74% de las privadas de libertad están bajo detención preventiva

La situación económica y educativa son factores que influyen en la detención preventiva de las mujeres. La mayoría son madres y el impacto en la familia es alto.
lunes, 27 de mayo de 2019 · 00:04

Leny Chuquimia /  La Paz

El 74% de la población carcelaria femenina  de Bolivia se encuentra  bajo detención preventiva, seis puntos por encima del promedio de los privados de libertad del país, según el Informe sobre el estado de la justicia en Bolivia 2018, de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos.  El documento  también  señala que  Bolivia es el cuarto país de la región  con mayor porcentaje  de  mujeres en prisiones.  

“En el informe le hemos dado énfasis   a la situación de las mujeres privadas de libertad. A septiembre de 2018 teníamos una población de 1.535 mujeres, de las cuales 92% estaba  en recintos urbanos. Pese a que el promedio de la población que está en detención preventiva es del 68%, en el caso de las mujeres  el porcentaje aumenta   al 74%”, dijo Marco Antonio Loayza Cossío, de la Fundación Construir.

 En Bolivia  hay 51 centros penitenciarios,  19 urbanos y 32 rurales. Juntos tienen una  capacidad para albergar a      5.805 reclusos.  Sin embargo, hasta septiembre del año pasado habían 19.159 personas privadas de libertad. De ellas, 1.535 eran mujeres.

Esa cantidad representa  el 8,02% de la población carcelaria  y   pone a Bolivia en el quinto lugar de países miembros de la OEA con mayor porcentaje de mujeres en las cárceles. Los primeros puestos de la lista   son ocupados por   Guatemala con el 10,9%, Estados Unidos con 9,8%, El Salvador con 9,2% y Chile con 8,6%.

El impacto en la familia

 Los datos recolectados en el Informe sobre el estado de la justicia en Bolivia 2018  evidencia el impacto que tiene  en las familias la privación de libertad de la mujer. El abandono de los hijos es uno de los problemas preocupantes.

“El 85% de las mujeres entrevistadas tenían hijos, pero sólo el 13% vivían con ellos dentro del recinto penitenciario”, indica el documento.

Sólo en el 5% de los casos los hijos  quedaron a cargo de la pareja, mientras que  en el 54%  están bajo el cuidado de otros familiares. En el 41% la descendencia quedó en situación de abandono o bajo el cuidado de los hermanos mayores.

   “Durante la elaboración del informe hemos podido identificar -incluso- cuatro mujeres  embarazadas que fueron sometidas a la detención preventiva, siendo ésta una medida totalmente restrictiva por el Código de Procedimiento Penal”, dijo Loayza.

Uso de la detención preventiva

“En el marco de lo que llamamos abuso de la detención preventiva, hemos visto que  el 68,13% de la población carcelaria  de Bolivia está en esta situación. El Ministerio Público solicita la aplicación de  esta medida  en el 69% de las audiencias cautelares”, manifestó Loayza.

Explicó que durante la   elaboración del informe    llamó  la atención de la plataforma    los elementos con los que se determina  la detención preventiva. En muchos casos los riesgos de fuga o de obstaculización no eran probados. 

“Los datos nos muestran que el Ministerio Publico   aportó pruebas sólo en el 67% de los casos en los que   argumentó peligro de fuga y  en el 53% de los que  argumentó peligro de obstaculización. Esto quiere decir que en los porcentajes restantes no hubo ni una sola prueba que sustente la detención preventiva”, afirmó.

El Informe sobre el estado de la justicia en Bolivia 2018 observa con preocupación que aunque  la prisión preventiva es improcedente en delitos con penas iguales o menores a tres años, en la praxis esto no se cumple. La medida es aplicada incluso en delitos de mínima cuantía, como el hurto.

Desigualdad en la economía y la educación

En 2017, la Fundación Construir presentó un  perfil de las  mujeres privadas de libertad y los factores que trascienden a la criminalidad. El documento hecho con base en una encuesta al 15% de la población carcelaria femenina estableció que las brechas de género se extendían al sistema penal.

Los resultados mostraron que las condiciones precarias en la economía de las mujeres  tienen una relación directa con la aplicación de prisión preventiva. Sólo el 10% de las reclusas encuestadas tenían un trabajo estable al momento de ingresar en conflicto con la ley, lo cual imposibilitó contar con un certificado de trabajo para desvirtuar los riesgos procesales, especialmente el peligro de fuga.

“El 59% de las mujeres trabajaban por cuenta propia. Asimismo, cinco  de cada 10  manifestaron percibir ingresos inferiores al salario mínimo nacional al momento de ingresar en conflicto con la ley. El 61%  cumplía el rol de cabeza de hogar”, señala el estudio.

La brecha en la educación es otro de los puntos que hace vulnerable a las mujeres dentro los procesos penales. Sólo el 18%  tenía formación técnica o superior, el 16% terminó la primaria y el 20% la secundaria. El 15% de ellas dijo que si bien    comprendía el castellano, su  lengua materna era otra.

Desde la promulgación  del código en 1999

  • 2017 La Asamblea Legislativa Plurinacional en el proceso de análisis y debate del nuevo Código del Sistema Penal estableció que el 86,6% de las causas  se encontraban en la etapa preparatoria, el 12,2% en etapa de juicio  y sólo el 1,62% en la ejecución de sentencia.
  • Tipificación También se precisó  que las múltiples modificaciones al ordenamiento penal desarrolladas los últimos 18 años llevaron la existencia de 413 tipos penales  distribuidos -actualmente-  en 40 leyes.
  • Cobertura  Según el Informe sobre el estado de la justicia en Bolivia 2018, los servicios del Órgano Judicial Penal alcanza a cubrir al 48,08% de los 339 municipios del país.  La cobertura del Ministerio Público llega al 41%, mientras que la cobertura del Servicio de Defensa Pública apenas llega al 29%.
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