Denuncian aportes obligatorios y despidos en el Ministerio de Defensa

Exfuncionarios aseguran que desde que Javier Zavaleta asumió la gestión de esa cartera la retirada de empleados públicos ha sido continua; denuncian chantajes y acoso laboral.
lunes, 03 de junio de 2019 · 00:05

María Ortiz /  La Paz

Funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Defensa denuncian que dentro de ese organismo estatal está institucionalizado el cobro en forma obligatoria del 3% de sus salarios mensuales como “aporte político”. Asimismo, declaran que son retirados de sus cargos con toda clase de chantajes y acoso laboral.

Exfuncionarios revelaron que desde el inicio de la gestión del actual ministro de  Defensa, Javier Zavaleta (enero de 2018), los trabajadores de esa cartera están obligados a efectuar el pago de un porcentaje de su sueldo en aportes para el Movimiento Al Socialismo (MAS). Además, aseveran que quienes se oponen a ello son amenazados con ser retirados de sus cargos.

“En un principio pagábamos el 5% de forma obligada, no digamos voluntaria, porque ellos lo llaman a todo voluntario. Pero a comienzos de este año salió una nota sobre una denuncia y nos bajaron (el aporte) al 3%. Todo el personal lo hacía por temor a ser retirado del cargo”, explicó Rafael Guzmán (nombre ficticio del exfuncionario que pidió mantener en reserva su identidad por seguridad). Él   trabajó durante más de 15 años en el Ministerio de Defensa y ahora se enfrenta a un proceso judicial a raíz de una denuncia interpuesta por esa institución.

“Ellos nos indicaban que es un aporte voluntario para el partido, para el MAS. Todo era para la campaña del MAS según ellos (…) El descargo lo hacían las secretarias, ellas eran las encargadas de recibir todo e incluso a nivel departamental. No sólo acá en La Paz, hay departamentales en Cochabamba, Santa Cruz, Chapare, Potosí…”, explicó. 

Añadió que nunca se les brindó una rendición de cuentas sobre el destino del dinero recolectado. 

Según declaraciones de la misma fuente y de Víctor Molina (nombre convencional del denunciante que  pidió  mantener en reserva su identidad por miedo a represalias), otra de las personas retiradas del cargo que ocupaba dentro del ministerio en cuestión, los trabajadores de esta cartera son citados a reuniones obligatorias en la sede de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz, dirigida por Jesús Vera, afín al MAS.

“Nos reuníamos. Yo también participaba en eso obligadamente por la cuestión del empleo. Estas reuniones eran para hacer las campañas, para ponerse de acuerdo al proceso (de cambio) (… ) Piensan que todos entramos por este partido y que tenemos que apoyar al proceso de cambio. Claro nos dicen: si hay alguna denuncia,  que alguien levante la mano”, explicó Guzmán.

“Pero ¿quién va a levantar la mano?, ¿quién va a decir renuncio a esto? Porque ya, automáticamente, era exonerado de su cargo”, agregó.

Por su parte, Molina afirmó que en algunas de estas reuniones se les prometió hacer una rendición de cuentas sobre esos aportes, pero que nunca hubo ningún detalle de cómo se estaban destinando los recursos.

“En las reuniones que se hacían ahí en la Fejuve, él (Zavaleta) decía que tenía que aumentarse inclusive el aporte y que se iba a hacer una rendición de cuentas, pero nunca se hizo”, manifestó.

Página Siete tuvo acceso a las imágenes de estas reuniones, en las que se puede ver  al presidente de la Fejuve afín al MAS junto al Ministro de Defensa  y los  directores de diferentes áreas del órgano estatal.

 A través de la web del Ministerio de Defensa, Página Siete intentó conocer el  informe público detallado sobre la rendición de cuentas final de la gestión de 2018, así como   la rendición de cuentas inicial del presente año para estimar la cantidad de dinero recaudado a base del monto de dinero destinado a la planilla. Este periódico pudo comprobar que el último informe público detallado sobre este asunto es del año 2017. 

Según el artículo 125 (Capítulo III) del Decreto Supremo 29894, el jefe de la Unidad de Transparencia de cada ministerio se encargará, entre otras cosas, de “(a) Asegurar el acceso a la información pública del respectivo ministerio” y “(d) Velar porque sus autoridades cumplan con la obligación de rendir cuentas, incluyendo la emisión de estados financieros, informes de gestión, memorias anuales y otros”.

Página Siete también quiso tener acceso al cuadro de denuncias recibidas por la Unidad de Transparencia durante la gestión del actual ministro Zavaleta. Sin embargo, los últimos datos que figuran    en el portal del Ministerio de Defensa son de 2016.  

Retiro de funcionarios

Según denuncian estos antiguos trabajadores públicos, la negativa de algunos funcionarios a efectuar esos aportes obligatorios los llevó a  ser despedidos. Añaden que  desde que  Zavaleta asumió la gestión de esa cartera  la retirada de funcionarios ha sido continua.

“Desde el momento en que se incorpora la autoridad actual, desde ese momento hasta la fecha, han ido retirando por grupos todo el tiempo. Nunca se ha hecho una evaluación, directamente toditos eran desvinculados en cualquier momento”, manifestó Molina.

