, cuatro tienen que ver con la violencia doméstica y de éstos sólo el 1,3%  se castiga, es decir llega a una sentencia condenatoria. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó ayer que los hechos de violencia contra las mujeres es un tema en el que existe un “déficit”. 

“40% de los hechos de violencia en el país tienen que ver con violencia intrafamiliar o doméstica, con delitos sexuales con distintas modalidades de violencia. De estos delitos denunciados y procesados no se castigan, sólo el 1,3% de los casos  tiene sentencias  condenatorias”, indicó. Señaló que esto tiene mucho que ver con la administración de justicia y la reducida cantidad de juzgados para atender esos delitos. 

A su juicio, la cifra de feminicidios en el país es muy alta y “alarmante”, puesto que en 2018 se presentaron 128 asesinatos de mujeres, cifra que fue subiendo en los últimos seis años y coloca a Bolivia en el tercer lugar en Sudamérica, después de Colombia y Brasil. “Colombia y Brasil tienen tasas de 2,9 feminicidios por cada 100 mil habitantes y 2,8 feminicidios por cada 100 mil habitantes, respectivamente. En el caso de Bolivia ocupamos el tercer lugar en Sudamérica con una tasa de dos feminicidios por cada 100 mil habitantes”, lamentó. 

Explicó que en 2018 se tuvieron más de 37.000 casos de violencia que fueron denunciados ante los organismos policiales, de los que 32.058 corresponden a violencia familiar y doméstica y 4.645 casos a delitos sexuales. 

Sin embargo, argumentó    que “al haberse generado los mecanismos para denunciar, al haberse estimulado la denuncia, al haberse empezado a registrar esas denuncias, obviamente han empezado a aparecer las cifras. Si las cifras han ido creciendo en estos años es porque más mujeres se han ido animando a denunciar”, destacó.

Adelantó que se aprobará un paquete de normas orientadas a reducir el índice de violencia contra la mujer. “El presidente va a poner a consideración del gabinete el próximo miércoles un decreto supremo que va a permitir fortalecer significativamente el trabajo de la FELCV, especializar cuadros policiales, varones y mujeres, en el tema de violencia contra las mujeres”. 

 Romero explicó que otra de las medidas que se analizará en gabinete es la puesta en marcha de un sistema de alerta y control que, en tiempo real, desde un celular mediante una aplicación  permitirá a la mujer que está siendo víctima de agresión alertar del hecho a la Policía. “Les permitirá a las mujeres activar una alarma en el centro de monitoreo de la Policía y apenas se active desde el celular esa alerta y desde el centro de monitoreo se va a poder establecer georreferencialmente de qué lugar exactamente se está enviando esa señal”.

El ministro manifestó también que el nuevo Servicio Plurinacional de la Mujer tiene dos tareas encomendadas en las que debe trabajar inmediatamente, referidas a la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres y la prevención de los embarazos en adolescentes.

El gabinete de la mujer analizó un reordenamiento de juzgados que permitirá una mayor y mejor atención en casos de violencia contra las víctimas, para ello se enviará un anteproyecto de ley al Legislativo para una reingeniería en juzgados, además.

 “No puede ser que 24 juzgados a nivel nacional que, además de atender temas de transparencia, acciones contra la corrupción pública, sean los encargados de substanciar los procesos de denuncia contra la violencia contra la mujer”, puntualizó Romero.

Datos de  Defensoría

  • Sentencias Según informe de la Defensoría del Pueblo, entre 2015 y marzo de 2018  solamente el 1,13% de los casos concluyeron con sentencia condenatoria; los demás, contaron con sobreseimiento, salidas alternativas y  rechazo.   
  • Desamparo Las mujeres víctimas de violencia del área rural  no acceden a los servicios de protección, según la Defensoría del Pueblo.

 

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