Concejal de Riberalta exigía coimas de hasta Bs 200 mil

Una comisión interinstitucional detectó al menos tres hechos que involucraban a funcionarios de entidades estatales.
viernes, 22 de marzo de 2019 · 00:34

Página Siete / La Paz
 

El viceministro de Transparencia Institucional, Diego Jiménez, informó ayer que luego de realizar los operativos para investigar hechos de corrupción en el municipio de Riberalta se estableció que el concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Wilmer Endara Pérez habría exigido coimas de hasta 200 mil bolivianos a empresarios privados para la adjudicación de obras.

Jiménez indicó que el concejal junto al funcionario Óscar Marcelo Serrate dirigían una red de corrupción, ambos fueron aprehendidos por la Policía, acusados de cometer los presuntos delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y legitimación de ganancias ilícitas.

“Se dirigían y se armaban varios procesos de contratación. Por razones de investigación no podemos brindar detalles, pero estamos hablando desde obras pequeñas y compras menores, hasta obras grandes en el municipio de Riberalta. Compras de luminarias, tubos, obras, la piscina-lavandería de la Villa SAI, entre otros”, manifestó  Jiménez, según un boletín de prensa enviado del Ministerio de Justicia.

La autoridad del Ministerio de Justicia indicó que también se solicitó que se investigue al alcalde de Riberalta, Omar Núñez, perteneciente al MAS.

“Nadie, absolutamente, nadie, así sea del partido de Gobierno, puede aprovecharse de los recursos públicos que están destinados en beneficio de la población. Estamos pidiendo que se investigue al Alcalde y estamos exigiendo toda la rigurosidad de la ley” puntualizó Jiménez.

El pasado 6 de febrero el Ministerio de Justicia, la Contraloría General del Estado y la Procuraduría intervinieron la Alcaldía de Riberalta para llevar adelante tareas “preventivas y correctivas” por  posibles hechos de corrupción que se habrían identificado en esa comuna.

En el marco de la política Cero Tolerancia a la Corrupción, el Gobierno conformó una comisión interinstitucional de acción inmediata, la misma detectó al menos tres hechos de corrupción que involucraban a funcionarios de tres entidades.

La primera denuncia implica a un vocal del Tribunal Departamental de Justicia que fungió como asesor del Alcalde y que intervino en la adjudicación para el mantenimiento de una avenida, la segunda denuncia tiene que ver con la venta de propiedades estatales en la urbanización Santo Domingo y el tercer caso reveló que una empresa constructora recibió la totalidad del pago para el mantenimiento de la plaza Conavi y la plaza 3 de Febrero sin cumplir con el contrato.

 

 

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