“Hay personas afectadas con más de 25 años de antigüedad y también hay otros que fueron contratados en la misma gestión (2018 / 2019). No hay un parámetro de tiempo; no es que hayan retirado a los que llevan uno, dos o tres años, los hay que llevaban más de 25 años”, detalló.

Molina también denunció que algunos de los trabajadores de esa cartera son hostigados. 

Según sus declaraciones, los funcionarios que son de carrera están procesados. A muchos los han cambiado de lugar, los han mandado a lugares lejanos sin pagarles  pasajes o viáticos hasta el momento. Su situación no les da para continuar y terminan renunciando.

“Ya han retirado a alrededor de unos 200 (funcionarios), si no han pasado ya la cifra. Hay que tener en cuenta que es a nivel nacional (…) Hay movimientos todo el rato al interior de las oficinas de todos los departamentos”, constató  Molina.

  Las fuentes declararon que en muchos casos se ha utilizado cualquier pretexto para alejar al personal de sus cargos. 

En  reemplazo de estos antiguos funcionarios   se  estarían llenado las suplencias con “gente de  afiliación política”, omitiendo así los requisitos exigidos por el Ministerio de Defensa.

“Zavaleta vino con su gente política y vinieron a hacer la masacre blanca, sacaron a mucha gente. Salieron muchas personas, mientras yo estuve ahí adentro vi cómo salían (…) Los han sacado buscándoles un pretexto”, dijo Guzmán.

“Ellos tenían la consigna de que aquella persona que no estuviera con el proceso de cambio lo iban a echar fuera y han cumplido”, prosiguió.

Molina, por su parte, aseveró que “muchas de las personas que están en los cargos no tienen el perfil, no tienen la formación requerida, no tienen ni siquiera la experiencia en otras instituciones”, lo cual, aseguró, está generando problemas en varias unidades del interior.

Guzmán a su vez reprochó  todo el daño que les están causando estas decisiones internas del Ministerio de Defensa, una institución donde opera, según dijo, el nepotismo, pues se han ido creando lugares para las personas “allegadas” y “parientes”.

“El fin es sacar a gente pero no se dieron cuenta que hacen un gran daño a las personas. No se dan cuenta del daño que nos causaron con la cuestión económica. Uno tiene familia, tiene préstamos; nos han dejado a la deriva y ahora tenemos que asumir todo eso y no hay cómo porque a estas alturas no se puede conseguir fácilmente un trabajo”, lamentó .

Página Siete intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con el jefe de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Defensa, Wilder Pérez, para tener la contraparte sobre estas denuncias, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

 También se pidió una entrevista  con el  ministro de Defensa, Javier Zavaleta, pero pese a la insistencia la petición no fue atendida. Se explicó que  la autoridad se encontraba de viaje.

Funcionarios acusados

El pasado 20 de mayo 11 funcionarios públicos del Ministerio de Defensa fueron retirados de sus cargos y denunciados  por esta institución por estar supuestamente implicados en la falsificación de títulos de bachiller y de estudios superiores.

La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) revisó la documentación enviada por el  ministerio y determinó que esos títulos no fueron emitidos por esta casa de estudios superiores. Por ello, se constituyó en denunciante.

 Los acusados están siendo investigados por el delito de uso de instrumento falsificado, pero aún no han prestado declaración.

 

Reglamento  para la campaña

  • Prohibición  El reglamento de Propaganda y Campaña Electoral en Elecciones Generales, elaborado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), estipula en el epígrafe “c” del artículo 41 (capítulo IX) la prohibición de “realizar u ordenar descuentos por planilla a funcionarios públicos para el financiamiento de propaganda electoral”.
  • Antecedentes  El pasado mes de febrero el  ministro de Defensa, Javier Zavaleta, admitió tener constancia del cobro de estos aportes para el MAS, aunque dijo desconocer el mecanismo empleado para hacer estas recaudaciones.

Diputados piden informe escrito sobre éstas y otras denuncias 

Diputados de la oposición solicitaron el jueves un informe escrito al ministro de  Defensa, Javier Zavaleta, sobre las supuestas irregularidades que se cometen dentro de esa institución, de acuerdo  con  las denuncias expuestas por algunos funcionarios y exfuncionarios de esa cartera.

“Son 10 los diputados de la oposición de diferentes regiones que están firmando la petición”, manifestó el diputado Amilcar Barral, signatario de la misma.

El legislador informó que la petición de informe fue acompañada de un cuestionario de 14 preguntas  en el q   ue se solicita información, entre otras cosas, del cobro en forma obligatoria del 5% a los funcionarios del Ministerio de Defensa como “aporte” político. También piden que se aclare si es cierto, de acuerdo  con  denuncias y declaraciones de exfuncionarios, que fueron retirados y acosados laboralmente por la negativa de efectuar estos aportes.

 Asimismo, piden conocer el número de retirados por distintos motivos. Solicitaron que este informe esté  acompañando de las  bajas legales durante la gestión de Zavaleta como ministro (2018-2019).

Barral adelantó que de acuerdo  con  las denuncias y a las respuestas que se obtengan del ministro sobre este tema “se puede proceder a una interpelación y tomar las medidas que ameriten”.

Según el artículo 137 del Reglamento General de la Cámara de Diputados “las respuestas a las Peticiones de Informe Escrito deberán ser remitidas a la Cámara en el término máximo de 10 días hábiles a partir de su recepción”.

 

 

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