Benefician a 5 jefes de la Armada tras el robo de 10.000 proyectiles

La denuncia señala que los involucrados fueron promovidos, uno al Comando en Jefe de las FFAA, otro dirige el COSDEP y dos son comandantes de unidades.
domingo, 19 de mayo de 2019 · 00:07

Carlos Quisbert  / La Paz

El 31 de octubre de 2018 el Departamento IV de Logística de la Armada Boliviana reportó el hurto de 10.000 proyectiles calibre 9 milímetros (mm) del pañol de ese comando, ubicado en Bajo Següencoma. A la fecha la munición no fue recuperada, pero  los responsables de su cuidado, cinco jefes militares, fueron ascendidos a diferentes cargos.

La denuncia, que llegó a Página Siete, señala que los principales favorecidos con el ascenso son el entonces  comandante de la Armada, almirante Gustavo Arce; el inspector, vicealmirante Aldo Bravo, y  los  contra almirantes Fernando del Pozo y Édgar Alvarado.

“Son varios oficiales que no fueron investigados y sólo se procesó a los de menor grado. Se debe hacer una auditoría (al sumario militar) y se verá que (los involucrados) ordenaron investigar a comandantes de anteriores gestiones para dilatar la investigación, lo hicieron  para no ser  perjudicados en los ascensos, debieron al menos haber sido cambiados o sancionados por incumplimiento de deberes”, señala parte de la  denuncia.

Del Pozo era el jefe del Departamento IV, unidad a cargo del resguardo de la  munición en 2018. Alvarado era el asesor jurídico del Comando de la Armada.

Parte del sumario militar que informa del robo, (auto final Nº 24 / 2018), firmado por Arce, revela que el 31  de octubre de 2018 se reportó el segundo día de inasistencia del auxiliar de la División “C” Material Bélico, el sargento Óscar Limachi.

Al buscar a Limachi, las autoridades militares se contactaron con su esposa, quién denunció que -en medio de una discusión- vio que su pareja tenía gran cantidad de balas tiradas en el piso de su vehículo.

A partir de ese indicio  se instruyó verificar el  inventario del pañol del comando. “Inmediatamente ordené que se abrieran todas las cajas de esta munición (en presencia de tres subalternos), se constató que aproximadamente cinco cajas (cada una de 2.000 cartuchos calibre 9 mm) fueron  cambiadas por cartuchos de calibre 7,62 x 52”, reportó  el capitán de navío Alberto Pio Loza, entonces  subjefe del Departamento IV.

Los 10.000 proyectiles de 9 mm están valuados legalmente en 48.000 bolivianos (7.000 dólares), en las dotaciones de la Policía por ejemplo, pero en el mercado negro su valor se duplica.

En la investigación  interna se encontró responsabilidad y se sometió a  sumario informativo al  jefe de la División ‘C’ Material Bélico, Benjamín Salinas, por violación de normas (falta de control)  y al auxiliar Limachi, por hurto de los proyectiles.

Limachi admitió haber sustraído la munición pero aseguró que sólo sacó “cuatro paquetes, de 50 unidades cada una, y que luego los devolvió sin que nadie lo viera”, hecho que abrió más dudas y reveló lo vulnerable que era la guarnición, según la denuncia.

Por el robo se emitieron varias sanciones contra militares de bajo rango que no tenían responsabilidad en ese caso y se  los perjudicó en el proceso de ascensos 2019. No pasó lo mismo con los oficiales superiores.

La investigación interna se dilató y no  logró establecer dónde fueron a parar los proyectiles.

Pese a que era la máxima autoridad en el Departamento IV en 2018, Del Pozo no fue procesado y, al contrario, se llamó a declarar a su antecesor, el almirante Luis Sánchez, bajo la sospecha de que la munición pudo haber sido robada en 2017.

Las irregularidades fueron denunciadas a Arce, pero no hubo reacción.

Los denunciantes critican el hecho de que, por ejemplo, en el caso del robo de fusiles del puesto militar en Porvenir (Pando), ocurrido en junio de 2018, se destituyó al comandante de ese distrito; sin embargo, por el robo de la munición no hubo sanción en contra Del Pozo, al contrario, fue ascendido  y ahora es comandante en la unidad militar ubicada en el Comando Estratégico Operacional Mamoré, en Beni.

El vicealmirante Bravo firmó, como testigo, la entrega del inventario del pañol  que hizo Sánchez a Del Pozo, sin observaciones, por lo que se descarta que el robo se cometió en  2017. Ese documento fue entregado a este medio.

Actualmente, Bravo dirige el Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (COSDEP). El exasesor jurídico, Alvarado, también cuestionado por la dilación de la investigación, ahora es comandante  de una   unidad militar  en Pando; y Arce pasó a ser Jefe del Estado Mayor del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas.

Página Siete buscó la contraparte  de los involucrados, pero desde el Comando de la Armada se informó que se tiene prohibido dar cualquier información sin orden del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, instancia que tampoco dio respuestas hasta el cierre de esta edición.

Caso de abuso a marineros en Pando

Una denuncia que llegó a Página Siete señala que se dictó un sobreseimiento en favor del vicealmirante Aldo Bravo, exinspector General de la Armada, quien fue procesado por presuntamente haber llevado a trabajar a un domicilio particular a cuatro marineros, tres varones  y una mujer, en julio de 2018, en Pando.

Según una carta  enviada a la Asamblea Legislativa, en marzo de este año se obligó a los marineros a cambiar su versión para cerrar el caso.

Este medio accedió a la resolución final del proceso,  en ella se menciona  que   los marineros  negaron  haber recibido tratos “humillantes y, al contrario, se sintieron  halagados por  compartir el  desayuno” con Bravo.

La unidad de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa no actuó en el caso y se inició un proceso contra el oficial que recibió las primeras declaraciones de los soldados.

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