En Inquisivi 24 narcos presos trabajaban para el alcaide

Régimen Penitenciario anunció que se investigará por qué los jueces enviaron a reos de Cochabamba y Oruro a este recinto, donde no había guardia policial.
martes, 09 de abril de 2019 · 02:04

Carlos Quisbert  / La Paz

Régimen Penitenciario informó que de los 27 reclusos de  la carceleta de Inquisivi, 24 tenían sentencia, la mayoría por narcotráfico, y que el alcaide Emiliano  Amato Guarachi, que ocupaba el cargo a  pedido de la comunidad, fue denunciado por explotar laboralmente a los reos al sacarlos a trabajar para sus propiedades.

El pasado viernes, en un operativo realizado en la tranca de Vila Vila,  se identificó a  cinco reclusos   de la carceleta de Inquisivi,  quienes en un vehículo viajaban a  Oruro y declararon que habían dejado el recinto carcelario con permiso del alcaide Amato.  

De los cinco reos, uno de  nacionalidad peruana, tres cumplían detención preventiva  por narcotráfico, uno con  sentencia por el mismo delito y el quinto es un sentenciado por asesinato en el grado de tentativa y violación.

“El reporte es que en la carceleta de Inquisivi había 27 internos (cuatro mujeres), 24 con sentencia y tres detenidos preventivos, la mayoría relacionadas a delitos de narcotráfico.  (...) Las mujeres ya fueron enviadas al penal de (mujeres) Obrajes y de los cinco que fueron detenidos en Vila Vila, cuatro fueron enviados a Chonchocoro y uno a San Pedro. Estamos en un trabajo de verificación de datos para el traslado de los otros”, informó el director nacional de Régimen Penitenciario, Saúl Villegas.

Señaló que en varias de las comunidades donde se construyeron  carceletas (19), las autoridades regionales se opusieron a la presencia de personal policial y designaron a un representante para que se haga cargo de la administración del recinto, con el fin de mejorar el trato a los internos, como el caso de Amato.

 Dijo que el “acuerdo” fue distorsionado en Inquisivi,  y según la declaración de los  reclusos  sorprendidos  en Vila Vila  el alcaide sacaba a los reos a  trabajar en sus propiedades.

“En algunas comunidades donde se construyeron estas carceletas, algunos dirigentes del lugar se han opuesto a que Régimen Penitenciario envíe personal y lograron que se nombre a un comunario como  funcionario (de la institución) y él realice esta labor. Pero en el caso de este alcaide de Inquisivi la información es  que sacaba a los internos a trabajar en sus propiedades”, detalló el director de Régimen Penitenciario.

     Villegas puso en duda la legalidad y la coincidencia de   las órdenes judiciales por las que varios  condenados por narcotráfico fueron traslados a Inquisivi, donde no conocían que no había  reguardo policial, además que hay  sentenciados por casos juzgados en Cochabamba y Oruro.    

 

“La investigación  abarcará el ámbito judicial, para saber cuál era la razón por la que enviaron a personas con condena a Inquisivi, todo era con orden judicial, por eso se va  investigar de forma integral”, señaló Villegas.

 El alcaide Amato fue capturado el domingo e imputado por incumplimiento de deberes y favorecimiento a la evasión de la justicia por haber dado “permiso de salida” a los cinco reclusos detenidos en Vila Vila. 

La audiencia cautelar del alcaide está programada para hoy y el Ministerio Público anunció que  pedirá la detención   preventiva en el penal de  San Pedro. 

El Ministerio de Gobierno inició ayer una revisión de los datos de los detenidos en las 19 carceletas  que se tienen en provincias a nivel nacional, para definir a qué recinto carcelario deben ser derivados. El titular de esa cartera, Carlos Romero, emitió una resolución para retomar el control de las carceletas.

 

 Medidas  asumidas

  •  Resolución Por las irregularidades detectadas en Inquisivi, el  ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó el sábado  que se asumirán cuatro medidas. La primera es que el control en las 19 carceletas provinciales que hay en el país será retomado por policías.
  •       Mujeres La segunda es no permitir  la presencia de mujeres en las carceletas para evitar casos como los de Rurrenabaque, donde una interna denunció haber sido víctima de violación por parte de los policías.
  •   Operativos La tercera medida es realizar operativos de control con los comandos departamentales y, por último, los delegados de internos no podrán ser delincuentes detenidos por delitos graves.
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