Fiscal de Copacabana es denunciado por beneficiar a supuesto feminicida y ocultar indicios

Señalan que el fiscal Vladimir Monje es acusado de beneficiar al imputado para un sobreseimiento a pesar de las pruebas que lo incriminan.
domingo, 05 de mayo de 2019 · 12:01

ANF|05|05|19|

 Las organizaciones, Alianza Libres Sin Violencia y el Observatorio de Acceso a la Justicia para las Mujeres, presentaron una denuncia contra el fiscal del municipio de Copacabana, Vladimir Monje, por haberse parcializado a favor de Sergio C. acusado por el feminicidio de Juana Uscamayta, hecho ocurrido en las proximidades a Tiquina en 2018, y por haber ocultado indicios obtenidos durante la investigación. 

 “Hemos hecho la denuncia a la Dirección de Régimen Disciplinario de la Fiscalía, por faltas leves, graves y muy graves; porque el fiscal Vladimir Monje, ha beneficiado al feminicida Sergio C., desde el inicio de la investigación”, informó Marisol Quiroga, abogada y activista de la organización Alianza Libres Sin Violencia.

La denuncia contra Monje fue presentada por las organizaciones de mujeres ante la Fiscalía General  por faltas como incumplimiento de deberes, ocultamiento de pruebas, beneficio para el imputado, desorden del cuaderno de investigaciones, pérdida de piezas procesales y otras, en el marco de la investigación del feminicidio de Uscamayta.

El 31 de mayo de 2018, el cuerpo de la mujer fue encontrado en el bosque del cerro Marcapata, con signos de violencia física y vejación sexual. “En el cuerpo de Juana se encontraron indicios de que había sido violentada sexualmente, y también muchas lesiones y escoriaciones que evidenciaron cómo había sido objeto de una violencia física extrema”, relató la abogada.

Uscamayta había desaparecido una semana antes, tras encontrarse en el municipio de Tiquina con Sergio C., padre de su hijo, que entonces tenía dos años de edad. Durante el cautiverio al que fue sometida en el domicilio de su expareja, es posible que varios de los hermanos del hombre, también hubieran abusado sexualmente de ella. 

De acuerdo a Quiroga el fiscal Monje desde un inicio negó y obstaculizó varias de las actuaciones que había solicitado la abogada, entre ellas: una inspección técnico ocular con quimioluminiscencia, realizada recién en enero de 2019, es decir ocho meses después del hecho, cuando las pruebas habían desaparecido.

Asimismo, la triangulación de llamadas. La abogada señaló que el fiscal “ocultó” los datos entregados por la empresa de telecomunicaciones ENTEL, respecto a la triangulación de 25 llamadas realizadas entre Uscamayta y Sergio C., horas antes de su desaparición.  Sin embargo, a casi un año del hecho y dos días antes de la audiencia en la que el acusado obtuvo su sobreseimiento, Monje,  al verse denunciado, recién entregó la información en CD. 

Tampoco procedió con la petición de ampliación de investigación a los hermanos del acusado -que también son sospechosos de haber vejado a Uscamayta -; entre otras irregularidades. 

De acuerdo a la abogada la parcialización del fiscal con el acusado y las faltas mencionadas, derivaron en que Sergio C., sea sobreseído y beneficiado con medidas sustitutivas, hecho confirmado por la Sala Penal Segunda de La Paz. 

 “El sobreseimiento se basa en que la prueba de genética, señala, equivocadamente, que los espermatozoides encontrados en la víctima no corresponden a Sergio C., y eso no es verdad, porque (el laboratorio de) Genética dijo que no hay el perfil genético de Sergio C., entonces ¿con qué se hizo el cotejo comparativo?”, preguntó Quiroga.

La pasada gestión ante el entonces fiscal Departamental, Edwin Blando, la parte acusadora mostró pruebas de que el fiscal Monje actuaba de forma parcializada a favor del acusado, pero éste hizo caso omiso y no procedió con el cambio de autoridad. Ahora Carrillo goza de detención domiciliaria.

De acuerdo a Quiroga, el Ministerio Público debería ordenar una auditoria a los casos de feminicidio y violencia de género a cargo de Monje, quien en los últimos días sacó a la luz el caso de una ciudadana coreana violada y asesinada en enero de 2018, para la abogada, queriendo tapar las irregularidades por las que se lo acusa en torno al caso Uscamayta. 

Mientras tanto la madre de la víctima, mujer de escasos recursos económicos, sigue buscando justicia pese a las amenazas del fiscal, según señala Quiroga.

En Bolivia en 2018 se registraron 111 casos de feminicidio, y de enero a marzo del 2019, 36 mujeres fueron asesinadas por quienes fueron sus parejas o tuvieron alguna relación cercana con ellas. 

Confidencial

Si te interesa obtener información detallada sobre el proceso electoral, suscríbete a P7 VIP y recibirás mensualmente la encuesta electoral completa de Página Siete. 

Además, recibirás en tu e-mail, de lunes a viernes, el análisis de las noticias y columnas de opinión más relevantes de cada día. 

Tu suscripción nos ayuda no solo a financiar la encuesta sino a desarrollar el periodismo independiente y valiente que caracteriza a Página Siete.

Haz clic aquí para adquirir la suscripción.

Gracias por tu apoyo.

12
38